Los docentes de la Universidad de Málaga claman contra los recortes en pleno desembarco de universidades privadas

Los consejeros de Hacienda y Universidades de la Junta de Andalucía y el rector Teodomiro López, con rostro compungido, presentaron el pasado 2 de diciembre un plan para rescatar a la Universidad de Málaga (UMA): un crédito de 48,5 millones de euros que iría destinado a pagar deudas con constructoras, y que deberá devolver en 21 años. Salvo que habría que apretarse el cinturón, apenas se dieron detalles y mucho menos se concretó cómo afectaría el ajuste a los trabajadores de la institución. Era el elefante en la habitación. Medio año después, entre los distintos niveles del profesorado crece la idea de que van a ser ellos quienes paguen el pato del derroche inversor y de la insuficiente financiación estructural mediante recortes salariales, aumento de la carga docente o reducción de la plantilla. Los últimos Presupuestos de la universidad reflejan una deuda de 44,7 millones de euros, sobre un presupuesto anual de 321 millones.

El pasado 25 de abril, unos 150 docentes protestaron ante el flamante Rectorado en la ampliación del campus de Teatinos. El nuevo edificio en mármol de Macael, que esconde en su interior un paraninfo de hasta 1.000 plazas, simboliza uno de los problemas: durante el mandato como rector de Ángel Narváez (2015-2023) se impulsaron ambiciosos proyectos de obra: la Facultad de Psicología (33 millones de euros), la de Turismo (27), la de Filosofía (17), el bulevar (al menos 11) y el rectorado (23) dejaron la caja con telarañas.

Los impagos a Sando o Acciona, ya reclamados en el juzgado, fueron el aldabonazo para la intervención autonómica de las cuentas. Eso sí, previa atribución de culpas y filtración del rescate. Circunscribir el origen de las estrecheces a la pulsión derrochadora del anterior equipo exculparía a la Junta y el actual rector, Teodomiro López, a pesar de que este ya fuera vicerrector con Narváez.

Sin embargo, muchos advierten de que los dispendios de la última década son un trampantojo que oculta las fallas de un sistema de financiación insuficiente que cada año suma más déficit, y que podría agrandarse ahora por la competencia por el lado privado. Así lo demostraría la delicada situación económica que atraviesan todas las universidades andaluzas, sólo solventada hace apenas dos meses con un acuerdo de urgencia y transitorio hasta 2027. De ahí, que los docentes que protestaban en Málaga apuntaran a San Telmo (“¡Bonilla, escucha, la uni está en la lucha!”), y al rectorado como cómplice.

Este martes se anunció la creación de una nueva plataforma de profesores, “UMA por la Pública”, que se presentará en público con una concentración el próximo jueves, a las 18:00, frente al viejo Rectorado. Integra a docentes de todas las categorías, los sindicatos CCOO y SiAM y el Frent de Estudiantes, y exige “financiación adecuada y justa”. En el comunicado se acusa al equipo rectoral de “sumisión” a la infrafinanciación de la Junta de Andalucía y de incumplir “sistemáticamente” su programa electoral, “centrado en las personas”, según decía.

La UMA ha intentado apagar el fuego con una nota en términos muy vagos que demuestra el alcance de la intervención a la que está sometida. El rector se reunió con el consejero José Carlos Villamandos, y llegaron a un “acuerdo que permite” “continuar con la contratación de ayudantes doctores”, “facilitar” la oferta de empleo público para convocar plazas para catedráticos, permitir la convocatoria de plazas de promoción a Profesor Permanente Laboral (PPL) o permitir la convocatoria de plazas de PTGAS estructurales y vacantes ocupadas por interinos.

El consejero José Carlos Villamandos y el rector Teodomiro López, en el centro, con otros asistentes a la reunión del 7 de mayo | Universidad de Málaga

Los colectivos CPAD (ayudantes doctores) y ACUMA (acreditados a cátedra) rechazaron de inmediato el “acuerdo” por no resolver los “problemas estructurales” y proponer medidas “claramente insuficientes, engañosas y contrarias a las necesidades reales”. “El núcleo de las protestas es el bloqueo de las promociones y nada de esto se resuelve con lo anunciado”, señala Florencio Cabello, del Sindicato de Apoyo Muto (SiAM).

Mientras, las universidades privadas aprovechan para reclutar profesorado entre los docentes precarios de la pública, según fuentes sindicales. “Creemos que es una estrategia en la que la Junta de Andalucía opera como una especie de ETT para las privadas, anunciando que en tres años no van a sacar plazas, precarizando y truncando la carrera en la pública”, denuncia Cabello.

Malestar en todos los colectivos

El malestar se extiende por todas las categorías académicas, de catedráticos a ayudantes doctores. Estos últimos, unos 180, se quejan de que la UMA ha querido cercenar la posibilidad de pasar a profesor titular a través de la acreditación por ANECA. “Lo hizo con una resolución el viernes de Dolores, día no lectivo, de forma unilateral y sin representación de ninguna persona de nuestro colectivo”, protesta Javier Bustos: “Ahora debemos cumplir de forma inequívoca tres años de ayudante doctor y no se garantiza que podamos estabilizar”.

En el último año, la institución ha paralizado sendas convocatorias de ayudante doctor con 113 y 179 plazas y otra de profesor asociado de 41. Todas habían sido publicadas en BOJA. “Han contratado a unos 30, la Junta ha dicho que no pueden contratar a más, y han paralizado con las plazas ya adjudicadas. Hay áreas que ya han contratado, otras resolvieron pero no han firmado, y otras no han resuelto”, abunda María José Serván. Hay unos 2000 aspirantes afectados. Las tasas de reposición en este colectivo se reducen al 15% en 2025 y 2026 y se amortizan el 50% de la convocatoria de 2023.

Por su parte, los aspirantes a catedráticos denuncian el bloqueo de la promoción interna. No se convocan plazas desde 2023: “No tenemos plan de promoción en la UMA ni forma de terminar nuestra progresión en la carrera universitaria. Nos han dejado en un limbo”, señala Ismael Navas. Son unos 80.

Peor aún está el profesorado sustituto. “Cobramos un 60% menos del sueldo de un profesor titular y el 30% menos de un profesor o profesora ayudante doctora, que son las plazas que solemos cubrir”, detalla María José Ordóñez. Tras un concurso de méritos, suelen optar a un contrato a tiempo parcial. “Hay gente que cobra 300 o 400 euros, sin ningún complemento, con más docencia que nadie porque no tenemos derecho a descarga por investigación”. Ahora, se suma un plan de ordenación docente que limita las sustituciones por baja.

Y finalmente, los investigadores: “Nuestro salario apenas llega al mínimo interprofesional y no tenemos un convenio colectivo”, lamenta Miguel Varona, quien denuncia que la infrafinanciación ha agravado la situación: “Hay subidas salariales mandatadas por ley que se retrasan durante meses y complementos salariales que se han ganado en resoluciones judiciales que no se nos paga, mientras que en otras universidades sí”.

A todo ello se añade que el nuevo Plan de Ordenación Docente de la UMA, con inusual vigencia para dos años, ha retirado la compensación obligatoria con horas docentes por la participación en proyectos o la dirección de tesis. Es decir, se necesitan menos plazas.

Protesta ante el Rectorado | N.C.

El resultado es una plantilla que no se renueva, cada vez más escasa y precarizada, con efecto directo en la pujanza y calidad de la universidad. “La paralización de contrataciones y el bloqueo de promociones está afectando directamente a la calidad de la docencia, a la calidad y continuidad de la investigación, así como de la transferencia y la divulgación, sin olvidar todos los recortes que se han producido en ayudas sociales directas y cómo eso está impactando en las aulas”, alerta Isabel Ruiz, de SiAM.

Un déficit estructural creciente y la sombra de las privadas

Nada de esto tendría su origen en los sueños de grandeza de las obras faraónicas, según los sindicatos. CCOO, mayoritario, hace tiempo que alerta de que la deuda con las constructoras enmascara los déficits presupuestarios que se acumulan desde hace una década. La Junta de Andalucía asume salarios y gasto corriente, y los Presupuestos muestran que desde el año 2015 la UMA ha recibido 206 millones de euros menos de lo gastado por estos conceptos. El gasto fue aumentando (de 182 en 2015 a 259 millones en 2023) a menor ritmo que la financiación autonómica, pasando de un déficit de ocho millones en 2015 a 28 en 2023, con dos picos de desajuste de 50 millones en 2020 y 35 en 2022. A esto se suma que en 2020 la universidad aportó 36 millones a los fondos Covid de la Junta, y aún no los ha recuperado.  

Estas cuentas explicarían cómo es posible que la institución se haya comido los 192 millones de remanente que tenía en tesorería hace justo una década.

El modelo de financiación vigente fue aprobado en 2019, con la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha exigido a las universidades que embriden su gasto de personal. Ahora, la Consejería y los rectores han pactado un parche hasta 2027, cuando tocará renegociar. “Y vamos a tener un problema muy gordo, que es la bajada de los alumnos”, advierte Antonio Sánchez, delegado de CCOO en la UMA, que entrevé la sombra de los intereses privados: “Atacan a la UMA porque quieren darle caldo de cultivo a las tres universidades que van a llegar. Es una hoja de ruta política”.

A pesar de que sus edificios siguen en obras, la Universidad Europea de Andalucía y la Universidad Alfonso X El Sabio Mare Nostrum tienen previsto abrir sus puertas el próximo curso y crecer hasta captar en torno a 10.000 alumnos entre ambas en 2030. La Europea, con diez grados y diez posgrados; la Alfonso X, con seis grados. A ellas se añade UTAMED, la primera universidad privada andaluza online, aprobada en contra del criterio del Ministerio.

Las obras de la futura Universidad Europea de Andalucía, a finales de abril | N.C.

Por el contrario, la expectativa de la pública es decrecer. Frente a los 34.000 alumnos actuales, Sánchez dice disponer de un estudio que apunta a menos de 30.000 en 2027. “Málaga replica lo que está pasando en Madrid. Están desmontando a la universidad pública, como han hecho en la escuela pública, poco a poco, o con la formación profesional, para el negocio de determinadas empresas. Ahora le toca a la Universidad de Málaga, porque aquí no viene una universidad privada a perder dinero, viene a ganar dinero. Es una estrategia política”.