
Sancionan con más de 500.000 euros a los dueños de dos viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal en Ibiza
Se trata de una problemática que se extiende al resto de Balears y que, en medio de la actual emergencia habitacional, ha contribuido a encarecer los precios y a reducir la oferta de pisos disponibles para los residentes, especialmente en Mallorca y la mayor de las Pitiüses
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El Ayuntamiento de Eivissa ha abierto dos nuevos expedientes sancionadores, con sendas multas que suman 504.700 euros, a los propietarios de dos viviendas que explotaban como alojamientos turísticos sin licencia, una problemática que se extiende al resto de Balears y que, en medio de la actual emergencia habitacional, ha contribuido a encarecer los precios y a reducir la oferta de pisos disponibles para los residentes, especialmente en Mallorca y la mayor de las Pitiüses.
Los inmuebles, ubicados en el barrio de Figueretes, fueron inspeccionadas a raíz de las denuncias anónimas interpuestas en agosto de 2024. Los técnicos municipales han confirmado que ambos estaban siendo destinados al alquiler vacacional de forma ilegal, por lo que el Consistorio ha propuesto sanciones de 217.900 y 286.000 euros, respectivamente.
Estas nuevas multas se suman a otras anunciadas el verano pasado, cuando se inició esta nueva vía sancionadora desde el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa y también a las dadas a conocer este sábado fruto de las inspecciones realizadas el pasado viernes por parte de técnicos municipales que culminaron, también, en tres propuestas de sanción, dos de ellas por un importe superior a los 450.000 euros.
El Govern balear, por su parte, ha dado traslado a la corporación municipal del acta de las inspecciones realizadas el pasado mes de diciembre en seis promociones de Vviviendas de Protección Ofincial en las que se habían identificado hasta nueve viviendas que estaban siendo alquiladas de forma irregular y que afrontan sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros.
Sobre las últimas sanciones, el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha vuelto a incidir en que “la impunidad se ha terminado, y se seguirá persiguiendo con dureza el alquiler turístico ilegal y a aquellos que especulan con la vivienda”. “No vamos a permitir que dejen sin posibilidad de acceder a una vivienda y sin proyecto de vida a nuestros vecinos y a las próximas generaciones en nuestro municipio”, ha sentenciado.
En los últimos años, el alquiler turístico fuera del marco legal ha proliferado en Balears, donde la presión del turismo sobre el mercado inmobiliario ha disparado los precios y ha contribuido a una situación insostenible para miles de familias. Recientemente, el Govern balear aprobó un decreto turístico que desbloqueará y blindará más de 90.000 plazas de alquiler turístico -más de 145.000, según la oposición-, si bien una de las principales disposiciones incluidas en el nuevo texto pasa por obligar a los portales comercializadores que exijan el número de registro de los alojamientos a la hora de anunciarlos, responsabilizando de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas en aras a intensificar la lucha contra la oferta ilegal.
Mediante este decreto, las sanciones se verán incrementadas en un 25%, con multas de hasta 500.000 euros. Sin embargo, los infractores podrán beneficiarse de una rebaja de hasta el 80% de la sanción siempre y cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado. En ese caso, la beneficiaria de la renta será la Administración.