La Guardia Civil, el Govern y el sello Welfair inician una investigación en la ‘granja de los horrores’ de Mallorca

El sello de bienestar animal Welfair, otorgado por AENOR, ha abierto una investigación tras conocer la situación de la granja de Llucmajor (Mallorca), según informan fuentes de la entidad a elDiario.es. La respuesta llega después de que este diario pusiera en conocimiento del sello el contenido de las imágenes del interior de la macrogranja, difundidas por las entidades de protección medioambiental ARDE y Satya Animal, con el fin de contrastar la información con todas las partes implicadas. En esa diligencia, elDiario.es consultó al sello sobre si era conocedor de las presuntas irregularidades documentadas en la instalación de Llucmajor, que cuenta con el sello de bienestar animal Welfair.

La macrogranja vuelve a estar bajo la lupa de las organizaciones animalistas y ecologistas, que presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears —registrada el 21 de mayo— por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria. ARDE y Satya Animal documentaron cómo las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril, como avanzó elDiario.es. Después de que la investigación saliera a la luz, ambas entidades han exigido “el cierre inmediato” de la instalación avícola. La decisión de Welfair se suma a la de otra de las empresas afectadas, Alcampo, que ha retirado los huevos de la granja de sus supermercados, según señalaron fuentes de la cadena a este diario.

Por otro lado, inspectores de Medio Ambiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, así como agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han desplazado durante la mañana de este martes a la granja de Llucmajor, según ha explicado el conseller del ramo, Joan Simonet (PP), en declaraciones a los medios de comunicación. Simonet respondió así cuando fue interpelado por la prensa a raíz de la revelación de la grave situación de las gallinas.

Sin embargo, ha adelantado que el Govern balear —con competencias en esta materia— no se plantea el cierre de la granja por el momento. Simonet reconoció también que la macrogranja no cuenta con la declaración ambiental integrada —que la empresa estaría tramitando a través de la Conselleria de Territori—, pese a que este requisito es obligatorio para instalaciones avícolas como la de Llucmajor.

El conseller ha admitido también que en octubre se denunció ante la Fiscalía la posible comisión por parte de los responsables de la granja de un delito ambiental. El Seprona visitó las instalaciones y realizó las correspondientes diligencias, pero el procedimiento fue archivado el pasado febrero. La última inspección, por parte del Govern, se hizo el pasado 27 de febrero. Los funcionarios de la Conselleria, ha asegurado Simonet, no vieron la situación que ahora han denunciado las entidades animalistas.

Se investigará si hay “nuevos incumplimientos”

Simonet ha querido precisar que los expedientes administrativos que la empresa tenía abiertos hasta ahora estaban relacionados con la gestión de residuos o la calificación de los huevos, que comercializaban como camperos cuando realmente eran de jaula. “En el momento en el que se archiva la denuncia penal nosotros hemos vuelto a empezar con los expedientes y las multas administrativas que habíamos detectado”, ha indicado.

Ahora, ha afirmado, se deberá determinar si los hechos denunciados por los animalistas suponen una reincidencia en estos supuestos o son nuevos incumplimientos de la normativa, lo que determinará “si se debe proseguir con el procedimiento administrativo o si se abre uno penal”. En cualquier caso, Simonet ha expresado su cautela al ser preguntado por la posibilidad de decretar el cierre preventivo de la explotación avícola. “En este momento yo no puedo hablar de cerrar. Además, en un cierre hay que ver qué haces con los animales que hay ahí dentro”, ha expuesto.

Por el momento, ha apuntado, se deberán valorar las circunstancias que los inspectores y los agentes del Instituto Armado puedan corroborar durante su inspección de las instalaciones, de las que derivará si se trata de un asunto de salud pública o de maltrato animal. “Son diferentes motivos, no es lo mismo que los huevos sean un peligro para la salud pública, que esto ahora no lo podemos decir, lo tienen que ver los inspectores de Salud Pública, o si es un tema de bienestar animal”, ha manifestado. Con todo, ha puntualizado que la empresa comercializaba únicamente los huevos de las gallinas y no su carne.

El conseller ha asegurado desconocer el número de gallinas que alberga la granja avícola de Llucmajor, pero ha puntualizado que, al datar la autorización de hace más de una década, no se atenía al límite de 40.000 que marca el decreto que actualmente se está tramitando en el Parlament. “Mientras tanto, estas gallinas lo que nosotros hemos dicho es que si tienen 130.000 gallinas y tienen que ser 40.000 no vamos a matar a 90.000 en un día. Entonces, se le propone a la empresa que vaya haciendo un plan de desescalada”, ha subrayado. Ese plan es el que la compañía ya ha presentado y que en un principio debería haber cumplido antes de que finalice este año, ha subrayado.