Haití, Sudáfrica y Sudán del Sur, los países más afectados por el recorte de la ayuda de EEUU

Haití, Sudáfrica y Sudán del Sur son los países que más han acusado la sorpresiva decisión de Donald Trump en enero de poner fin a los programas de asistencia exterior financiados por Washington, según explica el recién publicado informe de Amnistía Internacional ‘Vidas en riesgo: los recortes caóticos y abruptos de la ayuda exterior de Estados Unidos ponen en peligro millones de vidas’. El estudio analiza las consecuencias globales de la orden ejecutiva del líder estadounidense, que afecta a millones de personas en 177 países.

El trabajo señala los efectos de la suspensión de programas gestionados por USAID (5.200, según las cuentas de la ONG) y el Departamento de Estado (4.100). Además, el despido de la plantilla de USAID ha dejado a la agencia con solo unos 15 empleados, lo que imposibilita que, a pesar de las exenciones anunciadas posteriormente por el Gobierno estadounidense para algunas iniciativas, no quede personal para seguir desarrollando las actividades.

Entre los sectores más afectados destacan el de la salud; en especial en programas relacionados con el VIH/SIDA, atención materna y acceso a medicamentos, los derechos humanos en la protección a personas refugiadas, periodistas y activistas, la educación, la inclusión y los programas laborales, sobre todo contra el trabajo infantil y la explotación. Se estima que millones de personas en al menos 12 países se han visto privadas de servicios esenciales como alimentos, salud, albergue, protección legal y acceso a la educación.

A pesar de que diversas organizaciones interpusieron demandas contra la administración Trump y los tribunales federales estadounidenses ordenaron en febrero y marzo de 2025 la liberación de 2.000 millones de dólares en fondos congelados, el gobierno ha ignorado las órdenes judiciales y continúa paralizando cientos de proyectos.

El sistema de salud de Haití, al borde del colapso

Haití es el país que sufre el impacto más crítico tras la suspensión de la ayuda estadounidense, especialmente como consecuencia de su dependencia extrema del financiamiento internacional en temas de salud, según el estudio. El 97% de los tratamientos contra el VIH en el país antillano depende de la ayuda extranjera, de la cual el 62% provenía directamente de Estados Unidos. Al riesgo de colapso del sistema de salud, con un aumento de las infecciones no tratadas y muertes evitables, se suma el cierre de más de 128 centros de tratamiento de VIH y la interrupción de programas de salud materna y atención a supervivientes de violencia sexual. Todo ello enmarcado en un contexto crítico en el país, en el que la violencia de las pandillas va en aumento y la inestabilidad política y la emergencia humanitaria son crónicas.

Sudáfrica es otro de los países más perjudicados por el fin de la ayuda estadounidense. En un país donde el 17% de las personas de entre 15 y 49 años viven con VIH —la tasa más alta del mundo— el programa de Estados Unidos para el alivio del SIDA representaba el 18% del presupuesto nacional sudafricano para mitigar los efectos del virus y el síndrome derivado. El recorte podría provocar más de 600.000 muertes relacionadas con la enfermedad y más de 500.000 nuevas infecciones en solo una década, según el informe.

Además, se prevé el cierre de clínicas para poblaciones clave, como trabajadoras sexuales, personas trans y consumidores de drogas, así como la suspensión de medios de prevención como los medicamentos para la profilaxis previa a la exposición al virus, claves para evitar la transmisión del virus.

Sudán del Sur, que ya afrentaba una de las crisis humanitarias más graves del mundo, también empeora sensiblemente su situación tras los recortes estadounidenses. El joven país tienen más de siete millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa y un sistema de salud extremadamente frágil, que depende en gran medida de la asistencia internacional para limitar sus carencias.

La retirada abrupta de fondos ha obligado a cerrar clínicas esenciales, refugios para mujeres víctimas de violencia y centros de atención nutricional para niños. Todo ellos eran servicios vitales para cientos de miles de personas desplazadas por años de conflicto interno y pobreza extrema. A las dinámicas internas se suma la intensificación del conflicto civil armado que estalló en el vecino del norte, Sudán, y que, según datos de Naciones Unidas, ya ha causado la movilización de 640.000 refugiados.

Refugio, migración y protección de la niñez

Entre el resto de los países afectados que menciona el informe de Amnistía Internacional destacan, en América Latina, Guatemala, donde se han cancelado los fondos para programas de apoyo a niñas supervivientes de violencia sexual; Costa Rica, donde se ha reducido en un 77% la capacidad para registrar nuevas solicitudes de asilo; y México, donde ya han cerrado las oficinas de ACNUR y de otras ONG como Asylum Access, esenciales para la protección de las personas migrantes.

Por otro lado, en la región de Oriente Medio, el campamento de Al-Halol en Siria, que alberga a 360.000 personas (en su mayoría, niños) ha perdido servicios esenciales, como clínicas y ambulancias. Y en Yemen se teme un aumento de los matrimonios infantiles, la trata y el trabajo forzado a raíz de la suspensión del apoyo psicológico y legal de las personas refugiadas. En el caso de Afganistán, la pérdida de empleos en ONG, especialmente entre mujeres, ha limitado el acceso a servicios humanitarios.

Por último, en el sudeste asiático, Myanmar y Tailandia son los más perjudicados por los recortes estadounidenses. Desde el golpe militar de febrero de 2021, Myanmar atraviesa una crisis política y humanitaria, agravada por el fuerte terremoto de marzo, que ha provocado el aumento drástico del desplazamiento forzado hacia su frontera con Tailandia. Actualmente, en la frontera entre ambos países se encuentran múltiples campos de refugiados que, tras la suspensión de los fondos, han tenido que echar el cierre a clínicas y hospitales. Esto ya ha provocado muertes por falta de oxígeno, atención médica básica y suministros elementales, como antibióticos y alimentos terapéuticos para menores desnutridos.