La Ertzaintza blinda la confidencialidad de sus bases de datos tras ser apercibida por una filtración al ultra Alvise

La jefatura de la Ertzaintza ha decretado “afianzar el deber de secreto y el principio de confidencialidad” de sus bases de datos tras el apercibimiento recibido por la Agencia Vasca de Protección de Datos por la filtración, en las fiestas de Bilbao de 2023, de un listado de detenidos que acabó siendo utilizado por el ultra Luis Pérez (Alvise), ahora eurodiputado, con fines xenófobos. A causa de esta “incidencia”, la Policía vasca ha adoptado más de media docena de medidas internas, todas ellas encaminadas a blindar sus archivos, y su unidad de Asuntos Internos ha abierto cuatro expedientes “por filtraciones de similar o parecida naturaleza”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha valorado en un documento remitido al Parlamento Vasco a instancias de Gorka Ortiz de Guinea de EH Bildu las consecuencias de la resolución de Protección de Datos en torno al caso de Pérez. Los hechos se remontan a la Aste Nagusia de 2023 cuando un documento con la fotografía y los datos de 79 arrestados compartido entre la Ertzaintza y la Policía de Bilbao acabó en los foros de quien es conocido como Alvise, que tienen decenas de miles de seguidores, con claros fines de criminalizar la inmigración. Después saltó a otros medios como los de Javier García Negre con similares objetivos. Protección de Datos estimó que se había producido una “infracción muy grave” por la indebida custodia de las fichas, lo que permitió que se difundieran “exponencialmente”.

Seguridad, en su informe, explica que “desde el primer momento” en que se produjo la “incidencia” se adoptaron “medidas reactivas” para “mitigar” los efectos de la filtración, como “gestiones” para “interrumpir el acceso y difusión del documento en redes sociales”. De cara al futuro y “con el objetivo de aumentar la seguridad de las comunicaciones y minimizar el riesgo de que volviera a ocurrir este tipo de incidencia”, se han planteado otras cuestiones como poner un “banner” -logotipo o marca de agua- de los archivos que se intercambian con otros cuerpos para conocer su origen (y para “determinar responsabilidades en caso de extravío”), hacer los envíos solamente en formato digital, sin copias impresas ni anuncios en tablones, o recordar el carácter “confidencial” de los archivos con un aviso específico en cada uno de ellos.

Asimismo, se acotará a unas pocas direcciones electrónicas la distribución del material, a las mínimas imprescindibles. Las patrullas, de su lado, recibirán la información en sus terminales pero desde ahí no se podrán hacer reenvíos. Igualmente, en los ‘briefing’, habrá advertencias “reiteradas” de que los datos delincuenciales son secretos. Se explicitará que la preservación de datos conocidos por el motivos laborales es una obligación prevista en el código deontológico de la Ertzaintza.

“Con ocasión del apercibimiento recaído, con carácter general y de aplicación a todo el colectivo, se ha considerado oportuno reforzar el principio de confidencialidad de la información. En este sentido, se ha estimado oportuno tratar en los distintos foros de gobernanza, donde participan los órganos directivos, el apercibimiento acordado. Todo ello con el objeto de que la propia estructura permita difundir jerárquica y de forma descendente, desde la alta dirección hasta los niveles inferiores de la organización, la necesidad de afianzar el deber de secreto y el principio de confidencialidad que, además de su aplicación en materia de protección de datos personales, rige, de forma particular, para el colectivo policial. A mayor abundamiento, se ha considerado de interés reforzar actuaciones en el ámbito de la concienciación (mediante la difusión de nota informativa a través del canal corporativo) y de la formación en los cursos académicos que se imparten al colectivo policial”, se puede leer, como conclusión, en el documento enviado por Zupiria.

EH Bildu preguntaba también por otras posibles investigaciones análogas. Asuntos Internos ha abierto cuatro, según los datos oficiales. Se aporta un resumen de todas ellas. La primera guarda relación con una denuncia de “enaltecimiento del terrorismo” y desprotección de menores por un concierto en Durango y “los hechos objeto de denuncia” aparecieron “publicados en un medio de comunicación”. “Esta presunta filtración motivó la interposición de una queja en el Ararteko por parte de la persona denunciada y una investigación policial por parte de la jefatura de Asuntos Internos. Tras la investigación realizada, se acordó el archivo de ésta sin responsabilidad, al no observarse ninguna conducta merecedora de reproche disciplinario”, se explica.

La segunda se enmarca en el operativo especial del partido de fútbol en Anoeta entre la Real Sociedad y el Ajax, de noviembre de 2024. Un sindicato alertó de que los agentes intervinientes recibieron una “orden” de identificar con fotografías a “seguidores radicales” neerlandeses. Asuntos Internos no aprecia irregularidades pero Protección de Datos sí mantiene abierto un análisis de estos hechos. En Vitoria, un juzgado investiga también a un ertzaina por una denuncia de un hombre que acusa al funcionario de facilitar “datos personales obrantes en las bases de datos policiales” a su pareja. Finalmente, está abierta una causa después de que apareciera en redes sociales una “alerta preventiva” sobre una persona que ha decidido denunciarlo. El informe es de la comisaría de la Ertzaintza en Muskiz y se ha tenido que elaborar un atestado que sigue su curso.