La jueza del caso FP cita a declarar a un empresario y permite a la Comunidad de Madrid ser acusación particular

La jueza de instrucción que investiga el caso FP que salpica al anterior Gobierno de Ayuso por presunta prevaricación ha llamado a declarar como investigado el 4 de junio a Gabriel Navarro, el empresario que destapó el caso después de que la Consejería de Educación le dejara a deber más de un millón de euros por un centro sanitario para Formación Profesional que construyó en el macrocomplejo de Ciudad Escolar. Este centro costó 2,5 millones de euros y, como publicó elDiario.es, se hizo sin sacar a concurso como marca la ley y fraccionando contratos, para hacerlos pasar por contratos menores. También va a declarar la inspectora que elaboró el primer informe interno sobre el caso, a petición del PSOE de Madrid, personado en la causa.

La investigación, que se abrió tras una denuncia de Podemos que recogía las diferentes publicaciones de este medio, intenta abundar en quién dio la orden de hacer obras de esta manera, una “palmaria y grosera omisión de procedimiento”, según recogió la Fiscalía en su informe, que apunta a un delito de prevaricación. También pretende esclarecer quién ideó y participó en este sistema ilegal para hacer obras educativas (esta es una de más de una decena) que el gobierno de Ayuso levantó entre los años 2021 y 2023. En aquel momento, el consejero era Enrique Ossorio –hoy presidente de la Asamblea de Madrid– y su mano derecha era Rocío Albert –hoy consejera de Hacienda–.

La jueza, además, estima que se pidan documentos relativos a los fondos del complejo educativo a petición de Podemos, después de que el subdirector de FP –investigado y la persona a quien la actual Consejería ha apuntado como responsable aunque no tenía mando en la gestión del dinero– declarara en el juzgado de instrucción que el sistema era enviar fondos extraordinarios a los centros que estos usaron, contra lo que dice la ley, para construir aulas. Según defendió este cargo, él es un cabeza de turco y el sistema existía cuando él llegó y estaba al tanto la Consejería. Como la FP se estaba fomentando y se había triplicado el número de alumnos, se enviaba a los centros más dinero para que hicieran frente al aumento de gastos. Ahí se abrió la puerta a construir, algo que se debe de hacer con procedimientos abiertos y transparentes, en lugar de elegir a las empresas a dedo pagando con dinero de la cuenta del centro. El juzgado ordena también que se conozca el dinero que se envió a estos centros desde la Consejería, como había solicitado CCOO (también personado como acusación popular) y desestima la petición de Más Madrid (otra acusación popular) de investigar las empresas de Navarro por encontrarse en una “fase procesal” distinta.

También la jueza ha permitido finalmente a la Comunidad de Madrid personarse como acusación particular y perjudicada, como explica en un auto. Aunque en marzo había desestimado esta petición, ya que está investigando responsabilidades dentro de la propia administración, ha estimado el recurso de ésta y permite que sea parte del procedimiento: “Dada la naturaleza de dicho delito (prevaricación) se permite la personación de cualquier persona toda vez que se trata de una actividad que afecta al correcto funcionamiento de la Administración Pública. Por ello, en la fase procesal en la que se encuentra la causa, no existe motivo alguno que impida la personación de la Comunidad de Madrid como perjudicada”, concluye.

El caso FP saltó en 2024, cuando el empresario Navarro envió correos y burofaxes a la actual Consejería, dirigida por Emilio Viciana, que inició una investigación interna y pasó el caso a la Fiscalía, que lo ha derivado al juzgado de instrucción. Además de las obras en Ciudad Lineal, en las que se basa actualmente el procedimiento, elDiario.es ha acreditado obras a dedo y con contratos fraccionados en casi todas las direcciones territoriales, bajo distintos directores generales, con diferentes empresarios e incluso en edificios que no dependían orgánicamente de Mateos.