El Pacto Nacional por el catalán arranca sin el apoyo de Junts ni CUP
El acuerdo firmado por Govern, partidos, sindicatos y entidades sociales fija una inversión de 200 millones de euros anuales para ganar hablantes de catalán en los próximos cinco años
El uso habitual del catalán desciende a un 32% de la población en Catalunya
El Pacto Nacional por la Lengua catalana, pensado para extender su uso en Catalunya y garantizarlo en la mayoría de ámbitos de la sociedad, ha echado a andar este martes. Lo ha hecho con el apoyo de una mayoría parlamentaria integrada por PSC, ERC y Comuns, además de una veintena de entidades y sindicatos. Pero también con ausencias notables, las más llamativas las de Junts y la CUP, pero también las de PP, Vox y Aliança Catalana.
El acuerdo, estructurado en 21 ámbitos que se deberán revisar anualmente, fija una inversión de unos 200 millones de euros anuales en políticas lingüísticas para defener el catalán. Entre los retos destacados, han destacado que el conocimiento del catalán aumente por encima del crecimiento demográfico –e incorpore 600.000 nuevos hablantes en cinco años–, garantizar la presencia efectiva de la lengua catalana en instituciones, empresas y servicios y blindarla como lengua vehicular del sistema educativo.
El acuerdo, que se ha firmado en el Institut d’Estudis Catalans, formula objetivos orientados a la mejora efectiva del conocimiento y el uso social de la lengua, que ha aumentado en número total de hablantes (gracias a la inmigración) pero ha descendido en porcentaje, hasta el punto de que solo un 32% de catalanes lo emplean habitualmente.
El Pacto Nacional marca como horizonte estratégico 2030 para alcanzar sus objetivos y se estructura en nueve ámbitos de trabajo, que despliegan la veintena de actuaciones en contextos como el de la educación y la universidad, pasando por el mundo laboral, la salud, la cultura, la tecnología y la cohesión social, entre otros.
En este sentido, el Pacto Nacional por la Lengua busca que la lengua catalana sea “plenamente oficial” en las instituciones públicas, empresas y servicios. Y plantea como meta garantizar su presencia efectiva en todos los niveles de la administración pública, en el sistema judicial o en la empresa privada, así como trabajar de forma transversal para conseguir el reconocimiento oficial de la lengua catalana en la Unión Europea (UE).
En cuanto al aprendizaje y uso de la lengua entre la población adulta, el acuerdo prevé reforzar de forma “estable y garantizada” la oferta formativa para personas adultas, especialmente para las recién llegadas, con el objetivo de facilitar el conocimiento y uso del catalán en la vida cotidiana y profesional. También reconoce el papel central del mundo del trabajo a la hora de construir una sociedad lingüísticamente cohesionada que respete el derecho de los trabajadores a acceder a la lengua, y sitúa como prioridad multiplicar las opciones de aprendizaje y uso del catalán en el entorno laboral.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el Pacto recoge “un anhelo largamente esperado” y que arrancó durante el Govern de Pere Aragonès en 2021. “Hoy damos un buen ejemplo de generosidad, de rigor, responsabilidad y de sentido de país con un mensaje claro: el catalán es de todos y nos necesita a todos y por eso el Pacto también es de todos”, ha detallado, al tiempo que cree que el acuerdo tiene “las puertas abiertas a todos los que quieran sumarse”.
En este sentido, han sido destacadas las ausencias de partidos políticos como Junts o la CUP. Los primeros, tal como anunció el lunes Carles Puigdemont, se oponen a la firma del acuerdo en la actualidad debido a que la Generalitat está pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el modelo lingüístico escolar que se antoja decisiva. También pedían esperar a que el catalán sea oficial en Europa, tal como han exigido al Gobierno.
La CUP, por su parte, ha criticado que el pacto carece de ambición y es “una herramienta de propaganda del PSC”. Así lo ha afirmado la diputada Laia Estrada, que ha considerado que el acto de este martes era “una escenificación y un lavado de cara”.
La lista de firmantes del Pacto Nacional por la Lengua incluye, además del PSC, ERC y los Comunes, entidades de defensa del catalán como la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana; Plataforma per la Llengua; l’Institut d’Estudis Catalans; Òmnium Cultural; el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals; y la Fundació.cat.
En cuanto a las entidades de la sociedad civil, destacan la Associació de Mestres Rosa Sensat; el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència de Catalunya; la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya; la Confederació de Cooperatives de Catalunya; el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya; la Federació Catalana de Municipis; y la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Además, lo suscriben CCOO y la UGT, junto con el sindicato Intersindical. También el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Catalunya; las patronales Foment del Treball y Pimec, o la Unió de Pagesos y la Unió Sindical Obrera de Catalunya la rubrican como agentes económicos. Una ausencia sindical notable es la del sindicato USTEC, el mayoritario en la enseñanza pública.
