Ribera responde a una carta de Ayuso: «El coste de prolongar las centrales nucleares recae en los productores de energía»

El coste de alargar la vida de las centrales nucleares en España corre a cargo de las compañías eléctricas que las explotan. Es la respuesta que le han dado vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, a las presidentas de la Comunidad de Madrid y Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, que enviaron una carta a Bruselas para reclamar ayuda para prolongar la vida útil de las centrales nucleares en una ofensiva que han liderado contra el Gobierno especialmente para la de Almaraz.

En la respuesta a la carta que las presidentas enviaron el 7 de abril (antes del apagón), Ribera y Jorgensen recuerdan que la legislación europea especifica claramente que corresponde a los explotadores de las centrales, en este caso Iberdrola, Endesa y Naturgy, asumir los costes de la gestión de la central y de sus residuos [radiactivos durante miles de años] así como de la prolongación de su vida útil.

“Las políticas nacionales garantizarán, en particular, que los costes de la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos, desde su generación hasta el almacenamiento definitivo, corran a cargo de quienes generaron los materiales”, agrega la misiva que ha adelantado El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

“La responsabilidad de estos costes, junto con cualquier coste adicional relacionado con la prolongación segura de la vida útil de las centrales nucleares, recae en los propios productores de energía”, afirman Ribera y Jorgensen, que también recuerda que la definición del mix energético corresponde a las autoridades nacionales.

Así, también señalan que financiar la prolongación con recursos públicos supondría una “ayuda de estado” que vulneraría las reglas de competencia de la UE, porque supondría una ventaja para esas compañías en detrimento de sus competidores. No obstante, abren la puerta a la negociación. “Cualquier mecanismo de compensación requeriría la notificación previa y la aprobación explícita de la Comisión Europea (…) para garantizar que es necesario, apropiado, proporcionado y que no falsea la competencia ni afecta al comercio en el mercado interior en forma contraria al interés común”, apostillan.

Por el momento ninguna de las centrales nucleares han reclamado la prolongación de su vida útil, que han condicionado a una bajada de la fiscalidad que soportan y de la denominada tasa Enresa, que financia los multimillonarios costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos y que el Gobierno subió el año pasado un 30% ante la falta de consenso para construir un almacén temporal centralizado (ATC).

En el caso de Almaraz, las tres empresas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) no han llegado todavía a un acuerdo.El PP ha aprovechado el histórico apagón del 28 de abril para reabrir el debate sobre las nucleares. Hace tiempo las grandes energéticas, como Endesa e Iberdrola, presionaron al Gobierno para pedir más dinero para no cerrar las centrales. Endesea, y después la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, pidieron revisar el calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de 2027 que las eléctricas y el Gobierno pactaron en 2019. Y es que a esas compañías no les salen las cuentas.

Ante la ofensiva de la derecha a raíz del apagón, Sánchez ha dejado la pelota en el tejado de las empresas y les ha invitado a presentar un nuevo plan de cierre, siempre y cuando asuman ellas los costes, tal y como establece la normativa europea. “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario que prorrogue las centrales, las escucharemos como escuchamos a todos los sectores. Pero lo haremos siempre y cuando se cumplan tres requisitos de absoluto sentido común. El primero, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable y no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarias de esas centrales. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico”, dijo Sánchez este miércoles en el Congreso.