Mafia o democracia

“Mafia o democracia” será el lema de la manifestación contra el Gobierno que ha convocado para la semana que viene Alberto Núñez Feijóo. José María Aznar ya ha confirmado su asistencia. Sí, el mismo Aznar que tuvo entre sus ministros a Rodrigo Rato, a Eduardo Zaplana, a Jaume Matas… Estará en primera fila, a tope contra la corrupción. 

También asistirá M. Rajoy. Sí, el mismo expresidente del Gobierno cuyo ministro del Interior se sentará en el banquillo, acusado de usar a la policía para tapar la corrupción de su partido. El molt honorable Carlos Mazón también ha confirmado su asistencia –si aguanta otra semana, no descartes que pronto fuercen su dimisión–. Aún no se sabe si Isabel Díaz Ayuso acudirá sola o irá acompañada por el defraudador confeso, Alberto González Amador. 

Son los milagros del anómalo debate público español. 

En la misma semana en la que la pareja de Ayuso queda a un paso del banquillo, en los mismos días en los que mandan a prisión al exsecretario de Estado de Interior de Rajoy, todas las teles, todas las tertulias, han quedado monopolizadas por la rocambolesca historia de Leire Díez. La “fontanera”. La “cloaca del PSOE”, la llaman también. Esa militante socialista grabada mientras ofrecía tratos de favor en la Fiscalía a distintos imputados por corrupción. A cambio, Leire Díez pedía que le pasaran información contra mandos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde se investigan muchas de las principales causas contra la corrupción.

Algunos datos importantes, antes de seguir con la narración. 

En España existió una trama organizada en los cuerpos de seguridad del Estado. Algo sistémico. Una red corrupta y eficaz. Algo inaceptable en una democracia normal. 

El comisario Villarejo es su protagonista principal, pero no actuaba solo. Tenía jefes. Subordinados. Socios. Aliados. Esa policía patriótica, que floreció bajo el Gobierno de Rajoy, fabricó acusaciones falsas contra todos los enemigos políticos del PP: de la izquierda a los independentistas, pasando por la propia derecha. Es la misma cloaca policial que empleó los fondos reservados para espiar al tesorero Luis Bárcenas y robarle las pruebas que tenía contra el PP.

Buena parte de estos abusos policiales están ya en los tribunales. Algunos a la espera de juicio. Otros ya con condena. Hay denuncias que duermen el sueño de los justos en la Audiencia Nacional, otras están en investigación. Sigue siendo inquietante que el Centro Criptológico Nacional, del CNI, aún no haya logrado descifrar la mitad de los audios que el comisario Villarejo grabó –qué raro, esto también dependía del juez Manuel García Castellón–. Y eso que Villarejo decía que era la misma clave y la misma criptografía que el bloque de audios que sí llegó al juzgado. 

Aún no conocemos toda la historia. Pero lo que ya sabemos es aterrador y las pruebas son contundentes. El Gobierno de M. Rajoy usó el enorme poder del Estado para perseguir a inocentes, fabricar informes falsos, espiar a ciudadanos sin control judicial y destruir el patrimonio y la reputación de muchas personas.

¿Mafia o democracia?, que diría Alberto Núñez Feijóo.

¿Cómo de democrático es que la Policía se invente que un eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, ha traficado con 40 kilos de cocaína para así poder investigarle? 

¿Y cómo definir lo que le pasó al expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, que siendo inocente se pasó 643 días en prisión? ¿Es mafia? ¿Es democracia? ¿Son simplemente cosas que te podían pasar en aquella España si eras catalán?

Y la operación Cataluña, ¿cómo de democrática es? ¿Qué hacía el departamento de Asuntos Internos de la Policía espiando a los independentistas sin orden judicial? 

La primera noticia de aquella brigada secreta la publicamos en exclusiva en elDiario.es hace ya más de una década, en 2014. Leerla hoy pone los pelos de punta. Y nada pasó. 

Buena parte de los usos y costumbres de esa cloaca policial arrancan muchas décadas atrás. Varios de sus protagonistas echaron los dientes con la Brigada Político-Social de Billy el Niño, en ese centro de tortura de la dictadura que estaba en la Puerta del Sol. Algunas de las técnicas vienen de los años de la lucha contra ETA; donde casi todo valió. La excusa para que el fin justificara los medios fue el terrorismo, pero contra el independentismo pacífico catalán, o contra la izquierda, se aplicó buena parte del mismo manual. 

¿Estos policías actuaban solos? Pues claro que no. La red se extendía a la política, a los juzgados, a los medios de comunicación. 

Algunos de quienes se consideran afectados por esta cloaca y su enorme red de influencia llevan años intentando esclarecer lo ocurrido. Es una red informal que no surgió antes de ayer y que se ha acercado a más partidos, no solo al PSOE. Quieren saber qué pasó y también destapar a quienes colaboraron con esa organización. Les mueve un impulso que es fácil de describir: la venganza.

El líder entre ellos es un empresario tecnológico que perdió buena parte de su fortuna millonaria, Javier Pérez Dolset. A finales del siglo pasado, se hizo rico con la serie de videojuegos de más éxito de la historia del software español: Commandos. 

En 2017, Pérez Dolset fue detenido y encarcelado en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Entre otros asuntos, fue acusado de desviar dinero a unas cuentas en Panamá que –asegura– nunca existieron. Según denuncia, en entrevistas que ha dado a distintos medios, fue todo “una invención de la cloaca” para destruirlo. Los procesos judiciales que se iniciaron entonces –aún sigue imputado– acabaron con cientos de millones de su patrimonio, afirma también.

Pérez Dolset culpa al grupo Planeta y a uno de sus principales directivos, Mauricio Casals, de su caída a los infiernos. Hace dos años presentó una querella contra el presidente de Planeta y también presidente de Atresmedia, José Crehueras. Hace varios meses, en octubre de 2024, esa querella se archivó por falta de evidencias. 

“Leire Díez lleva investigando conmigo desde hace seis años las cloacas del Estado”, asegura también Dolset.

Y algunas cosas casan mal con esa explicación. Porque una cosa es investigar y otra proponer acuerdos con la Fiscalía a empresarios corruptos por su delación contra altos mandos de la Guardia Civil. ¿En calidad de qué?

“La basura no se combate con basura”, escribió en elDiario.es Esther Palomera, con toda la razón. Tampoco se entiende que el PSOE haya tardado tanto en responder ante esta irregular actuación de una militante que debería haber sido expulsada del partido: por el daño que está haciendo a su organización.

Si Leire Díez actuaba sola, es una irresponsable por ofrecer componendas así. Y si realmente es una enviada de Ferraz, es aún peor.

Por ahora, por mucho que se retuerzan algunos audios, no hay prueba sólida de que Leire Díez actuara a las órdenes de Ferraz. Tampoco es descartable que sea así. 

Cabe preguntarse también quién espió a Leire Díez. Es bastante evidente que alguien lo hizo. 

Pero lo que sin duda está por demostrar es que algunas de las ofertas inmorales que trasladaba Leire Díez en su “investigación” tuvieran efecto alguno. No se conoce ningún caso donde la Fiscalía haya actuado a favor de algunos de estos imputados por corrupción. Ni uno solo. 

El único acusado de corrupción que ha sido puesto en libertad de forma bastante anómala, a cambio de una supuesta colaboración con la Justicia que nunca llegó, es Víctor de Aldama. ¿Para hacerle un favor al PSOE o al Gobierno? No precisamente. Fue una decisión que impulsó un fiscal de Anticorrupción que ha trabajado para gobiernos del PP y que se tomó a espaldas del fiscal general del Estado, como ya te conté. 

El abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, es también abogado de Alejandro Hamlyn. Este empresario está imputado en la trama de los hidrocarburos, al igual que Aldama. Sobre él recaen las sospechas de haber grabado la famosa videoconferencia donde Leire Díez le ofrece la ayuda de la Fiscalía a cambio de pruebas contra la UCO. Es la voz que se escucha con más claridad –que en estos casos suele ser la pista más obvia de quién grabó–. 

Hamlyn está acusado de un presunto fraude de 154 millones de euros. Ahora vive en Dubai. Argumenta que no puede salir de ese país por una deuda de 5.000 euros. Es difícil de creer que alguien capaz de pagar a un abogado tan caro como Choclán no pueda afrontar una deuda así. 

El propio Víctor de Aldama se ha jactado públicamente de haber “tendido una trampa” al PSOE, con la filtración de esta grabación. No hay aún noticias de que su “colaboración” con la Justicia haya ofrecido algún dato de interés, pero sí de su gira mediática, de sus bulos, amenazas e insultos contra el Gobierno o de sus vacaciones en Ibiza a todo tren. 

Todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez –del PSOE al PNV, pasando por Podemos o Junts– creen que una parte de los aparatos del Estado trabaja para tumbar al Gobierno de coalición. Es algo que está a la vista de cualquiera con un mínimo de información: algo que Aznar invocó con “el que pueda hacer que haga”. Ocurre en varios juzgados, pero no solo allí. Se ha acelerado desde la ley de amnistía y el fracaso electoral de la derecha en 2023.

Es obvio que es un movimiento organizado. No son hechos espontáneos. Pero eso es otra historia que, más adelante, contaré.

Es llamativo que, en esta ocasión, las supuestas cloacas no tengan despacho en el Ministerio del Interior. Ni pistola. Ni placa. Ni autoridad formal. 

Las sospechas también señalan a la UCO. Ahí están las filtraciones sobre informes que después nunca aparecen. O los recientes errores de bulto –siempre en la misma dirección–. O las conexiones de algunos mandos con la enorme trama corrupta de los hidrocarburos. O ese exabrupto de un excapitán de la UCO que proponía poner “una bomba lapa” al coche de Pedro Sánchez (un capitán que ahora trabaja para Isabel Díaz Ayuso y que antes compadreo con Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Interior que está en prisión). 

En el PSOE ya se preparan para expulsar del todo a Leire Díez. Y hacen bien: lo que hizo es inaceptable. Pero comparar este episodio con “la cloaca” de Rajoy es algo difícil de tragar.

Quien decía aquello de “la fiscalía te lo afina” no era un militante de tercera regional: era el ministro del Interior de Rajoy. No ocurría en la oficina de un abogado: pasaba en su despacho oficial. Y era el propio Jorge Fernández Díaz quien grababa la conversación.

Quien pedía a “Luis, sé fuerte”, no era un empresario ajeno a la organización. El que prometía a Bárcenas que “hacemos lo que podemos” no era tampoco un espontáneo que pasara por allí. Era el mismísimo M. Rajoy. 

Y tanto que hicieron lo que pudieron. Encargaron a Villarejo que parara “la libretita” de Bárcenas. Sobornaron a su chófer para que le espiara. Robaron sus grabaciones. Y apartaron a varios jueces del caso Gürtel: Garzón, Pedreira, Ruz… Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

El votante progresista no tolera cierto hedor. Y hace bien en exigir un comportamiento ejemplar, una ética más exigente. Faltan explicaciones más claras por parte del PSOE sobre las maniobras de Leire Díez: con quién se comunicaba en el partido y qué trasladaba sobre estas reuniones en las que participaba. 

Pero si este gobierno es “la mafia”, ¿cómo llamamos al anterior?