La Casa de Alba maniobra para librar a los Martínez de Irujo y que sólo se impute a un sobrino por sus pozos ilegales

El único investigado en la causa judicial abierta por el posible delito ambiental que tendría su origen en los nueve pozos sin licencia descubiertos en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, debe ser precisamente el único imputado hasta la fecha, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, sobrino del duque de Alba y primer nieto de Cayetana de Alba. Así lo sostiene la defensa de la empresa familiar que gestiona estas tierras, Eurotécnica Agraria, para la que “no hay ninguna razón que justifique” la petición de la Fiscalía de proceder contra los hermanos del duque de Alba, Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.

La defensa intenta así repetir una maniobra que ya le salió bien y que sacó del caso a Eugenia Martínez de Irujo, la primera investigada en este caso, para centrar el foco en su sobrino, que figura como administrador de la sociedad. Entonces se esgrimió el “total desconocimiento” sobre los hechos investigados de la duquesa de Montoro pese a que ocupa la presidencia rotatoria de Eurotécnica Agraria, lo que “haría improductiva su declaración” ante el juez.

El magistrado así lo admitió y en febrero citó como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga… que en su declaración señaló que tampoco sabe cómo es el día a día de la finca. La hacienda se ubica en término del municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con el parque nacional de Doñana. De hecho, el juez del caso ha admitido la posibilidad de que las extracciones ilegales hayan tenido un “impacto colateral” en el parque.

Reparto de fincas entre los hermanos

El duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro del consejo de administración de Eurotécnica Agraria junto a sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo. Además de a todos los consejeros, la Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado ampliar la investigación a la propia empresa en sí.

¿Y cuál es el argumento que esgrime la defensa de la Casa de Alba para exculpar a los hijos de Cayetana de Alba? Pues que en 2016 se firmó un acuerdo (refrendado en 2022) por el que se repartían entre ellos las tierras bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria. En esta distribución Aljóbar fue a parar a Alfonso Martínez de Irujo, que puso al frente de la misma a su hijo Luis.

De esta manera, y según consta en un oficio que la defensa ha remitido al instructor, “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Esta administración se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

“No hay indicio alguno de responsabilidad”

La defensa aporta como demostración de ello el acuerdo al respecto entre los socios de la empresa de 2016, novado en 2022, por el que se procede al reparto y la “consecuente gestión diferenciada” de las haciendas familiares. En virtud de estos acuerdos, entiende que “no hay indicio alguno de responsabilidad que justifique citar como investigados a los restantes miembros del consejo de administración”.

Los nueve pozos se localizan en la finca Aljóbar, en término de Aznalcázar.

A su juicio, los hermanos Martínez de Irujo no participaban en la gestión de Aljóbar ni en “ninguna decisión que afectase a ésta”. No sólo eso, sino que tampoco “estaban facultados ni tenían atribuciones para hacerlo, sin que además hayan obtenido ni pudiesen obtener beneficio alguno”.

La representación legal apela a sentencias del Tribunal Supremo según las cuales “la pertenencia al consejo de administración, por sí sola, no determina la responsabilidad por los hechos delictivos acordados en el mismo o en los ejecutados por otros consejeros”. En concreto, cita que “formar parte de un órgano colegiado no es algo que permita desvelar la intención que guía a los demás integrantes si no aparecen otros elementos externos que apunten a ellos”.

Gestión “independiente y autónoma”

También cita el artículo 28 del Código Penal, que estipula que son autores de un delito quienes realizan el hecho imputable por sí solos o por medio de otros de los que se sirven como instrumento, así como aquellos que inducen a otros a ejecutarlo o bien cooperan. Esto excluiría a los tíos del por ahora único investigado ya que, en virtud del pacto de 2016, los socios se repartieron los activos de la sociedad “asumiendo la gestión de manera independiente y autónoma”. Esto implica también que se individualizan “los beneficios o pérdidas que se generen en la explotación que se le ha atribuido”.

Con todo ello, la defensa expresa su “más firme oposición” a que se impute a los Martínez de Irujo, especialmente cuando todavía se está a la espera de diligencias “determinantes incluso de la existencia o no de indicios de responsabilidad penal en los hechos investigados”. El argumento de la Casa de Alba es que los pozos carecían de licencia y de contador de agua, pero que nunca se han extraído más recursos hídricos de los que están autorizados.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que “concurren indicios suficientes” de un delito contra el medio ambiente: se ha producido una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, al menos durante una década, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. Por su parte, la Guardia Civil apunta en su informe a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.