La jefa de seguridad del Palau borró las grabaciones del día de la DANA a los 15 días pese a las diligencias abiertas y las sospechas sobre Mazón

Un texto de apenas un folio, con siete párrafos que recopilan la legislación vigente en protección de datos y la ley sobre el uso de videocámaras por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es el informe con el que el Gobierno valenciano justificó el borrado de las grabaciones de las cámaras del Palau de la Generalitat correspondientes al 29 de octubre, fecha en la que una DANA arrasó las comarcas valencianas. La número dos del Gobierno de Carlos Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero, leyó uno de los párrafos del informe en rueda de prensa, cuando fue interpelada por la custodia de estas imágenes, claves para saber a qué hora entró el presidente valenciano en su lugar de trabajo tras la comida, si es que llegó a acudir esa tarde, y apuntó a la jefa de seguridad del Palau de la Generalitat Valenciana, Pilar Bojó, como responsable de la decisión.

La inspectora jefa, recientemente apartada de sus responsabilidades en el Palau como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, elaboró un escueto documento para justificar el borrado que se produjo 15 días después de la riada. La responsable de seguridad del Palau de la Generalitat Valenciana avaló la eliminación de las imágenes con numerosas diligencias abiertas sobre fallecimientos el día de la DANA ya en marcha y cuando ya se estaba cuestionando públicamente la actuación -la ausencia- del presidente Carlos Mazón. El 6 de noviembre, siete días después de la DANA, elDiario.es ya publicó que el presidente valenciano estaba en una comida y que había un vacío de unas cinco horas en su agenda hasta que llega al Centro de Coordinación de Emergencias en l’Eliana, donde estaba reunido el gabinete de crisis encabezado por la consellera de Justicia, Salomé Pradas. El día 8 se supo que el presidente estaba comiendo en el restaurante El Ventorro con una periodista a la que, según la versión del Palau, le ofreció la dirección de la radiotelevisión pública valenciana.

El borrado de las cámaras se produjo quince días después de manera automática, según consta en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. La responsable de seguridad del Palau, que firma una nota informativa el 3 de marzo a petición de la Jefatura, remite a la legislación en protección de datos y de uso de cámaras de vigilancia, donde se indica que “las grabaciones realizadas no podrán destinarse a un uso distinto del de su finalidad”. A renglón seguido, la ley de Seguridad Privada establece: “Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o afecten a fuerzas de seguridad ciudadana, se aportarán, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respetando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su válida aportación como evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales”. El presidente de la Generalitat no ha sido citado como investigado en la causa, pero la jueza le ha invitado en numerosas ocasiones a acudir como testigo.

La nota informativa se envía desde el departamento de seguridad de Presidencia a la Jefatura de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, que encabeza la comisaria Marisol Conde, quien ha propuesto a Bojó para una medalla blanca del Ministerio de Interior y a los escoltas de Mazón para las condecoraciones de la Generalitat. En el documento no se hace mención alguna sobre el momento en el que se deciden borrar las imágenes, ni sobre si se meditó o no mantenerlas dada la investigación judicial que apuntaba a la actuación del Gobierno autonómico. El documento, remitido a Compromís en una respuesta parlamentaria, se limita a recopilar de la legislación vigente y se informa sobre el procedimiento ordinario.

“En estos momentos las videocámaras del Palau de la Generalitat conservan las imágenes un máximo de 15 días. Pasado este tiempo y salvo que hayan sido requeridas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la forma prevista por la Ley, éstas se borran. El procedimiento de borrado se da por la superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes”, dice el texto. Exactamente el texto que leyó Camarero en la rueda de prensa, cuando se le interpeló por esta decisión, y descargó la responsabilidad en la inspectora jefa, responsable de seguridad de Presidencia.

La coalición considera que “el Gobierno valenciano está obsesionado en ocultar dónde estaba Mazón” el pasado 29 de octubre, lo que “hace pensar que nos sigue mintiendo y que la verdad debe ser inconfesable. Cada intento de ocultar la verdad es un insulto a las víctimas y al conjunto de la sociedad valenciana”, denuncian. “Es increíble que más de 7 meses después los valencianos aún no sepamos dónde estuvo ni qué hacía Carlos Mazón el día que murieron 228 personas, muchas de ellas por la incompetencia y negligencia del gobierno valenciano”, apuntan los valencianistas.