La jueza de Leganés que investiga las muertes en residencias abre la puerta a la imputación de otro alto cargo de Ayuso

La magistrada de Leganés que investiga por la vía penal las muertes de ancianos en residencias de Madrid ha parado la testifical de Antonio Burgueño, alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, ante la posibilidad de que pueda ser citado como imputado en el futuro. La jueza, que también ha tomado declaración como testigos al exconsejero Alberto Reyero y a Juan Abarca, responsable de HM Hospitales, ha estimado esta petición de la Fiscalía después de que Burgueño haya explicado que, en una reunión con Ayuso y sus colaboradores el 11 de marzo, fue propuesto como mando único sanitario.

Es uno de los dos juzgados de la región que, recientemente, han abierto sendas causas penales para investigar las muertes de ancianos en residencias y los protocolos sanitarios de no derivación enviados esos días por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y que, según los afectados, propiciaron el fallecimiento de más de 7.000 personas. Burgueño, en ese momento asesor sanitario que elaboró el “plan de choque” anunciado por el gobierno regional en las primeras semanas de pandemia, ya ha sido imputado en otra causa que investiga un juzgado de la Plaza de Castilla.

En este caso, según ha explicado el abogado de la acusación Carlos Castillo a las puertas de los juzgados, la magistrada de Leganés ha interrumpido su testifical después de que la Fiscalía lo haya solicitado. El motivo es que Burgueño ha explicado que el 11 de marzo de 2020 acudió a una reunión con Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez y sus consejeros de Sanidad y Hacienda y allí, aunque no se habló de los protocolos, propuso crear un mando único sanitario. En ese momento, ha dicho el letrado, fue “nominado” aunque no nombrado formalmente como ese mando único.

Castillo, que llama a ser “prudentes” ante su posible imputación, ha explicado que en ese momento su declaración ha sido interrumpida. Será en los próximos días cuando la magistrada de Leganés decida si es llamado a declarar como imputado, tal y como ha sucedido en la causa de un juzgado de Madrid que también investiga estos protocolos y estos fallecimientos. A la salida de su declaración, Burgueño ha rechazado hacer declaraciones y se ha limitado a señalar, sobre los protocolos, que él “no estuvo” en esa fase.

Según ha explicado el letrado, también ha comparecido en calidad de testigo Juan Abarca, responsable de los centros privados HM Hospitales puestos a disposición de la Comunidad a través de ese mando único. “Se ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas a los hospitales privados, se hicieron previamente habiendo pasado por un hospital público: no se utilizaron los recursos de los hospitales privados en manos de la Comunidad para atender a los residentes”, ha dicho el letrado. Según la declaración de Abarca, ha dicho que apenas “entre dos y cuatro” residentes fueron derivados directamente a sus hospitales desde los geriátricos.

“Las personas morirán de forma indigna”

También ha comparecido en calidad de testigo Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales por Ciudadanos en el gobierno de coalición que, meses después, rompió Isabel Díaz Ayuso. Crítico con estos protocolos desde hace años, incluso en un libro que ha escrito al respecto, Reyero ha explicado ante las cámaras que ha reiterado lo que sabe de la creación de los protocolos: “Los firmó Carlos Mur, eran fundamentalmente dirigidos a los hospitales. Me dirigí a él y dije que si se aplicaban, las personas morirían de forma indigna, y expliqué las razones por las que pensaba que se estaba discriminando a las personas que vivían en residencias”.

Carlos Mur, entonces coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso, está llamado a declarar como investigado junto con su sucesor en esta causa dentro de dos semanas. En otras causas judiciales, Mur ha comparecido como testigo para defender la creación de estos protocolos como algo no obligatorio para los facultativos y buscando que los médicos y geriatras tuvieran un criterio al que agarrarse. Mur también está imputado en la causa abierta en un juzgado de la ciudad de Madrid, aunque su declaración como investigado se retrasó para que su abogado tuviera tiempo de examinar las actuaciones.