Las declaraciones en el juzgado por las muertes en residencias escalan las responsabilidades del gobierno de Ayuso

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se vuelve a enfrentar a su gestión en las residencias durante la pandemia. La apertura de dos causas judiciales contra varios ex altos cargos de su Ejecutivo para investigar cómo se implementó el protocolo que impidió la derivación de miles de ancianos vuelve a situar este asunto en el foco mediático y político. Desde el equipo de la presidenta madrileña se minimiza el alcance judicial de estas investigaciones. “Volverán a ser archivadas”, aseguró este viernes el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín, que acusó a la izquierda de “retorcer el dolor” y “tratar de judicializar” la gestión de las residencias.

La declaración de Burgueño como testigo este martes ha abierto la posibilidad de que el sanitario pueda ser citado como imputado en el futuro en la causa abierta por una jueza de Leganés, impulsada tras la denuncia de dos familiares de residentes por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La magistrada ha parado la testifical de Burgueño ante la posibilidad de que pueda llamarle como investigado, según ha informado el abogado de la acusación Carlos Castillo.

Al inicio de la pandemia, Ayuso llamó a Burgueño. Se reunió con ella y con los exconsejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Lasquetty, en la Puerta del Sol. Un día después, él y su equipo presentaron un plan con 270 tareas para combatir el coronavirus en Madrid. Ese es el relato que siempre ha mantenido en público el facultativo sobre su incorporación al equipo de la presidenta durante la pandemia, donde presentó servicios de asesoramiento, tal y como explicó en una entrevista con El País.

“La medicalización de las residencias no se llevó a cabo”, reconoció Burgueño en esa entrevista, en la que también reconoció que “faltó jerarquía, rapidez y eficacia”. “No ha pasado solo en la Comunidad de Madrid, sino en las 17 comunidades autónomas. Mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria en la Comunidad, pero ellos no fueron (a las residencias). La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados”, explicó.

Este martes Burgueño no fue el único en dar explicaciones sobre lo sucedido en las residencias de ancianos, también han declarado en el juzgado de Leganés el exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, muy crítico con los protocolos que impidieron la derivación sanitaria, y Juan Abarca, responsable de los centros privados HM Hospitales, que ha asegurado que por orden de la Comunidad de Madrid “no existieron derivaciones directas a los hospitales privados”, como ha señalado Castillo.

Burgueño también está citado a declarar en otra causa que abrió un juzgado de Madrid por los mismos hechos. Esta investigación fue reabierta a petición de la Fiscalía e impulsada por la demanda de 109 familiares de fallecidos. Ante este nuevo proceso, la presidenta de la Comunidad de Madrid trató de desvincular a su Gobierno del facultativo, señalando que “era una persona que asesoró durante pocos días y de manera voluntaria al Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Por lo tanto, considera que tratarle como un ex alto cargo de su Ejecutivo “no es ajustarse a la verdad” y busca “hacerle parecer aún más culpable”.

Como ya ha realizado en otras ocasiones, Ayuso se ha presentado como víctima de una “presunta operación de Estado”, tras conocerse la primera causa judicial en la que se imputó a dos de sus ex altos cargos por la implantación de los protocolos.

Ayuso se sitúa como víctima de otra “operación de Estado”

“Esto se archivó hace tres años, ahora lo reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de estado contra mí, y que a su vez este señor depende del presidente del Gobierno”, respondió la mandataria el pasado miércoles al ser preguntada por la investigación a Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. En la segunda causa, también está imputado Pablo Busca, quien era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia.

En su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Mur afirmó que los protocolos no eran meros “borradores”, sino que pretendían dar “criterios homogéneos” a los directores de residencias y hospitales ante una situación de “desastre sanitario”. No obstante, defendió que no era una “exclusión generalizada”, ya que debía de evaluarse cada caso “de manera individual”.

Las familias han valorado “positivamente” sus declaraciones en el juzgado, y consideran que las declaraciones de los testigos pueden acercar a la jueza “al núcleo que tomó la decisión” de implementar los protocolos, tal y como explica Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. Esta organización pide a la magistrada que “valore toda” la documentación. “Si ve indicios de delito que tire hacia arriba, llegue hasta el final, y que depure las responsabilidades al máximo. Esa es nuestra aspiración y no vamos a bajar de ahí”, indica.

Este asunto sigue siendo uno de los más delicados para el Gobierno de Ayuso. La mandataria ha llegado a perder las formas en la Asamblea de Madrid cuando los partidos de la oposición, Más Madrid y el PSOE-M, le han recordado la gestión de la Comunidad de Madrid en los centros de mayores durante la pandemia. En febrero de 2024, llegó a asegurar en sede parlamentaria que “cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”.

Un año después volvió a la carga, pero en esta ocasión en contra de las organizaciones que agrupan a los familiares de las víctimas, a las que se refirió como “mareas de rebotados” que no lograron puestos en los partidos de la oposición. Ante las críticas de las formaciones progresistas de la cámara regional, optó de nuevo por la descalificación. “Siempre nos están llevando por las mismas mierdas”, les dijo.

Una ofensiva similar fue emprendida por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que lanzó un bulo en sus redes sociales asegurando que tenía “confirmado” que la madre de una mujer que habló en el programa ‘Lo de Évole’ no estaba en ninguna residencia de Madrid. Tuvo que rectificar, y reconocer posteriormente que esa afirmación era falsa.