Encontrar un lugar donde vivir tras la DANA en Valencia: misión imposible para muchas personas migrantes

Cuando Yuse Arellano llegó a Benetússer siete días antes de la DANA, se instaló junto a su familia en una habitación de un antiguo local comercial habilitado como “residencia” en un bajo. Sus 14 habitaciones estaban ocupadas, la mayoría por personas migrantes en situación administrativa irregular. Cuando el lodo empezó a engullirlo todo, doce inquilinos, incluyendo a Yuse y su familia, se encontraban en sus respectivos cuartos. Pidieron auxilio al propietario, que vive en el piso superior al local, y les permitió refugiarse en el patio. Allí, a la intemperie, pasaron los primeros días tras el desastre. 

Esta “residencia” fue la única opción habitacional que Yuse y su familia, originarios de Venezuela, podían permitirse y a la que podían acceder en ese momento al no tener tarjeta de residencia. “Si no hay contrato te piden un depósito de al menos tres meses pero, si no tienes papeles, con estas exigencias como vamos a encontrar un lugar digno donde vivir”, explica el venezolano. Si antes de la llegada de la DANA ya resultaba complicado encontrar una casa para alquilar en la Comunidad Valenciana, hoy la situación es aún más difícil, afirman los asesores de venta de las inmobiliarias de las zonas afectadas consultados por la Fundación porCausa.

Yuse y su familia pagaban 850 euros al mes por dos habitaciones de esta especie de residencia levantada en un antiguo local comercial. Compartían la cocina y baños –tres duchas y dos inodoros–  con el resto de inquilinos, 28 o 30 personas según los cálculos de Yuse en ese momento. Entre ellas, había tres niños. 

La DANA golpeó con mayor intensidad a los grupos vulnerables. De las más de 300.000 personas afectadas, 60.000 eran personas migrantes, casi un 60% de ellas extracomunitarias, sin acceso a ayudas estatales. Para las personas migrantes en situación administrativa irregular, invisibles para el Estado y las Administraciones, la situación es todavía más grave. En este contexto, el Gobierno aprobó en febrero una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación irregular afectadas por la DANA. Sin embargo, el requisito del empadronamiento exigido por la norma, puede dejar a miles de personas afectadas excluidas de esta medida, según advierten las organizaciones locales.

El empadronamiento era precisamente la mayor preocupación de Yuse a su llegada a España. Sabía que este trámite era crucial para poder conseguir regularizar su situación y la de su familia, y por eso intentó empadronarse cuánto antes. El propietario de la “residencia” no permitía a los inquilinos registrarse en el padrón y amenazaba con echar a aquellos que lo intentarán. Aunque ofrecía una opción a las personas más insistentes, padrón a cambio de 300 euros por cada trámite, algunos, como Yuse, no podían permitírselo: “En mi familia iban a ser 1200 por todos”, recuerda la mujer.

El cobro por el padrón no es anecdótico, y según organizaciones trabajando con personas migrantes en la zona, se ha convertido en una práctica habitual. A pesar de la amenaza, Yuse tenía la información necesaria y conocía sus derechos. “Se supone que uno se puede empadronar hasta en una mata”, defiende el venezolano. E intentó empadronarse en el Ayuntamiento. 

A pesar de la negativa inicial de los funcionarios del Consistorio de Benetússer, su petición de padrón se registró justo antes de la DANA. Gracias a eso, hoy Yuse y su familia han podido acogerse a la regularización extraordinaria anunciada en febrero. Muchos otros no podrán hacerlo. 

¿Cómo vuelves a la normalidad si no tienes una casa donde vivir?

“Hubo gente que no le pagó el 28, habían pasado dos semanas de la DANA y no habían vuelto, entonces sacó todas las pertenencias de estas personas y vació, limpió las habitaciones para volver a rentarlas. Esas personas que no habían vuelto era porque estaban con alguien más o quizás estaban desaparecidas o habían fallecido. Nunca se supo”, recuerda Yuse. 

A los cuatro días del desastre, las 12 personas refugiadas en el patio del nivel superior tuvieron que limpiar las habitaciones del nivel inferior para volver a vivir ahí. Si las condiciones de habitabilidad ya eran deficientes antes, tras la DANA todo empeoró: “Era imposible quitar todo el lodo y las paredes, que eran como de goma espuma, seguían soltando agua. Y en las dos paredes de cemento del local había tal humedad que a las dos semanas ya había moho”. En estas condiciones y con miedo a quedarse en la calle súbitamente si el propietario descubría que la solicitud de empadronamiento de Yuse había seguido adelante, se pusieron a buscar piso para mudarse cuánto antes. 

Según un análisis realizado por la Fundación, usando apartamentos de una habitación y un baño como grupo control, el mercado de alquiler es prácticamente inexistente. De los 60 municipios consultados (todos afectados por la DANA), 47 carecen de vivienda en alquiler, de acuerdo con la plataforma Idealista. Previo a este fenómeno climático, el mercado inmobiliario valenciano estaba principalmente orientado hacia la compra de viviendas, impulsado en parte por la creciente turistificación de la capital. Aunque algunos representantes del sector inmobiliario justifican la preferencia por la venta debido a la reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, que enmendó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España. Ahora, la DANA ha agudizado aún más esta tendencia, haciendo casi inaccesible el alquiler. 

Mientras que los demás municipios afectados cuentan actualmente con una media de dos viviendas en oferta, la excepción es València, que dispone de 305. En el caso de la capital, el precio medio de alquiler es de 1.396 euros, mientras que la fianza promedio asciende a 1.300 euros. La mayoría de las viviendas que indicaron detalles sobre la duración del alquiler en València tienen una media de 5 meses de exigencia mínima, lo que evidencia una inclinación hacia el inquilino de corta duración, al contrario de las otras zonas.

“Empecé a buscar piso como loca. Visitar y visitar. Yo visité sin exagerar más de 50 inmuebles. En todos lados, en Benetússer, en Paiporta, Burjassot, en Valencia centro”, cuenta Yuse. Encontraron un piso que encajaba en sus necesidades en Burjassot, pero el aval que les pedían era inasumible para esta familia: ingresos de 3.500 euros. Continuaron la búsqueda y encontraron un piso en Paiporta. Este inmueble, afectado por la DANA y sin ascensor operativo desde entonces, costaba 950 euros y exigía el pago de un depósito de tres meses. Gracias al apoyo económico de una amiga, Yuse y su familia pudieron hacer frente al pago. Además de la ayuda económica, también han necesitado el apoyo de otra persona que les ha cedido alguna documentación con la que no contaban, pero que les exigían para arrendar el piso. 

El mayor efecto en la comunidad migrante

La situación actual de oferta de vivienda en la Comunidad Valenciana es un fenómeno con causas multifactoriales. Sin embargo, la DANA no solo ha aumentado la presión sobre los precios, sino que ha generado una competencia feroz, afectando a los residentes y peor aún a la comunidad migrante que enfrentan retos adicionales. “Las pocas viviendas que nos llegan para alquiler duran menos de 24 horas disponibles”, mantuvo una de las agentes inmobiliarias entrevistadas. 

Las ayudas públicas destinadas a paliar los efectos de la DANA en materia de vivienda han resultado, en la práctica, inaccesibles para una parte importante de la población afectada: las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. A través de una petición de información que formuló la Fundación porCausa, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que remite a los programas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aclara que no se han establecido ayudas directas para la compra de viviendas y que el plazo para solicitar ayudas para reparación o reconstrucción expiró el pasado 6 de febrero. 

Uno de los principales impedimentos señalados por las organizaciones sociales es que las pocas ayudas disponibles para los daños en las viviendas tienen al empadronamiento como condición de acceso, incluso en casos de emergencia. En este marco, cabe considerar que muchos migrantes no tienen el padrón por motivos diversos como alquilar habitaciones en lugar de apartamentos, vivir en viviendas sobreocupadas sin contrato formal, o haber sido desplazados por la propia DANA, lo que interrumpe o impide la continuidad del empadronamiento. En otros casos, la negativa de algunos ayuntamientos a empadronar a personas sin contrato de alquiler termina excluyéndolas del sistema de protección pública. 

Esta exclusión administrativa tiene efectos directos: sin padrón, no hay acceso a ayudas, ni posibilidad de demostrar oficialmente que se ha perdido una vivienda o que se necesita una nueva. En este contexto, Yuse sabe que es afortunada y que su situación actual, pese a las dificultades, es excepcional. Recuerda una frase que le dijeron cuando buscaba casa: “En todas las situaciones donde hay necesidad grande también hay oportunidad”.

“Claro, oportunidad para el que se quiera aprovechar de tu desesperación”, matiza Yuse.