El juzgado admite la personación del PSOE en la causa de los contratos sanitarios troceados en Andalucía

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que investiga si hubo delito de malversación en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en esa provincia ha aceptado la personación del PSOE en la causa. En una providencia, fechada este 14 de mayo, la jueza informa a las partes ya personadas de que “se tienen por personados en nombre y representación de Partido Socialista Obrero Español en calidad de acción popular” al procurador y al abogado, a quienes da traslado de las actuaciones.

La jueza, por otra parte, se ratifica en mantener el nuevo rol procesal que la Junta de Andalucía solicitó tener en las diligencias previas abiertas, que pasó a ser de responsable civil subsidiaria después de que inicialmente pidiera serlo como perjudicado. En auto responde a un escrito de reforma de Podemos Andalucía, que esgrimió la situación vivida con la comparecencia como investigado precisamente del director de la central de compras en Cádiz, Demetrio González, de quien sostuvo que en su comparecencia del 30 de abril “se negó a declarar” y “no justificó porque se procedió a la prórroga de los contratos o a la realización de contratos menores”. “El carácter embrionario de la investigación la posición del SAS como responsable civil subsidiario es del todo punto ajustada a derecho”, dice la jueza a ese respecto.

En el mismo auto, la jueza también responde a otro escrito de reforma por parte de la representación del SAS, contrario a la personación de Podemos Andalucía como acusación popular, ante el cual sostiene que la denuncia de Podemos Andalucía “ha puesto de manifiesto unos hechos de relevancia penal”, de los que considera que son susceptibles “de investigación, a efectos de determinar las personas responsables y recabar cuantas pruebas se estime necesarias”.

Es de recordar que el informe de la Intervención de la propia Junta pone bajo sospecha un montante de 235 millones de euros en contratos menores encadenados que el SAS usó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, como informó en exlusiva este medio el pasado otoño.

La declaración de Demetrio González se produjo después de que declararan en calidad de testigos los dos interventores provinciales del SAS autores del informe que da origen a la causa, el cual ratificaron, y dos jefas de servicio, también testigos, que apenas se limitaron a señalar que habían revisado los expedientes objeto de investigación.

Los interventores denuncian el “abuso de contratos menores en fraude de ley” y el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos con los que se adjudicó a dedo 1.125 millones de euros en 2021 en las ocho provincias andaluzas. En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial que adelantó este medio, y que obra en poder de la magistrada y la fiscal del caso.