Un modelo neoliberal que obvia el riesgo volcánico: un estudio analiza la “caótica” planificación de La Palma tras la erupción

Tres años después de la erupción, La Palma continúa su reconstrucción con un modelo neoliberal que ignora el riesgo volcánico y deja en manos de los afectados su propia vuelta a casa. Es la conclusión de un estudio elaborado por geógrafos que acaba de publicarse en la revista científica ‘International Journal of Disaster Risk Reduction’.

La metodología es simple: los autores analizaron toda la documentación vinculada con la recuperación tras el volcán, incluyendo los primeros borradores que apostaban por respuestas colaborativas y que finalmente fueron desechados, hasta los tres decretos aprobados por el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), en los ámbitos socioeconómico, agrícola y urbanístico.

También realizaron entrevistas a tres “actores clave” en el proceso: dos personas relacionadas con la empresa pública Gesplan y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y una tercera con la anterior consejera de Agricultura del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, del PSOE.

La principal conclusión de los investigadores es que estas últimas normas, que perpetúan la dispersión territorial característica de la isla y permiten a los damnificados construir en el mismo lugar donde perdieron sus casas (aunque un río de lava las sepultara en 2021), no han tenido en cuenta los peligros asociados a un volcán y son un ejemplo de “urbanismo neoliberal” que replica la realidad previa a la catástrofe.

“No se considera el riesgo volcánico para nada, por lo tanto, cuando tengamos una nueva erupción, vamos a repetir el sufrimiento que hemos tenido con esta última”, reflexiona el palmero David Ramos, uno de los autores del trabajo académico y profesor de Geografía Humana en la Universidad de Salamanca.

Asentamientos urbanos en el Valle de Aridane, donde ha habido erupciones históricas en la isla de La Palma

La investigación es muy crítica con el decreto urbanístico de finales de 2023 que facilita la recuperación de los espacios públicos y privados del Valle de Aridane “en las mismas condiciones existentes antes de la erupción” siempre que sea seguro y viable.

La posibilidad de construir está sujeta a un estudio favorable del Cabildo de La Palma. En zonas con menos de diez metros de espesor de colada, el informe puede ser sobre la parcela o el ámbito espacial. En zonas con más de diez metros de espesor, la edificación queda paralizada por las altas temperaturas, riesgo de colapso o condiciones geotécnicas desfavorables.

Además, la citada norma modifica y amplía un decreto anterior, aprobado pocas semanas después del final de la erupción, que permitía a los afectados construir viviendas habituales en suelo rústico. Con la nueva legislación, se extiende esa opción a segundas residencias y viviendas vacacionales. Todas las obras de construcción permitidas quedan excluidas de evaluación de impacto ambiental “dadas las circunstancias excepcionales que las justifican”.

El Gobierno de Canarias justificó esta regulación en que “la mayoría” de los damnificados por el volcán han solicitado “la recuperación de lo perdido y, en lo posible, (…) la vuelta a los lugares donde tuvieron que salir”. El propio viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, dijo en una entrevista en Editorial Prensa Ibérica que él “siempre” ha defendido que “la intervención pública debe ser la menor posible y que la iniciativa privada debe liderar la reconstrucción”.

“Lo que debe hacer la administración es primero poner los instrumentos jurídicos para que los decretos se sustenten y, segundo, dar compensaciones económicas para que las personas puedan llegar a construir su vida”, agregó Afonso.

Pero Ramos y el geógrafo con el que firma la publicación, José Alberto Rio Fernandes, de la Universidad de Oporto, consideran que esa apuesta ha abierto la puerta a una reconstrucción “caótica” que, por un lado, elimina la idea de una respuesta global para todos los afectados, con asentamientos lejos de las zonas de mayor riesgo volcánico, y, por otro, replica la ordenación territorial previa a la erupción que “perpetúa la vulnerabilidad” para futuras generaciones.

Una excavadora trabaja sobre una zona sepultada por las coladas. EFE/Luis G. Morera

Los autores lamentan el fracaso del proceso participativo llamado ‘Revivir el Valle’, que acumuló “muchísimas” reuniones para escuchar las preferencias de los palmeros sobre cómo desearían recuperar la normalidad. Hubo hasta ocho borradores en los que se incluyeron distintos tipos de actuaciones de reparcelación y permuta que iban desde una rápida actuación fuera de la colada para construir un gran número de viviendas (6.000), hasta otra de pequeños proyectos residenciales y de servicios dentro de la misma para reasentar a la mayoría de los afectados.

Habría un consorcio, también, que ofrecería parcelas urbanizadas sin edificar a los propietarios con una edificabilidad equivalente a la de su anterior casa. Para los que no pudieran construir con la ayuda recibida, se contemplaba el acceso a viviendas sociales. Y dado que todo esto implicaba la expropiación de terrenos afectados, se daría a cambio una compensación o el acceso a nuevas parcelas urbanizadas.

En resumen, era una propuesta que pretendía evitar la ocupación de la población en las zonas de mayor peligro volcánico que habían definido el IGME, el Involcan y la Universidad de La Laguna. Más del 56% de la colada de lava estaba excluida, bien porque se trata de una zona protegida propuesta o porque las altas temperaturas impiden cualquier actividad a corto o medio plazo. Y en el caso de los asentamientos, aunque se permitían viviendas unifamiliares con huerto, se trató de evitar la dispersión de las propiedades ubicando las parcelas y los edificios en torno a una serie de ejes para “garantizar un patrón más compacto”.

Todo eso, sin embargo, quedó guardado en un cajón. Apunta el estudio que en las sesiones hubo cierta presión por parte de los afectados que, en su mayoría, demandaban “reconstruir lo que la lava destruyó” y que existían “grandes diferencias” en la percepción del riesgo volcánico entre ellos y los planificadores.

Ramos et al. (International Journal of Disaster Risk Reduction, 2025)

Ramos y Rio Fernandes añaden que “es probable” que algunos damnificados “estrechamente vinculados a Coalición Canaria”, que estaba en la oposición en aquel momento, “jugaran un papel decisivo en la postura de las asociaciones que los representaban”. De hecho, el entonces presidente del Cabildo de La Palma y actual consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, del PP, aseguró recientemente en una entrevista en el periódico local ‘El Time’ que al frente de las plataformas del volcán estaban exdirigentes de CC, “del primero al último”.

“Es normal que hoy, cuando gobiernan quienes ellos han pretendido desde ese momento, estén desaparecidos”, remachó Zapata.

Al final, CC y PP dieron un volantazo con la aprobación de los tres decretos mencionados. Y después del volcán, en La Palma impera “el modelo urbanístico que siempre ha triunfado en Canarias, la idea de que puedes sortear la legislación vigente y acomodarla según lo que necesites”, según Ramos.

“Triunfan los planteamientos de Coalición Canaria, es decir, que cada uno pueda reconstruir de forma autónoma e individual su casa y su huerta y su platanera, cuando antes la idea giraba en torno a si eso era factible o no, si el riesgo volcánico lo aconsejaba o no, si había soluciones más eficientes en términos de ordenación del territorio… Nada de eso se tiene en cuenta ahora”, insiste el geógrafo. Para Ramos, sobre todo, ha faltado “pedagogía” para explicar esto último.

La versión de los afectados

Muchas de las conclusiones del estudio son compartidas por los afectados por la erupción, pero con matices. Fátima Ramos, vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por el Volcán, recalca que la lucha desde el minuto uno ha estado centrada en “conseguir un valor real de lo perdido” y “mantener” sus propiedades. Cree que las normas vigentes dan un poco más de libertad para decidir qué hacer con ellas, aunque “se podrían haber mejorado”.

La vicepresidenta de la Plataforma de Afectados por el Volcán recalca que sus propiedades son suyas y que tiene derecho a decidir. Pero reconoce que el futuro no será igual para todos. En algunas zonas de la colada se han encontrado tubos volcánicos, cavidades e incluso jameos, dice, por lo que habrá que “ir con cuidado” para determinar qué familias pueden construir y cuáles no.

Algunas de las casas sepultadas por la erupción de La Palma de 2021.

Con respecto al riesgo volcánico, confiesa que ya le advirtieron cuando construyó por primera vez (en la cresta de Cumbre Vieja han explotado los últimos ocho volcanes de La Palma), pero sugiere que no le queda otra: el 35% de la superficie isleña está protegida. “No digo que no tenga razón (en relación con la investigación liderada por David Ramos), pero que me dé una solución. Porque es muy fácil escribir en un papel”, indica Fátima.

El presidente de la Asociación Tierra Bonita, Francisco Pulido, coincide con el estudio en que la reconstrucción ha quedado “en manos de los afectados” y que ello ha derivado en un “caos urbanístico”. “El afectado tiene que buscar el suelo, comprarlo, gestionar la licencia, el proyecto y el contratista”, añade. También debe rezar con que su casa esté debajo de diez metros de espesor de colada para construir (algo que es imposible conocer) y no encontrar demasiados problemas para llevar agua y luz a su hogar.

Pulido reprocha que todo este proceso dependa de las ayudas económicas que han podido recibir los afectados, que en muchos casos giran en torno a los 100.000 euros a la espera de nuevas compensaciones anunciadas por el Gobierno canario. Siente que eso ha creado “damnificados de primera, de segunda y de tercera”. Y cree que, en líneas generales, la administración ha “cancelado al afectado”. “No hay nada, no hay nada”, lamenta. “Al final me quedo sin palabras, que es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias”.

Este periódico preguntó al Ejecutivo regional por algunas de las cuestiones tratadas en este artículo, pero hasta la fecha de su publicación no ha habido respuesta. La Palma sigue sin contar con un plan de actuación insular ante el riesgo volcánico años después de una erupción que arrasó con más de 1.200 hectáreas y 1.500 edificaciones.