El Defensor del Pueblo estudia declarar ‘hostiles’ a cinco ayuntamientos de Cantabria por su falta de colaboración

El Defensor del Pueblo baraja declarar hostiles a cinco ayuntamientos cántabros por no responder a los requerimientos de la institución en reiteradas ocasiones. Por ley, las administraciones han de contestar a este organismo sobre la información que precisa para sus actuaciones. Cuando no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones, la entidad dirigida por Ángel Gabilondo tiene capacidad de “declarar al órgano o unidad administrativa concernida de ‘hostil’ o entorpecedora de sus funciones” y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales, por medio de su inclusión en el informe anual.

En este caso, el informe anual que hace balance de su trabajo en 2024 recoge la actitud díscola de los ayuntamientos de Bareyo, Laredo, Torrelavega, Los Corrales de Buelna y Villacarriedo. No importa en este caso tanto el asunto de fondo (inmatriculación de bienes e inscripciones franquistas en fachadas, como ejemplo de algunas de las acciones denunciadas) como la actitud, ya que estos municipios dan la callada por respuesta.

El Ayuntamiento de Bareyo, en relación con las molestias generadas por la actividad de un bar, recibió varios requerimientos que no fueron atendidos. Este es el caso también del Ayuntamiento de Laredo, en relación a una solicitud de investigación sobre la inscripción por el Obispado de Santander del Convento de Las Trinitarias. Tras tres requerimientos, el Defensor ha puesto al municipio pejino en la lista roja.

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna fue requerido por la regulación del precio público de las piscinas municipales. La ordenanza establece una cuantía de tasa distinta según las personas estén empadronadas o no empadronadas, lo que vulneraría el principio de igualdad. Los requerimientos del Defensor del Pueblo no han sido atendidos hasta la fecha del informe.

Además, el Ayuntamiento de Villacarriedo fue consultado por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, en concreto por la existencia de “unas proclamas fascistas en la fachada de las iglesias”. Tras tres requerimientos, el Defensor del Pueblo sigue esperando una respuesta. Como la sigue esperando contestación del Ayuntamiento de Torrelavega, sin que se precise cuál es el motivo, así como de una entidad local menor (Aldueso) por la denuncia del mal estado de un camino de acceso a una finca.

En su memoria anual, el Defensor del Pueblo recibió en 2024 un 1,12% de las quejas del total de España, 374. La cifra es ligeramente superior a la de 2023, en que se recibieron 333 quejas, el 0,98% del total.