La UCO, en el centro de la tormenta política

En algún momento de las últimas semanas el acrónimo de la Unidad Central Operativa dejó de aparecer en los titulares como un recurso anodino, la plantilla con la que arrancar la frase, a convertirse en el objeto de toda la atención. Durante más de una década, si la UCO descubría, confirmaba o simplemente afirmaba, la atención se centraba en lo que venía a continuación. Ahora es la propia unidad, y uno de sus cinco tenientes coroneles, los que acaparan por sí solos titulares, afirmaciones de políticos y acusaciones anónimas. ¿Cuáles son los motivos de esta transición?

En el año 2000, el hoy general retirado Félix Hernando recibió el encargo de potenciar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, un grupo que se encargaba de los delitos especializados a nivel de la Comunidad de Madrid y que solo contaba con 29 miembros. “Unidad de Conductores de Ostos”, rezaba el chiste, por el escaso rendimiento que el mando al frente sacaba a sus subordinados. Un cuarto de siglo después, la UCO acoge a todos los agentes especializados de la Guardia Civil contra las diferentes versiones del crimen organizado y otros delitos graves en todo el territorio nacional: desde los asesinatos más mediáticos al narcotráfico y la corrupción. 

La UCO son medio millar de guardias civiles con la balanza de la justicia en su emblema, en alusión a su función de policía judicial, esto es, de investigaciones que se siguen en un juzgado, a las órdenes de un magistrado. Si se hace memoria, la UCO está en casi todas partes, hasta donde es difícil reparar con el paso del tiempo. En los fallos de coordinación policial anteriores al 11-M y en la resolución de los crímenes del pequeño Gabriel o la joven Diana Quer. En las causas de corrupción que azotaron la pasada década al PP de Madrid y en el oficio que pone en bandeja al juez Hurtado la polémica imputación del actual fiscal general. 

Las recientes acusaciones de politización contra la UCO se cocieron al calor de algunos titulares que adelantaban un futuro informe para el juez de la causa más grave de presunta corrupción en estos momentos, el conocido como ‘caso Koldo’ o ‘caso Ábalos’. Según esas informaciones, la desencriptación y análisis de un dispositivo incautado a Koldo García, antiguo asesor del ministro de Transportes, habría permitido acceder a mensajes con indicios de delito de Santos Cerdán, el sustituto de Ábalos en la Secretaría de Organización el PSOE

Las informaciones citadas no ofrecen el contenido de esos mensajes y aluden someramente a una supuesta intermediación de Cerdán en la concesión de obra pública. Basadas en fuentes anónimas, se atribuyó al número dos del PSOE diferentes cohechos, entre ellos el regalo de dos coches, un Audi y un Volvo para su mujer. El propio Cerdán reaccionó: “Al que encuentre el Audi se lo regalo”. Su mujer ni siquiera conduce. Sobre si esas informaciones salen de la Guardia Civil, el secretario de Organización del PSOE afirmó: “Me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la Guardia Civil. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Pero cuando salga ese informe desmontaremos las mentiras una a una”. 

La tesis contra la UCO es que si el material comprometedor para el PSOE y el Gobierno está en poder de la Unidad, e información relacionada con dicho material está siendo publicada, solo hay que unir la línea de puntos para dar con el autor de la filtración. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no logró, o no pretendió desterrar esa tesis, cuando trasladó su “confianza absoluta” en la Policía y la Guardia Civil, pero añadió: “Por eso yo estoy convencido de que esas filtraciones no pueden venir de ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, porque sería delictivo y sería faltar a la objetividad y a la neutralidad”.

Pero, ¿solo los agentes de la UCO tienen acceso a esa información? Fuentes jurídicas explican que los responsables de la investigación en la Guardia Civil se están reuniendo periódicamente con el juez del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien decidió llevar en persona el caso Ábalos. Esas comunicaciones son práctica habitual en todas las investigaciones, más aún si son tan complejas. Los guardias civiles custodian el material y terminan incluyendo todos los detalles trascendentes en los atestados que entregan en el juzgado, pero las líneas maestras de las pesquisas son puestas antes en común antes con el Ministerio Público y el juez. 

En el entorno de la unidad aseguran que la información a nivel interno está blindada. Hace semanas, antes de que arreciara la polémica, estas fuentes hablaban de un muro de protección alrededor del jefe de las pesquisas, el teniente coronel Antonio Balas, para evitar cualquier intento de condicionar su trabajo. También se pretendía impedir que los avances de la investigación no circularan horizontalmente, entre compañeros, ni tampoco de forma vertical, a los superiores que pudieran recibir demandas de información por parte de los políticos del Ministerio del Interior. 

En la tesis que atribuye un papel filtrador a la Unidad Central Operativa abunda que el Departamento de Balas, dedicado a los delitos económicos y la corrupción, está al frente de las investigaciones más mediáticas de los últimos tiempos, las que utiliza la oposición para describir un escenario de descomposición ética del país con Pedro Sánchez y el PSOE como principales responsables a los que llama “capos” y “mafia”.

¿Y por qué se encarga la UCO de los casos que afectan a la mujer del presidente del Gobierno, a su hermano, a su antiguo ministro de Transportes y al fiscal general que nombró? ¿Es que no hay otra unidad? Los casos llegan a la UCO por las fuentes que maneja o porque alguien presenta una denuncia ante ella. Pero en los casos relevantes de esta época, y de otras anteriores, el motivo es que los jueces eligen a la UCO como la policía judicial que actúe a sus órdenes. 

La siguiente pregunta que se plantea es por qué no recurren esos jueces, por ejemplo a la UDEF, la unidad análoga en la Policía. Sobre esto hay varias versiones. Algunos lo atribuyen a la independencia que consideran los magistrados que distingue a un cuerpo de naturaleza militar, más blindado que la Policía ante posibles injerencias. Otros a los éxitos cosechados en el pasado por la UCO. En algunos casos se tratará de simple confianza entre magistrados y agentes. E incluso hay un testimonio recabado a un alto mando de la Guardia Civil que señala a la actual estrategia de esquivar investigaciones delicadas del director general de la Policía, el socialista Francisco Pardo, y evitar estar en el ojo del huracán. “Es muy listo. No quiere líos”, dice esta fuente. 

Cuando la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía protagonizó grandes casos de corrupción como Gürtel o la caja B del PP, no se libró de críticas y polémicas. Hace 15 años, Francisco Álvarez Cascos dijo que la Policía que investigaba al PP era “una camarilla, instalada en Canillas [su sede principal en Madrid] dedicada a fabricar y preconstituir pruebas”.

El jefe principal de aquellas investigaciones que afectaban al Partido Popular, el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, describiría con el tiempo, en sede judicial y parlamentaria, el acoso que sufrió por algunos de sus superiores, comisarios designados por el Gobierno de Rajoy. Eran tiempos de la brigada política fabricando pruebas contra la oposición e intentando librar al PP del caso de la caja B.

Si hay un término que enciende estos días los ánimos en la Guardia Civil es el de “UCO patriótica”. La creación periodística es una reminiscencia a la “brigada patriótica”, popularizada en su momento por El País, que en tiempos de protagonismo del comisario Villarejo otorgó ese calificativo a un grupo de mandos que, a las órdenes del PP, fabricaba pruebas contra sus adversarios políticos, tal y como consta en las causas judiciales abiertas contra ellos. La denominación de “brigada patriótica” ignoraba que aquellos mandos actuaban de forma partidista que su recompensa no era solo ideológica, sino que se materializaba en forma de destinos dorados y medallas pensionadas. 

¿Actúan entonces los guardias de la UCO por ideología filtrando información contra el Gobierno progresista? Un antiguo jefe de la UCO responde: “En la unidad no se habla de política. Se habla de trabajo. La investigación exige mucho, pero engancha. Te tiene que gustar”, aseguró alguien que vivió las épocas de ataques a la unidad protagonizados por políticos del PP.

Un teniente coronel “hierático”

En medio de esta sombra de sospecha aparece dibujada una figura que siempre estuvo ahí y al que hasta ahora no se había prestado atención. El teniente coronel Antonio Balas ronda los 50, se especializó en delitos económicos y, como comandante, fue el mando en contacto directo con investigaciones como los ERE de Andalucía, cuando la jueza Mercedes Alaya decidió prescindir de la Policía. Como en su momento el inspector de la UDEF Morocho, el teniente coronel Balas ha salido involuntariamente del anonimato y ha sido colocado en la diana. 

“¿Y Balas? ¿Es una persona muy ideologizada?”, pregunta elDiario.es al antiguo mando de la UCO, superior de Balas en épocas pasadas. “Yo no sé cómo será en su casa, pero en el trabajo, no, en absoluto”, responde. “Lo que no acierto a entender es por qué se han centrado en él, aquello es un equipo”, añade. “También te digo: le han hecho un héroe dentro, a pesar de lo que está teniendo que soportar”. 

“Lo que está soportando Balas”, más que las declaraciones de miembros del Gobierno deslizando la responsabilidad de las filtraciones hacia la Guardia Civil, es un audio de 53 minutos en el que aparece una militante del PSOE, Leire Díez, quien ha desempeñado un par de cargos en la Administración pública de los no se accede por concurso de méritos, reclamando al principal acusado de una trama del fraude millonario de los hidrocarburos, información contra la UCO y el propio Balas, al que quiere “muerto”. “No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas”. El Partido Popular sostiene que la intervención de esa militante socialista es la prueba de una operación del Gobierno para desmantelar las investigaciones más sensibles. Leire Díaz asegura que su actuación no tiene que ver con el Gobierno ni con el PSOE sino que lleva años investigando junto a un empresario que se considera víctima de la policía política del PP, Javier Pérez Dolzet, los desmanes de un grupo de policías, jueces y fiscales, que según su versión están actuando al margen de la ley. El PSOE por su parte niega que Leire Díez actúe por encargo suyo y prevé expulsarla del partido si se demuestra que invocó las siglas o el nombre del Gobierno en sus maniobras.

Las personas que han tratado al teniente coronel coinciden en describirlo como una persona distante, incluso hosco. En la Guardia Civil relacionan esa forma de actuar con un perfil íntegro, insobornable. La directora del instituto armado, la socialista Mercedes González, tuvo oportunidad de comprobarlo el jueves. Es el miembro del Gobierno que tiene que atravesar todos los días la puerta de la Dirección General consciente de que los agentes piensan que sus responsables políticos les han cuestionado. 

González no conocía a Balas, ni siquiera se había reunido a solas nunca con la cadena de mando que trasciende al teniente coronel y cuyos miembros también participaron en la reunión. Ella departe con el general Manuel Llamas, director adjunto operativo, que la acompañó en el encuentro. Antonio Balas agradeció las consideraciones de Mercedes González respecto al desgaste personal que le pudiera estar costando la situación, pero advirtió: “No afecta a mi trabajo”. Como hubiera esperado cualquiera que lo conoce, el teniente coronel de la UCO se mostró hierático. 

La principal especialidad del teniente coronel, antes de ascender y ahora que manda en el departamento, son los fraudes con los hidrocarburos, una complicada madeja delincuencial que resulta ya más lucrativa para las organizaciones que el tráfico de cocaína. La reunión recogida en el audio acogía diferentes intereses. Aparecen, por ejemplo, los del empresario Alejandro Hamlyn, huido en Dubai y quien aseguraba acumular pruebas contra Balas y la UCO, y que pedía a cambio inmunidad. Tanto él como Víctor Aldama, otro empresario poliimputado que quedó en libertad tras prometer a la fiscalía que colaboraría con la investigación sobre el fraude, aseguran ahora que se trató de una trampa para desenmascarar al Gobierno y al PSOE.

Del otro lado estaba la supuesta emisaria del PSOE, Leire Díez, una desconocida hasta ahora que, con desparpajo, da a entender que influye nada menos que sobre la Fiscalía. Ella quería pruebas para tumbar las causas de la UCO supuestamente orientadas contra el Gobierno y el PSOE. También estaba allí su aliado, el empresario Javier Pérez Dolset, inmerso en una cruzada para vengarse de los que le llevaron a la cárcel unas semanas y le “robaron” 1.800 millones de euros en una investigación de Anticorrupción y la Audiencia Nacional, donde no está la UCO. Y otros como el abogado Jacobo Teijelo, al que se aludirá más adelante en esta información. 

La tensa espera del informe del caso Ábalos

Se han cumplido 14 meses desde que fuera detenido Koldo García y se le incautaran 170 dispositivos capaces de almacenar datos. Algunos de ellos han necesitado de desencriptación. El equipo de Balas ha sido reforzado en número de agentes. Pero aún están pendientes informes al juez sobre la ingente cantidad de material aprehendida al ex asesor de Ábalos. El retraso en los informes se ha convertido en un campo abonado para la especulación. 

No es la primera vez que la UCO está en el ojo del huracán. En ocasiones, las críticas a la Unidad han quedado respaldadas por las decisiones tomadas en los tribunales, algo a lo que no es ajeno ningún equipo de investigación pero que adquiere mayor relevancia cuando el acusado ha sido un político. Ocurrió con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. En un atestado de 2017, la UCO acusaba a Cifuentes de “prevaricación continuada y cohecho” y presentaba seis “elementos probatorios” de su participación en la financiación irregular del PP madrileño.

El atestado sirvió para mantener la imputación durante cuatro años. En 2021, el juez Manuel García Castellón, con el respaldo posterior de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, archivó la causa contra Cifuentes. Ella había reaccionado al atestado de la UCO: “Ese informe recoge muchos juicios de valor pero ningún fundamento jurídico”. Hasta ese momento, a la política del PP le gustaba lucir pin de la Guardia Civil en la solapa. El ministro del Interior entonces, máximo responsable político de aquellos guardias civiles, era Juan Ignacio Zoido, que declaró: “Sinceramente, creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar”.

Zoido entrega la cartera de Interior a Grande-Marlaska

La diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, arremetió en 2017 en varias ocasiones contra la UCO, ya fuera por la investigación a Rodrigo Rato o a Ignacio González. Les acusó de fabricar pruebas y filtrarlas. Y propuso desde las páginas de El Mundo: “Quizás haya llegado la hora de que unidades como la UCO o la UDEF, que en estos años han acumulado un inmenso poder sobre la instrucción y el telediario, asuman también su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, podrían dar la cara. Firmar sus atestados con nombres y apellidos siempre, y no sólo a veces”.

Para cuando Álvarez de Toledo hizo esas afirmaciones, la UCO llevaba en primer plano ya cuatro años y había detenido a las dos lugartenientes de Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González, en los casos Púnica y Lezo, respectivamente. 

Recientemente, Álvarez de Toledo ha celebrado el informe de la UCO en el que los agentes atribuyen al fiscal general del Estado un “carácter preeminente” en la supuesta filtración de un correo electrónico entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía de Delitos Económicos que le investiga. “Un comisario político camino del banquillo”, escribía la diputada del PP en un comentario en X que adjuntaba la información de El Mundo sobre el atestado de la UCO. 

Esa afirmación del atestado es una inferencia de los agentes que el juez Ángel Hurtado, decidido a llevar al banquillo al fiscal que eligió Pedro Sánchez para el puesto, ha tomado como base para su acusación a Álvaro García Ortiz. Las licencias de la UCO en algunos atestados supusieron encontronazos en el plano jurídico en el pasado. En aquel informe sobre Cifuentes se traducían los hechos analizados en delitos concretos, una calificación que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, prohibió, provocando un enfrentamiento soterrado con la unidad. 

En el actual Gobierno, donde abunda la formación jurídica, la afirmación de la UCO fue calificada en privado de muy desafortunada. Algunos lo atribuyeron a una falta de pericia en la redacción. Otros vieron toda la intención en esa frase. Los guardias civiles declararon recientemente en el Tribunal Supremo y ratificaron el contenido de su atestado. El secretario general de Manos Limpias anticipó en una televisión que el procesamiento del fiscal general está próximo. El papel preeminente que el informe atribuyó al fiscal general del Estado en la filtración del expediente sobre el fraude de la pareja de Ayuso parte de un wasap donde una fiscal aseguró que lo había pasado al gabinete de Álvaro García Ortiz y añadía: “Supongo que le habrán dado publicidad”.

La Unidad Central Operativa también tuvo que reconocer en un oficio del pasado marzo que atribuyó por “error” al exministro José Luis Ábalos la compra de un inmueble en Colombia por 2,1 millones cuando, en realidad, costó 751 euros. En su escrito, la unidad de élite del instituto armado admitía un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de ese inmueble en 2003.

Las defensas de Ábalos y de Koldo García fueron las primeras en poner el foco en los informes de la UCO y en sus supuestas filtraciones. Han presentado multitud de escritos en ese sentido y adelantan periciales en las que, aseguran, demostrarán que el patrimonio de Koldo García no se ha incrementado como asegura la Unidad fruto de la corrupción. Por el momento, las iniciativas de las defensas han sido rechazadas por los tribunales. 

Recientemente, El Mundo publicó unos mensajes entre el ex ministro de Transportes y Pedro Sánchez donde se confirmaba la proximidad que tuvieron mientras el primero fue estrecho colaborador del presidente del Gobierno. La ministra María Jesús Montero reaccionó a las publicaciones de esos WhatsApp: “Es un material que nunca debía haber visto la luz y del que, evidentemente, es responsable quien tiene el deber de custodia (…) Es muy grave, gravísimo, que se haya violado la intimidad del presidente, espero que se investigue”.

Otra vez la UCO en la diana. Pero la Unidad no disponía de todos los mensajes publicados. Por el material intervenido a Koldo García se desprende que solo cuenta con una parte. En cualquier caso, Ábalos terminó reconociendo que había dado autorización a alguien de su defensa para distribuirlos. Tras unas primeras horas en que el Gobierno y el PSOE cargaron contra la UCO, tanto el partido como sus ministros acabaron rebajando las acusaciones, cuando se hizo patente que esos mensajes, que no están siquiera en la causa, pudieron llegar a la prensa por otra vía. 

Dos informes UCO: no hay delito de Begoña Gómez

Los informes de la Guardia Civil no deparan siempre malas noticias para este Gobierno. El juez Juan Carlos Peinado se empeña desde hace un año en imputar tráfico de influencias a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, a través de una instrucción desorbitada que, en ocasiones, alcanza el esperpento. Lo hace en contra de dos informes encargados a la Unidad Central Operativa en la que esta descarta que Gómez intercediera para el rescate de Air Europa. 

Otra de las juezas que eligió a la UCO para su investigación fue Beatriz Biedma, de un juzgado de Badajoz. La magistrada consideró conveniente reclamar a la unidad de élite del instituto armado para indagar en la política musical de la provincia y aclarar la contratación del hermano de Sánchez, un reputado músico, en la Diputación por un sueldo anual de unos 40.000 euros.

La UCO actuó como suele: buscó debajo de las piedras, analizó miles de correos… y, entre otras cosas, concluyó que la querella que dio origen al caso, de los ultraderechistas de Manos Limpias, incluía un error de bulto obtenido de varios medios del mismo espectro ideológico que la organización de Bernad: no había “ninguna evidencia de que [David Sánchez] declare poseer una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el citado valor”, 1,4 millones de euros.

La actuación de la UCO en el caso del hermano de Sánchez refleja el modo de operar de la Unidad, descrito así por un antiguo responsable político del Ministerio del Interior: “Cuando cogen un hueso no lo sueltan, son casi obsesivos”. No es algo ajeno a cualquier unidad de investigación de uno u otro Cuerpo.

Y es en esa actuación donde los abogados de las defensas de investigados por la UCO sitúan los supuestos “excesos” de la Unidad. Esos letrados critican el afán “resultadista” de los investigadores, a los que un juez señala un sospechoso y ellos no se detienen hasta encontrar algo que apuntale los indicios. Pero los consultados coinciden en que en ese afán no pesa el color político, lo que explicaría que los presuntos damnificados de la UCO tengan el carnet de los dos principales partidos. 

Esa intensidad se pone de manifiesto en las “explotaciones” de las detenciones, los días de las detenciones. Una veintena de agentes destinó la Policía a registrar esta semana el domicilio familiar, con varios menores, del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ahí está el vídeo de la Guardia Civil entrando en casa de Koldo García con una niña de 3 años, como si un de piso franco terrorista se tratara. Ni los propios agentes que son investigados por sus compañeros de las unidades de Asuntos Internos se libran de esa contundencia.

El PSOE pide a la UCO en el caso de la pareja de Ayuso

Del carácter implacable de la UCO, y de cómo es percibido en el PSOE, habla la petición del equipo jurídico de Ferraz cuando este mismo mes de mayo, el pasado día 5, solicitó a la jueza que investiga a la pareja de Ayuso la implicación de la unidad de élite de la Guardia Civil en las pesquisas sobre Alberto González Amador. En un escrito en el que solicitaban nuevas imputaciones, el PSOE, que ejerce la acusación popular, reclamaba que la Unidad Central Operativa rastreara el patrimonio de González Amador y que la UDEF de la Policía abordara las relaciones societarias de los presuntos implicados.

De regreso a las inclinaciones políticas de los agentes de la UCO han aparecido unos mensajes de 2021 entre un capitán y uno de sus confidentes en una trama de hidrocarburos en los que ambos critican duramente al Gobierno e incluyen comentarios despectivos sobre el presidente y el resto de la izquierda política. Según el abogado Teijelo, uno de los que aparece en la grabación a Leire Díez, el capitán Juan Vicente Bonilla participó en los inicios de la investigación a Koldo Gacía. Luego, fue fichado por la Comunidad de Madrid para un puesto ejecutivo de seguridad en la Consejería de Sanidad.

Teijelo defiende a otro antiguo mando de la civil de la UCO acusado de actuar corrompido al servicio de unos imputados en una causa de hidrocarburos. El abogado ha denunciado ante la Audiencia Nacional la investigación de Bonilla contra su cliente, intentando la nulidad de las actuaciones. El juez Santiago Pedraz ha rechazado sus pretensiones, sobre las que finalmente se pronunciará la Sala de lo Penal. En el audio a la militante del PSOE, Leire Díez pretende que el empresario en Dubai que ofrece información perjudicial para la UCO cambie de abogado y contrate los servicios de Teijelo.