Las contradicciones de la pareja de Ayuso sobre su confesión marcan la recta final de la investigación al fiscal general

La recta final de la causa que investiga a la Fiscalía por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha encontrado con varias revelaciones y contradicciones de última hora: las de Alberto González Amador y su abogado Carlos Neira a la hora de explicar si pactaron o no una confesión en su caso de fraude fiscal. Las dudas sobre el carácter confidencial del correo después de que el comisionista haya renegado expresamente de su contenido es un interrogante que se suma a la falta de pruebas concretas que vinculen al fiscal general y la fiscal provincial de Madrid con la difusión de ese email a la prensa en marzo del año pasado.

El juez Ángel Hurtado tenía previsto que la declaración testifical de González Amador fuera la última diligencia importante del caso. Pero esa misma mañana, antes de la comparecencia del empresario, anunció que pocos días después pasaría por el Supremo el abogado Carlos Neira, una de las figuras claves del caso: el autor del correo y la confesión cuya filtración ha desembocado en una causa con Álvaro García Ortiz como principal acusado.

Los dos han dejado una cosa clara: González Amador, según su versión, no conocía el detalle de su propia confesión. No leyó el correo del 2 de febrero de 2024 en el que su propio letrado reconocía su fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto: aceptar ocho meses de cárcel y pagar medio millón de euros a cambio de no entrar en prisión. El empresario le encargó una solución “rápida y sin ruido” para su caso y, según han dicho los dos de forma unánime, Neira no consideró procedente dar los detalles a su cliente de la cantidad de cárcel que iba a aceptar.

Eso tapona una de las vías de agua que las defensas esperaban encontrar en la acusación: la pareja de Ayuso no conoció ese correo hasta que trascendió en la prensa y, por tanto, no se lo pudo hacer llegar a nadie. Pero abre nuevas grietas en su relato que afectan a otro de los núcleos del delito que se investiga: si ese correo con la confesión era o no algo confidencial. Fue presentado en su nombre ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado pero, según González Amador, él nunca autorizó su contenido ni lo asumió como propio. Algunas fuentes del caso se preguntan ahora si ese correo puede ser considerado algo que deba ser protegido por el Código Penal.

Los abogados de la pareja de Ayuso, Carlos Neira (i) y Gabriel Rodríguez-Ramos

“Me cabreé con él. Quiero que quede claro que jamás tuve conocimiento de ese correo, jamás participé en ese correo, jamás me preguntó el señor Neira si me parecía bien o mal”, dijo ante el juez Hurtado. Neira, antiguo inspector de Hacienda y abogado experto en conformidades, afirmó que, efectivamente, nunca le mandó el correo, pero contradijo a su cliente en algunos aspectos clave: le dejó muy claro que la solución “rápida y sin ruido” que le había pedido era pagar, aceptar cárcel y reconocer delitos. Ante el magistrado, González Amador justificó mantener su confianza en Neira afirmando que, a pesar de su enfado por confesar sin su permiso, entendía que era una solución cabal.

El fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, no están acusados del delito habitual de revelación de secretos sino de una versión adoptada para las autoridades o funcionarios que desvelen “secretos o informaciones” a las que hayan accedido por razón de su cargo. Ahora, la duda que plantean distintas fuentes del caso es si un correo que contaba con el rechazo expreso de González Amador se puede considerar, a esos efectos, un “secreto” o una “información”. Además de la falta de una prueba concreta que apunte a uno de los dos como autor o supervisor de la filtración.

De la “preeminencia” a la falta de pruebas

La causa judicial arrancó hace más de un año en los tribunales madrileños cuando González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid denunciaron que la Fiscalía había emitido un comunicado para desmentir bulos del caso y desvelando que su letrado había confesado su fraude fiscal. Las diligencias se transformaron en causa especial cuando llegaron al Tribunal Supremo y se dirigieron contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid. Y el informe clave del caso, firmado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llegó poco después: el que apuntó la “preeminencia” del García Ortiz en todo lo que desembocó en la filtración.

La contundencia de la afirmación de los investigadores en ese informe, que analizó el contenido del teléfono incautado a Pilar Rodríguez, contrasta con las pruebas que hay detrás. Mensajes que la fiscal cruzó con compañeros y superiores en esos días de marzo de 2024, antes y después de que varios medios revelaran la confesión y la Fiscalía emitiera su comunicado. “La iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y requerir los diferentes correos es sostenida por el fiscal general, quien imparte de forma directa las órdenes”, afirma el instituto armado.

Ningún mensaje o correo intervenido –teniendo en cuenta que García Ortiz borró todos sus mensajes una vez abierta la causa– revela que la iniciativa del fiscal general y sus subordinados dieran la orden de filtrar, o filtraran personalmente, ese correo. Las comunicaciones intervenidas y las testificales explican que en la Fiscalía General nadie supo que González Amador era pareja de Díaz Ayuso hasta días después de haber sido denunciado. También que este organismo, a través de una dación de cuentas, solicitó la información del expediente y que el Ministerio Público no informó del caso, como sí hace en otros muchos de trascendencia pública, hasta que elDiario.es desveló la causa.

El frenético cruce de mensajes entre García Ortiz y su equipo en la noche del 13 de octubre, que culminó con el fiscal Julián Salto mandando su cruce de correos con el abogado Neira desde su móvil en el campo del Atlético de Madrid, describe todas las gestiones que desembocaron en el comunicado del día siguiente. Gestiones que se cruzan en el tiempo pero no en el papel con la filtración, cuando la Cadena SER y La Sexta desvelaron su contenido y ya a la mañana siguiente El Plural el documento completo. Todo porque horas antes varios medios, algunos espoleados por Miguel Ángel Rodríguez, habían difundido una versión contraria de los hechos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto y no al revés.

Hasta ahora el juez Hurtado se ha mostrado alineado con la tesis de González Amador y las acusaciones populares: la única posibilidad que contempla es que la filtración partiera de la Fiscalía. Ha desdeñado, al menos por el momento, que las difusiones “autorizadas” de otros correos del empresario afecten a la consideración de “secreto” de su confesión, y tampoco ha dado credibilidad a los periodistas que han explicado que ese correo y esas negociaciones ya eran conocidas desde hace días aunque no se hubieran publicado.

Este viernes declararon como testigos cuatro periodistas de El País y ratificaron que conocieron la confesión de González Amador 36 horas antes de que esa información llegara a manos del fiscal general. La Abogacía del Estado había pedido su comparecencia después de que consignaran ante un notario mensajes y llamadas que acreditan que en la mañana del 12 de marzo de 2024 un trabajador de la Fiscalía de Madrid les confirmó que los abogados de González Amador negociaban un posible pacto.

Procesamiento penal y pleito de honor perdido

En su comparecencia, su abogado Neira se amparó en su secreto profesional para no revelar al juez Hurtado ni a las partes si seguía negociando una conformidad con la Fiscalía en el caso de fraude fiscal de su cliente. Pocos días después llegó una decisión que ha dado más profundidad a la pregunta: el juzgado que le investiga desde hace un año por fraude fiscal y falsedad documental ha decidido procesarle a González Amador, a sus empresas y a los ‘factureros’ que, supuestamente, le ayudaron a engañar a Hacienda.

Lejos de las acusaciones de “inspección salvaje de Hacienda” lanzadas por Ayuso cuando elDiario.es destapó el caso, la magistrada entiende que los investigadores de la Agencia Tributaria dibujaron a la perfección lo que hizo el empresario para no pagar impuestos después de hacer fortuna como comisionista en la pandemia: usar facturas falsas para imputar gastos a sus propias empresas por trabajos no realizados y, en la práctica, dejar de abonar 350.000 euros en Impuesto de Sociedades por los dos millones de euros que ganó durante la crisis sanitaria intermediando en compraventas de mascarillas.

González Amador se acogió a su derecho a no declarar ante esta magistrada de la Plaza de Castilla, pero ante el juez Hurtado en el Supremo sí explicó varias veces que él nunca había reconocido haber usado facturas falsas para esquivar a Hacienda, desdeñando la confesión que su abogado elaboró en su nombre. Ahora, tras el auto de procesamiento y a las puertas de un previsible juicio, llega el momento habitual en el que las personas en la situación del comisionista deciden si pactan con la Fiscalía y la Abogacía del Estado o si dan la pelea.

Alberto González Amador a la salida de los Juzgados

La pareja de Díaz Ayuso también encara la fase final de los procesos penales en el juzgado y el Supremo con una mala noticia llegada desde la jurisdicción civil: el Supremo ha condenado al fracaso las demandas con las que pide casi medio millón de euros a los políticos, partidos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”.

Tras la testifical de los cuatro periodistas de El País, el juez Hurtado tiene por delante un dilema: pedir más diligencias o cerrar la investigación y mandar a juicio al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y el letrado de Pilar Rodríguez tienen pendiente decidir si estas dudas y contradicciones en el relato del empresario pueden convertirse en alguna nueva prueba o directamente en combustible para su defensa en un futuro juicio.