La causa contra el fiscal general se tambalea

El fiscal general ya estaba con un pie en el banquillo; probablemente con los dos. Así lo anunció la extrema derecha, que en estos temas siempre maneja la mejor información. “Si no es en esta semana, a más tardar la que viene, habrá un auto de procesamiento”, dijo hace unos días el líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, en un canal a su altura, El Toro TV.

Cabe preguntarse quién le sopló esa noticia. Pero sin duda era buena: Miguel Bernard conoce los juzgados muy bien. El líder de Manos Limpias –ex número dos de Blas Piñar, caballero de honor de la Fundación Francisco Franco, fundador del partido fascista Frente Nacional– ha interpretado en los tribunales casi todos los papeles posibles, como acusado y como acusación.

En 2021, la Audiencia Nacional condenó a Miguel Bernard por dos delitos de extorsión, acusado de cobrar con la amenaza de las denuncias judiciales que presentaba Manos Limpias –pasó medio año en prisión provisional–. Pero el 11 de marzo de 2024, una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó su condena y dictó su absolución.

Menos de un mes después de su rehabilitación en el Supremo, el 16 de abril de 2024, Manos Limpias volvió a la acción con esa denuncia contra Begoña Gómez que el juez Peinado aún hoy investiga. Desde entonces está en todas las salsas; Manos Limpias no se pierde ni un solo episodio del acoso judicial contra el Gobierno de coalición. Por supuesto, también es una de las acusaciones populares contra el fiscal general. 

El abogado de Manos Limpias en esta causa contra el fiscal general se llama Víctor Soriano. También cobra como asesor del PP en el Senado, como destapó elDiario.es. Si alguien necesita un mapa, no es muy difícil de dibujar. 

El líder de Manos Limpias veía al fiscal general del Estado en el banquillo y no le faltaba razón. Desde la Sala de lo Penal del Supremo –siempre indignados con las filtraciones a la prensa–, hace semanas que van contando por Madrid que llevarán a juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz. La decisión parecía tomada, a pesar de la falta de pruebas contra él.

En estos meses de investigación, el Supremo no ha encontrado ni una sola evidencia que demuestre que Álvaro García Ortiz fue la persona que filtró a distintos medios –también a elDiario.es– el famoso correo del abogado de la pareja de Ayuso en el que confesaba que “ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”. Ni el inédito registro de su despacho, ni las indagaciones en sus comunicaciones ni ningún testimonio han permitido acreditar las acusaciones contra él.

Es cierto. García Ortiz borró su teléfono –te hablé de ello en una carta anterior–. Es también cierto que el fiscal general del Estado pidió toda la información y difundió una nota de prensa, para aclarar que era falsa la noticia filtrada por Miguel Ángel Rodríguez. Y hay un informe de la Guardia Civil, de la famosa UCO, que apunta al fiscal general como filtrador, sin más pruebas que los hechos que García Ortiz no niega: que pidió esa información para desmentir una falsedad. No era la Fiscalía quien ofrecía un acuerdo a la pareja de Ayuso que se paró por “órdenes de arriba”, como aseguraba MAR, sino justo al revés. 

Pero pruebas de la filtración, lo que se dice pruebas, sigue sin haber. Y dudo mucho que aparezcan por una razón: porque en elDiario.es sabemos perfectamente quién filtró esa información. Nosotros la publicamos. Y sabemos, a ciencia cierta, que el fiscal general no fue la fuente que nos la pasó.

Pese a la falta de evidencias, el juez Ángel Hurtado parecía decidido a terminar la instrucción cuanto antes, dictar auto de procesamiento y sentar en el banquillo al fiscal general. A ver si así dimite de una vez, que ha sido siempre el verdadero objetivo de esta cacería. El Supremo no le perdona la instrucción que dio la Fiscalía sobre cómo aplicar esa ley de amnistía que la Sala de lo Penal ha vivido como una traición y se ha negado a cumplir. 

Sin embargo, dos hechos inesperados han torcido los planes del Supremo –y los deseos de Manos Limpias–. Son dos sorprendentes giros de guion. 

Las pruebas confirman a los periodistas

El primer giro inesperado es un acta notarial. 

Durante la investigación del juez Ángel Hurtado, varios periodistas de tres medios distintos –Cadena SER, elDiario.es y El Mundo– declararon ante el Supremo que habían accedido a la información supuestamente filtrada antes de que el fiscal general siquiera la conociera. Son unos testimonios que Hurtado despreció en sus autos, sin darles relevancia ni credibilidad. 

Cuatro redactores, del periódico El País, han encontrado otras pruebas. Son varios mensajes y llamadas telefónicas donde queda acreditado que los periodistas tuvieron esa información 36 horas antes que el fiscal general: más de un día antes de que Álvaro García Ortiz preguntara. 

Esto destroza la hipótesis de que la filtración venga de él. En realidad, todo el proceso penal: la jurisprudencia del Supremo establece que no hay secreto si el dato circulaba con anterioridad. 

Estos periodistas han certificado estos mensajes en un acta notarial, que la defensa del fiscal ha presentado en el juzgado. Y eso ha obligado al Supremo a llamarles como testigos a declarar. 

Que existan pruebas que demuestran que los periodistas dijeron la verdad, –que prueben que esa información ya circulaba desde antes– es muy relevante. No hay delito de revelación de secretos si el secreto, un día y medio antes, ya se reveló. 

El novio de Ayuso se mete en otro follón

El segundo giro inesperado, que complica la cacería contra el fiscal general, tiene como protagonista al novio de Ayuso: Alberto González Amador.

Es el denunciante. Este viernes tuvo que declarar –Hurtado no quería, pero la sala se lo ordenó–. Y en el interrogatorio, bajo juramento de decir la verdad, dio unas explicaciones tan increíbles como contradictorias. Probablemente también mintió.

González Amador aseguró en el Supremo que él nunca ha confesado delito alguno. Que ni siquiera sabía que su abogado había mandado un mail a la Fiscalía confesando los delitos a cambio de un pacto que evitara la entrada en prisión. 

Su declaración es inverosímil. ¿Alguien que se cree que un abogado ofrece a la Fiscalía llegar a un acuerdo, pagar 500.000 euros y aceptar una condena de ocho meses sin antes consultar con su cliente?

Pero es que además distintos documentos acreditan que esto no es verdad. Que por supuesto que González Amador sabía de esa negociación. 

Para empezar, así lo dice su abogado en el mismo correo cuya filtración investiga el Supremo. 

El texto es bastante claro: “De común acuerdo con Alberto González”. Si esto no es así, si su abogado mintió, ¿por qué no le despidió? ¿Por qué sigue siendo su abogado hoy?

Es tan inverosímil que, durante el interrogatorio, el juez Hurtado se lo preguntó. “¿Y sigue siendo su abogado?”.

Pero es que además están los mensajes entre Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. En uno de ellos, se ve cómo la pareja de Ayuso reenvía al jefe de gabinete de la presidenta de Madrid la explicación que le manda su abogado. Y queda claro que estaba negociando una conformidad; algo que ahora niega conocer.

Es muy probable que la pareja de Ayuso haya mentido en su declaración. Pero es que, si damos por buenas sus explicaciones, es un auténtico tiro en el pie.

Si su “confesión” en realidad nunca fue tal. Si fue una iniciativa de su abogado que él ni siquiera aprobó, ¿qué clase de secreto se ha revelado? ¿Cómo va a ser un secreto algo que el propio interesado dice que en realidad no pasó?

El martes hay otra declaración más. La del abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira. La pareja de Ayuso se enteró de este dato cuando estaba ya en el Supremo e iba a empezar su declaración. Probablemente le inquietó.

Va a ser muy interesante escuchar la versión de Carlos Neira; qué contará. Es un abogado “de los gordos” –como lo llamaba uno de los fiscales–. Uno con bastante prestigio, especialista en este tipo de pleitos. 

Neira tendrá que elegir entre dos opciones desagradables. Dejar mal al novio de Ayuso y enfadar a la poderosa presidenta de la Comunidad de Madrid. O quedar mal con sus futuros clientes, y reconocerse responsable de una negligencia tan grave como sería negociar una conformidad y una condena para tu defendido sin siquiera avisarle. 

Con estos materiales tan endebles, resulta increíble que este proceso penal no se haya cerrado ya. Pese a todo, es probable que el líder de Manos Limpias acabe teniendo razón: que el Supremo siente en el banquillo al fiscal general del Estado en pocas semanas. Incluso si luego lo absuelve.

No hay pruebas. Nunca las ha habido. Solo espero que, llegado ese día, el fiscal general no se rinda. Que no presente su dimisión. 

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leerme, gracias por tu apoyo a elDiario.es.

P. D. Aprovecho para recordarte que en elDiario.es hemos abierto corresponsalía en Estados Unidos. Lo anuncié hace un par de días, con este otro artículo. Te lo mando otra vez, por si no lo pudiste leer.