El Gobierno recurre al Tribunal Constitucional el rechazo de Aragón a colaborar en la acogida de migrantes

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha acordado este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional la posición del Gobierno de Aragón ante el reparto de migrantes y su negativa a proporcionar datos sobre el número de menores que acoge la comunidad autónoma.

En concreto, el Ejecutivo central va a interponer ante el Alto Tribunal un denominado conflicto positivo de competencia en relación con la actuación ejecutada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, al “no atender a las exigencias del deber de colaboración” derivadas del real decreto aprobado para el reparto de menores ante la situación de “contingencias migratorias extraordinarias”, según han explicado fuentes del Gobierno de España.

El recurso señala también el incumplimiento por parte del Ejecutivo autonómico de la remisión de datos sobre la situación de los recursos de su sistema de protección de menores migrantes no acompañados antes del 31 de marzo de 2023.

Esa información, que la Comunidad Autónoma de Aragón se ha negado a aportar al Ministerio de Juventud e Infancia en el plazo correspondiente, es según el Gobierno central “esencial para fijar la capacidad ordinaria de acogida que tiene cada territorio” y, por tanto, para la aplicación subsiguiente del real decreto. “La efectividad de sus medidas –la reubicación de los menores en situación de contingencia migratoria extraordinaria– depende de que resulte posible la fijación de la capacidad ordinaria que se establezca por Real Decreto”, añaden.

Para el Gobierno de España, “se trata de una obligación legal suficientemente caracterizada en la norma y sujeta a plazo, cuyo incumplimiento conlleva un menoscabo competencial, en la medida en que priva de eficacia a la decisión adoptada por el legislador estatal en ejercicio de sus competencias exclusivas”.

El acuerdo adoptado este martes en el Consejo de Ministros invoca la suspensión de la decisión del Gobierno de Aragón y solicita al Alto Tribunal que se notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte a la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 

Anuncio público

En el acuerdo adoptado este martes en el Consejo de Ministros se citan las declaraciones públicas que hizo la consejera autonómica el 19 de marzo de 2025, el mismo día en que se publicó en el BOE el real decreto para la acogida de menores migrantes no acompañados. Los medios de comunicación recogieron las palabras de Susín, que trasladaba literalmente que Aragón “no va a colaborar en el reparto de menores”.

Dicha decisión adoptada por la destinataria de las obligaciones legales, y responsable y competente para su cumplimiento, ha sido respaldada con manifestaciones públicas posteriores del propio presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. El dirigente popular aseguró el 7 de mayo que “Aragón cree que lo que están haciendo con los menores por parte del Gobierno de España no cumple con la legalidad”, y que por eso lo habían recurrido. “Y recurrirlo ante los Tribunales conlleva que no se aporten los datos para no estar de acuerdo con una ley que creemos que es ilegal. Es decir, forma parte de una estrategia en la que, evidentemente, la ilegalidad no queremos que se instale en nuestra Comunidad Autónoma”, añadió Azcón.

Al respecto, el Gobierno de España recuerda que la impugnación del real decreto Ley por parte de Aragón ante el Tribunal Constitucional no determina de modo automático la suspensión de su vigencia, algo que deberá decidir, en caso de solicitarla el Gobierno autonómico, el propio Alto Tribunal.

Respuesta de Aragón

Desde el Gobierno de Aragón, su vicepresidenta, Mar Vaquero, ha defendido que el Departamento de Bienestar Social y Familia rehusara aportar al Gobierno de España los datos de menores migrantes acogidos en la comunidad. “Creemos que el Gobierno de España está incumpliendo la ley y Aragón se defiende del Gobierno de Pedro Sánchez, que está conculcando el principio de igualdad con los criterios para el reparto de menores no acompañados, delegando la política de inmigración a Junts”.

A su juicio, “quien toma la decisión es un prófugo de la justicia”, en alusión al líder de Junts, Carles Puigdemont. También ha dejado claro que el Gobierno de Jorge Azcón no está dispuesto “a que se conculque el principio de igualdad”, de ahí los recursos ante el TC: “Nos defendemos, creemos que nos ampara la ley y estamos esperando las resoluciones”. “Al final la justicia deberá resolver, siempre hemos respetado las decisiones judiciales”, ha manifestado Vaquero, recalcando que el Gobierno de Jorge Azcón “va a defender los intereses de todos los aragoneses”.