Cuando el discurso de Trump se hace realidad: una detención de tráfico equivocada, una joven al borde de la deportación y un policía dimitido
Un agente de la ciudad de Dalton (Georgia) presenta su dimisión del cuerpo de policía después de una detención errónea de una joven de origen mexicano a la que ha puesto al borde de la deportación en virtud de los acuerdos de la Administración Trump con entidades locales para «deportaciones masivas»
Te paran en la calle por hacer un giro no autorizado y acabas al borde de la deportación. Esto es lo que le ha ocurrido a la joven de 19 años Ximena Arias Cristóbal, que fue llevada a Estados Unidos por su familia cuando tenía cuatro años y que ahora no cuenta con una vía legal clara para permanecer en el país donde lleva viviendo 15 años.
El problema para la joven es que lo que la tiene al borde de la deportación, tras una detención de más de dos semanas en la prisión de Stewart (Georgia), fue haber sido detenida equivocadamente por un policía por una supuesta maniobra irregular de circulación.
En efecto, el departamento de policía de la ciudad de Dalton (Georgia) asegura que el agente detuvo el vehículo equivocado.
A raíz de eso, el agente Leslie Allen O’Neill ha presentado su renuncia: afirma que el departamento no lo ha defendido adecuadamente de las acusaciones derivadas de ese arresto, a través de una carta presentada a sus superiores y que su esposa publicó en Facebook. En ella, O’Neill señala que su salida responde a lo que él califica como una “respuesta y defensa inadecuadas” por parte del departamento de policía ante las acusaciones de arresto indebido, que surgieron después de que se retiraran los cargos sin que se ofreciera una explicación.
La policía de Dalton retiró los cargos contra Arias Cristóbal tras revisar las imágenes de la cámara del agente, que mostraban que el oficial O’Neill detuvo el vehículo equivocado: una camioneta gris oscuro en lugar de una negra. Ese arresto provocó que Arias Cristóbal pasara dos semanas detenida en un centro de ICE.
El agente O’Neill sostiene que ha sido objeto de “difamación generalizada” ante la cual el departamento ha permanecido en silencio, y asegura que ya no puede desempeñar su trabajo de manera efectiva “por temor a nuevas represalias por parte de la comunidad”.
Carta de dimisión de Leslie Allen O’Neal.
“Estar en la prisión de Stewart me ha cambiado la vida”, dijo la joven a los medios tras ser puesta en libertad: “Es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Son las condiciones y la incertidumbre. No saber qué va a pasar conmigo, saber que podría ser deportada a un país que no conozco, tener que ser separada de mi familia”. El problema es que, después de haber sido llevada a Estados Unidos cuando tenía cuatro años, ahora, a raíz de una detención equivocada, se encuentra sin una vía legal clara para permanecer en el país.
El jueves pasado se reunió con su familia, incluido su padre, que también estuvo bajo custodia de ICE al mismo tiempo. José Arias Tovar había sido detenido semanas antes, tras otra parada de tráfico, esta vez por exceso de velocidad. Salió del centro de detención el 16 de mayo tras pagar una fianza. Cinco días después, Arias Cristóbal pagó una fianza de 1,500 dólares, lo que permitió su liberación. Para la tarde del jueves ya estaba de regreso en casa con su familia.
Acuerdos para “deportaciones masivas”
Como explicaba The Guardian este domingo, los intentos de la Casa Blanca de llevar a cabo “deportaciones masivas” durante un segundo mandato de Donald Trump han provocado un aumento de las detenciones en todo el país. Las operaciones de control migratorio han contado con el apoyo de jurisdicciones locales que colaboran con ICE mediante los llamados contratos 287(g). Estos acuerdos permiten que funcionarios locales actúen como agentes migratorios, trabajando en estrecha coordinación con ICE.
La oficina del sheriff del condado de Whitfield, responsable de la cárcel local donde ingresan las personas detenidas en Dalton, mantiene un contrato 287(g) con ICE.
Además, una ley firmada el año pasado por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, obliga a todas las fuerzas del orden del estado a solicitar la entrada en convenios 287(g) con ICE. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han calificado esta ley de “desastrosa”.
Los acuerdos 287(g) están diseñados para ampliar el alcance de la maquinaria de deportación de Trump, haciendo que las localidades hagan el trabajo de ICE a su costa, y llevan a la elaboración de perfiles raciales, la violación de derechos civiles, el aislamiento de las comunidades migrantes y la separación de familias.
