Enfrentarse a un desahucio con cuatro hijos: “Tengo miedo de que un ‘poli’ nos despierte de una patada en la puerta”

Cada día, Floriana y Mario se levantan antes de las seis de la mañana y despiertan a sus cuatro hijos, que tienen entre tres y 15 años. No habría necesidad de madrugar tanto, porque sus colegios están solo a un par de calles, pero quieren estar preparados. “Tenemos miedo de que un ‘poli’ despierte a los niños dando una patada en la puerta”, explica Mario.

Esta familia se enfrenta a un desalojo que puede ocurrir cualquier día. Y quieren que, cuando los Mossos d’Esquadra se presenten en su casa, los pequeños estén listos para irse, que el estruendo y los golpes no les pillen todavía en pijama y desorientados. “Notan que pasa algo raro, aunque no les hemos dicho exactamente qué es”, cuenta su madre, que reconoce que cada vez le cuesta más mantener la buena cara.

Su casa está en un edificio de titularidad municipal, pero hace años que está vacío porque está afectado por un plan de reforma urbanística. Como no se estaban firmando nuevos contratos de alquiler, algunas entidades del barrio decidieron abrir sus puertas a familias vulnerables que tuvieran necesidad de un techo.

Familias como la de Floriana y Mario a quienes, después de haber sido expulsados de un piso realquilado, les propusieron ocupar una vivienda en esa finca. “Servicios Sociales solo nos ofreció techo por un mes. ¿Qué íbamos a hacer?”, se excusa este matrimonio.

Ese edificio, igual que otro que también es del Ayuntamiento y también será derribado, está lleno de casos como el suyo. Todos sus vecinos son parejas mayores o familias con niños a quienes los activistas del barrio les ayudaron a conseguir un techo para que no tuvieran que vivir en la calle o en los asentamientos de chabolas que se encuentran a poco más de un par de calles.

Son, en total, unas 40 personas -entre ellas 15 menores – y ahora serán desalojadas para que puedan empezar las obras del plan de reforma urbanístico, que se espera que inicien este verano. Para ello, el consistorio incoó un expediente administrativo en marzo para recuperar las fincas y poder proceder al desalojo. Hace apenas dos semanas, ambas se decretaron como infravivienda y los ocupantes recibieron una notificación: tenían cinco días para irse. El plazo ya se ha cumplido y ahora, en cualquier momento puede venir la policía a echarles.

“Es una casa normal. Está en buenas condiciones y hemos invertido mucho para poder vivir bien allí. Nuestros hijos van al cole en el barrio y tienen amigos. ¿Qué vamos a hacer si nos echan?”, se pregunta Floriana. Su marido insiste en que no quieren vivir gratis y que lo que quiere es pagar un alquiler. “Hago más de 30 llamadas al día, pero como somos rumanos, nadie nos quiere. Ni siquiera el Ayuntamiento nos ofrece un piso social”, se lamenta.

Desde el consistorio aseguran que cada caso está siendo estudiado por Servicios Sociales y que ofrecerán a cada unidad familiar “una alternativa en función de sus necesidades”. Pero Floriana y Mario aseguran que nadie les ha ofrecido nada. “Como mucho alguna noche en un albergue, pero ¿de qué me sirve eso con cuatro niños?”, apunta.

Una escolarización en riesgo

El asentamiento de chabolas que está cerca de estas dos fincas fue desalojado a principios de mayo y ahora está sembrado de vallas de hormigón para evitar que nadie vuelva a ocuparlo con casas hechas de latón y furgonetas. Ese solar acogía a una decena de personas y servía como almacén para aquellos que, como Mario, se dedicaban a la chatarra.

Pero desde el desalojo este hombre no tiene ingresos porque ya no tiene dónde guardar ni trabajar el material que recolecta antes de venderlo. “Hace meses que estoy haciendo cursos para ser electricista, pero todavía no he acabado y ahora no hay trabajo por ningún lado”, se lamenta este padre, que empieza a temer cómo la situación afectará a sus hijos.

“Tenemos mucho miedo de que la DGAIA [la Dirección de Infancia de la Generalitat] nos pueda quitar a los niños”, reconoce Mario. Su casa, a pesar de que está bien cuidada por dentro, ha sido declarada infravivienda por fallas en la estructura. Además, si les echan, se quedarán sin un techo y se verá obligado a irse del barrio y a cambiar de colegio a los niños, que inevitablemente pasarán algunas semanas sin ir a clase. “¿Y si nos los quitan?”, repite este hombre.

Muchos de los padres que se encuentran en su misma situación comparten este temor y, de hecho, de los 15 menores que había en estas fincas hace unas semanas, ahora solo quedan ocho. El resto se han ido; algunos han vuelto a Rumanía y otros se han cambiado de barrio o de ciudad.

“El resultado es que muchos de estos niños ahora están sin escolarizar. El Ayuntamiento no solo les está dejando sin techo, sino sin la posibilidad de tener una educación”, se lamenta José González, vecino que lleva años acompañando a las familias gitanas. “Ninguno de ellos tiene padres con estudios, pero en el barrio tenían referentes”, asegura este activista, que recuerda que entre los menores gitanos, más del 60% abandona los estudios de manera prematura y sólo el 0,4% accede a la universidad.

José González, durante una rueda de prensa para exigir la paralización del desalojo

Es por eso que las escuelas del barrio, en la que están -o estaban- escolarizados estos menores, se han movilizado y han presentado un manifiesto exigiendo que se pare el desalojo al que ya se han adherido 2.000 personas y más de 50 centros educativos.

“El impacto de ser expulsado de un hogar es permanente. Tenemos alumnos que sufren de ansiedad incluso años después”, explican desde la Plataforma 080, que coordina a maestros movilizados contra la precariedad habitacional. Aseguran que esta situación causa una “herida profunda y un estigma a largo plazo” para la que es necesario contar con apoyo psicológico y educadoras sociales. “Usamos recursos públicos para solucionar un problema causado por intereses privados”, afean.

La reforma urbanística de Vallcarca

Mario y Floriana reconocen que, si fueran solo ellos dos, se comprarían una furgoneta y vivirían en ella. Pero están decididos a encontrar un techo para sus hijos. “No entiendo por qué es tan difícil, si los pisos están ahí”, se lamenta Mario. Mira hacia la calle de la Mare de Déu del Coll, donde en la mañana del lunes se programó el derribo de un edificio expropiado por el Ayuntamiento. El objetivo es construir viviendas sociales, pero ni los permisos ni los contratos están licitados todavía, así que las obras podrían tardar años en empezar.

“Hasta entonces, ¿por qué no nos dejan estar ahí?”, se pregunta Floriana, repitiendo la misma cuestión que los activistas vecinales han planteado al consistorio. Exigen al alcalde que paralice el desalojo de estas familias o que, en su defecto, les ofrezca una alternativa digna en el barrio en el que están escolarizados sus hijos.

“Pero el Ayuntamiento no escucha, es perverso. No tiene sentido llevar a cabo sí o sí un proyecto si perjudica a tanta gente”, apuntan desde el colectivo Som Barri. Se refieren al plan de transformación urbanística de Vallcarca, una reforma ambiciosa que fue aprobada en 2019, pero que todavía no se ha puesto en marcha.

El objetivo es crear un gran espacio verde, reformar la avenida de Vallcarca, generar zonas deportivas al aire libre y construir 500 viviendas, el 40% de las cuales serán públicas, tal como establece la ley para zonas en expansión. Y el edificio de Floriana y Mario, así como el asentamiento de barracas, están en el espacio en el que estará la zona verde. “No es un problema que construyan viviendas, el problema es que desahucien a gente que se va a ir a la calle mientras tenemos más de 70.000 pisos vacíos en la ciudad”, apuntan desde Som Barri.

Para recuperar estos terrenos -que son propiedad del Ayuntamiento y de Núñez y Navarro- el consistorio ha recurrido al procedimiento administrativo. Se trata de un proceso largo, pero se aceleró con un incendio que hubo una noche en las barracas y a raíz del cual, los Bomberos decretaron el espacio como infravivienda con “riesgo inminente”. Eso les dio la oportunidad de entrar y desalojar sin previo aviso.

En el caso de los dos edificios, el procedimiento ha seguido su curso habitual y, después de una inspección, han sido calificados también de infravivienda. Con esto, los expedientes quedaron cerrados y se pidió a los vecinos abandonar sus casas de manera voluntaria. Algunos lo han hecho, para evitar problemas. Pero muchos otros se niegan a irse.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el desalojo podría tardar meses en darse, aunque las familias que se han quedado viven con el miedo incrustado. “Puede ser en cualquier momento y ojalá pudiera irme, me encantaría que mis hijos no vivieran así, pero no tenemos adonde ir”, confiesa Floriana, que por ahora seguirá despertando a sus pequeños a las seis de la mañana cada día.