Las claves de la Operación Campamento y cómo el Ministerio de Vivienda busca «hacer barrio y no solo casas»

La Operación Campamento, uno de los grandes procesos de urbanización en marcha en Madrid, ha vivido este martes una especie de jornada de puertas abiertas para que vecindad y prensa se acerquen a los pormenores del proyecto. Un recorrido por este entorno de 2,1 millones de metros cuadrados, en unos antiguos terrenos militares (algunas instalaciones como un centro geográfico u otro de veterinaria mantendrán esta función) alrededor de la A-5, a su paso por la capital. De hecho, el Ayuntamiento comparte los terrenos con el Gobierno central y los gastos se dividirán al 50%.

La directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Leire Iglesias, y el gerente técnico Jorge Arévalo han desgranado las claves de un plan que culminará en la edificación de 10.700 viviendas en distintas fases. Serán unas 50 por hectárea, una densidad delimitada por el plan general del Ayuntamiento, con muchos bloques incorporando bajos comerciales y todos ellos dispuestos en manzanas semiabiertas. Ocuparán el 25% del conjunto del territorio. El 34,4% estará destinado a carreteras; el 17,3% a zonas verdes; el 15,39% a distintos equipamientos; el 7% a las instalaciones militares que permanecen y el 0,95% a usos terciarios (oficinas y otros servicios).

Según Iglesias, el objetivo del Ministerio de Vivienda, al que se adscribe el Sepes, es garantizar que “el 100% de la vivienda sea asequible”. Admiten, eso sí, que existe un “margen amplio en el concepto de asequibilidad”. Arévalo ha recalcado, como ya dieron a conocer en septiembre, que “el 60% será pública y el 40% libre, pero todas contarán con algún tipo de protección”. En concreto, el 40,2% de los metros cuadrados construidos serán vivienda libre, mientras que el 36,8% se destinará a Vivienda Pública de Precio Limitado (VPPL) y el 22,9% a Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB).

Garantizar este aspecto requiere una serie de maniobras por parte de Vivienda, en especial ante la legislación de la Comunidad de Madrid. “Lo vamos a lograr siendo titulares del suelo y marcando el precio por debajo del de mercado”, ha indicado Leire Iglesias. Como posible parámetro, sugiere que los precios se fijen en un 30% de los ingresos financieros de las familias, tomando como referencia las rentas del ámbito (barrio o distrito), o bien el Índice de Precios de Referencia impulsado por el propio Ministerio de Vivienda que comanda Isabel Rodríguez.

Las cifras de la Operación Campamento

Aparece entonces el problema de las descalificaciones, una maniobra que permite que la vivienda pierda su condición de protegida y se convierta en libre. Para ello, se deben devolver las ayudas recibidas y pagar los intereses legales correspondientes. Vivienda planea limitar esta práctica aplicando cargas a las enajenaciones y transmisiones futuras durante un máximo de 90 años. “Podemos hacerlo en el 98% de las viviendas que se edificarán”, augura Iglesias.

El Consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida aporta un 50% de la financiación y el Gobierno de Pedro Sánchez la otra mitad. La inversión del Ejecutivo central queda compartida a su vez entre el Ministerio de Defensa y el de Vivienda. Toda la operación se ejecutará como una única unidad de construcción. Sin embargo, como ha explicado Jorge Arévalo, estará dividida en tres fases: “Dos de ellas simultáneas y una dependiente de la ampliación del soterramiento de la A-5, que implicaría redefinir un eje por las entradas y salidas del túnel”. Reconoce que en algunas etapas de la construcción se recurrirá a “la colaboración público-privada”. El técnico destaca que será un proceso “en el que se apostará por la descarbonización y el uso de renovables en lugar de gas en los hogares”.

Plano aéreo del proyecto de urbanización de la Operación Campamento.

A la espera de estudiar las “cuatro alegaciones que se han presentado” y de la coordinación con los Gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso (este último debe emitir el prescriptivo informe de impacto ambiental), fuentes de Sepes deslizan que “la aprobación definitiva llegaría en octubre y las obras de urbanización podrían arrancar a finales de 2025 o principios de 2026”. Afirman incluso que “nosotros tenemos el dinero ya listo para licitar las obras”, ya que el Gobierno inyectó al Sepes los 260 millones de euros correspondientes a su inversión. Respecto a la colocación de la primera piedra y el inicio de la construcción de viviendas, anticipan que se producirá un año después, “alrededor del comienzo de 2027”.

Entre las nuevas dotaciones destaca la previsión de una nueva estación de la línea 10 del Metro de Madrid, prevista entre Colonia Jardín y Aviación Española. Aunque deberá ejecutarla la Comunidad de Madrid, en las obras de urbanización se dejará el cajón preparado en una parcela reservada. En materia de transporte las administraciones han planteado otras alternativas, como una nueva parada aprovechando la ampliación de la línea 11 e incluso un intercambiador, pero según Arévalo estas opciones están más lejos de materializarse por las dudas del Ejecutivo regional.

El barrio, entre las reservas y la esperanza: “No pinta mal”

Al acto han acudido varios vecinos para los que el proyecto implicará una transformación radical. Campamento, un barrio de unos 20.000 habitantes en el distrito de Aluche, pasará a tener más del doble de su población actual. “De momento lo que nos cuentan no pinta mal”, dice, sin embargo, una residente. Avisa, no obstante, de que se mantendrán vigilantes para que las palabras se conviertan en hechos. Que una de las declaraciones más sugerentes de Leire Iglesias se transforme en realidad, esa en la que la directora general del Sepes ha expresado el deseo de la entidad que lidera: “Queremos hacer barrio y no solo casas. Que quienes se muden aquí puedan desarrollar la vida no solo en el propio hogar, sino ir más allá de eso que antes se entendía como una colmena”.

La vecindad se ha interesado en sus preguntas por diversas cuestiones: la altura que alcanzarán los edificios (los más elevados tendrán once pisos y en otras zonas serán más bajos por la cercanía del aeródromo de Cuatro Vientos), la reconfiguración de las zonas verdes (el proyecto contempla numerosas de ellas, pero implicará eliminar espacios silvestres), el mantenimiento y reacondicionamiento del campo del C.D. Campamento (que podría pasar por fin de la tierra al césped para, según su propio presidente, “dejar de ser el club más ecológico de Madrid”) o el destino de las parcelas dotacionales (cuyos usos deberá decidir en su mayoría el Ayuntamiento, aunque Vivienda tratará de consensuar y trasladar peticiones ciudadanas).

Entrada al campo de tierra del C.D. Campamento, con un anuncio de una inmobiliaria.

En este último punto despierta especial interés por sus dimensiones, su ubicación o su planeamiento la rehabilitación de uno de los antiguos acuartelamientos, el cuartel Alfonso XIII. “Yo veo aquí un museo o un centro cultural, tipo Conde Duque o Matadero”, comenta un vecino. “La gente no va a esas cosas si no están en el centro. Mejor un polideportivo o una piscina pública”, replica una compañera. “Pues yo veo un museo militar con su campo de tiro”, añade otro hombre haciendo honor a la historia militar del barrio.

Parte de las instalaciones del cuartel Alfonso XIII, uno de los espacios de la Operación Campamento a los que el Ayuntamiento deberá dar un uso dotacional.

La política madrileña y nacional lleva cuatro décadas tratando de impulsar este proyecto en Campamento, una de las bolsas de suelo para desarrollos inmobiliarios más codiciadas de la capital. Los exministros Joaquín Leguina y Narcís Serra, a mediados de los ochenta, fueron los primeros en imaginar pisos sobre estos terrenos situados entre la Casa de Campo, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón.

La operación quedó en agua de borrajas, pero plantó la semilla para el planeamiento que avanzó el Ayuntamiento en 1997, que se relanzó en 2005 y que se aprobó finalmente en el plan parcial de movilidad interior de 2009. La judicialización del proyecto y la crisis económica guardaron de nuevo la operación en un cajón, hasta su relanzamiento en un anuncio de Pedro Sánchez el pasado 2022.