Mercadona retira los huevos camperos que ‘la granja de los horrores’ distribuía en sus supermercados

Mercadona ha retirado los huevos camperos de la macrogranja de Mallorca, ubicada en el municipio de Llucmajor, después de la inspección realizada por agentes del Seprona de la Guardia Civil y de técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, según confirman fuentes de la cadena a elDiario.es. “Ante la notificación del Govern balear al proveedor avícola Son Perot, hemos retirado los huevos camperos de la explotación especificada por la autoridad”, señalan las mismas fuentes. “Aclarar que no existe ningún riesgo para la seguridad alimentaria”, indican y añaden que Mercadona solo distribuía los huevos camperos de la granja en supermercados de Menorca y Mallorca. Alcampo ya retiró los mismos huevos camperos el pasado martes, mientras que Eroski no ha comunicado a este diario una decisión a este respecto.

Este viernes, el Govern —a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural, que dirige Joan Simonet (PP)— hizo públicas las conclusiones de los informes que hicieron los técnicos de la Conselleria, así como los agentes del Seprona, que se desplazaron a la explotación avícola el martes sobre las 11 de la mañana —e inspeccionaron las naves hasta las 19:30 horas, aproximadamente), después de que elDiario.es avanzara la noche anterior las graves condiciones de insalubridad, falta de higiene y maltrato animal que había en el interior de la macrogranja de Llucmajor.

Esta investigación salió a la luz después de las revelaciones que hicieron a este diario —con pruebas que permitían verificar las imágenes grabadas— las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal. Por tanto, este viernes el Govern propuso multar con hasta 420.000 euros —en total, siete sanciones— a Avícola Son Perot S.A.

En la inspección, se pudo corroborar que las imágenes grabadas y difundidas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal coincidían con las que los técnicos desplegaron allí. Así, Agricultura informó de que el cierre de esta nave implicará “su vaciado sanitario”, es decir, el sacrificio de las más de 20.000 gallinas que albergaba, así como la inmovilización de los huevos en producción o que estuvieran en el almacén procedentes de esta zona de la granja.

Este es uno de los puntos que critican las entidades ARDE y Satya Animal, que exigen que los animales no sean sacrificados. “Nos parece un avance que se vayan a tomar medidas por parte de la Conselleria”, aseguró Julia Elizalde, portavoz de ARDE, a este diario. Sin embargo, Elizalde solicitó valorar, junto a veterinarios, “la viabilidad de evitar el sacrificio del mayor número de gallinas posibles”. Asimismo, indicaron que siguen exigiendo “el cierre de la granja”, como informó este diario. “Las sanciones administrativas son parches para una actividad que debe cesar inmediatamente”, concluyeron.Este sábado, de hecho, Satya Animal ha convocado una concentración frente al Ajuntament de Llucmajor, a las 17:30 horas, para protestar contra la empresa avícola.

Hace poco, los dueños de la granja de gallinas ponedoras recibieron una sanción del Govern, de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat.

Las actuaciones del Govern

En una comparecencia de prensa, Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, acompañado de Fernando Fernández, director general de Agricultura, anunció que abría expediente sancionador a la empresa por infracciones en materia de higiene en la producción ganadera, así como la adopción de medidas cautelares. Las infracciones, un total de siete, fueron calificadas de “graves”, y podrían conllevar una multa de hasta 420.000 euros —60.000 euros cada una—.

Asimismo, Simonet señaló que se suspendía de manera temporal la actividad de producción en una de las naves de la explotación, concretamente la 7G, y se ordenó la baja de inscripción al registro de esta instalación. Así, las aproximadamente 20.000 gallinas de esta nave se tendrán que sacrificar. Además, se inmovilizaron todos los huevos producidos en esta nave (también los que están ya almacenados) y se prohibió su distribución y comercialización, hecho que impedirá que estos huevos entren en la cadena alimentaria.

“El informe de los técnicos determina que las condiciones de higiene de la explotación son deficientes, pero especialmente graves en la nave 7G. Por eso, se ha ordenado su suspensión”, afirmó el conseller. Simonet manifestó también que, en el momento de la inspección, “la explotación no tenía los registros de limpieza y desinfección”. Así, destacó que “una vez se han analizado todas las pruebas y documentación, el Govern actuó en consecuencia, basándose en el informe técnico y tomando las medidas que establece la ley para garantizar el bienestar animal y la seguridad alimentaria”.

Por otro lado, Fernández, director general de Agricultura, detalló más partes del informe técnico, y apuntó que durante la inspección en la nave 7G se constató la presencia de ocho roedores muertos, “hecho que indica que las medidas de bioseguridad aplicadas no son las adecuadas”. “En el momento de la inspección se van a la nave 7G un total de 15 gallinas muertas, una cantidad que no es relevante, pero sí que lo es el estado de descomposición en que se han encontrado los animales, cosa que constata que no se retiran diariamente, que es el que marca la normativa”, afirmó. Así, el director general indicó que en las otras cinco naves se han podido constatar deficiencias leves, que “en ningún caso suponen infracciones graves, y que se trata de aspectos que se pueden resolver”.

La investigación empieza el martes

La investigación se inició el martes por la mañana, después de que la noche anterior elDiario.es desvelara en primicia que la macrogranja de Llucmajor presentaba unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas. Estos hechos, además, suponen un incumplimiento del artículo 6 del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas que regula las condiciones higiénico-sanitarias y de bioseguridad de las explotaciones.

De las imágenes se desprendía que los animales se encuentran en condiciones penosas. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones alertan de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.

En este sentido, Marina Sánchez, presidenta de Satya Animal, criticó a este diario que los consumidores “son engañados, creyendo apoyar el bienestar, cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular”. Cabe destacar también que la granja de Llucmajor recibió fondos europeos por valor de 381.777 euros a través del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (2014-2020) para la construcción y adquisición de equipos para la instalación de un centro de clasificación de huevos, como informó este diario.

La versión de Avícola Son Perot

En todo momento, la empresa avícola negó a este diario que sus instalaciones se encontraban en las condiciones descritas. Tras las consultas realizadas, señaló que “Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones”. “Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos”, afirmaban fuentes de la explotación.

“En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo”, indicaban. Además, explicaban que el pasado martes 20 de mayo —seis días antes de que este diario publicara las imágenes grabadas por ARDE y Satya Animal— se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, “superándose con normalidad” —a falta de completar documentación—.

“Asimismo, nuestras instalaciones reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente”, proseguían. Por todo ello, aseguraban, “cualquier inquietud sobre el estado de nuestras granjas queda debidamente aclarada”. “Finalmente, informamos de que nuestro Departamento Jurídico permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa”, finalizaba el comunicado remitido a este diario. La empresa ha preferido no responder a la última consulta de este diario, sobre si querían hacer algún comentario tras la inspección realizada por el Seprona y los técnicos del Govern.

Cabe señalar que, pese a todo, Avícola Son Perot S.A. mantiene el sello de bienestar animal Welfair, que otorga AENOR. La última auditoría superada por la empresa data del 20 de mayo, solo un mes después de la grabación de las imágenes difundidas, y solo seis días antes de su publicación en la prensa. Por otro lado, AENOR propuso a la empresa que esa auditoría fuera pactada, como desveló elDiario.es. AENOR no ha respondido a la consulta de este diario sobre si la auditoría del 20 de mayo fue por sorpresa o pactada con antelación —y en caso de que fuera pactada, con cuánta antelación—, y si las imágenes grabadas por las entidades animalistas son compatibles con el sello de bienestar animal Welfair.