Presiones para conseguir los terrenos del macroparque eólico de Forestalia en Teruel: “Es un acoso y derribo”

En julio de 2023, los padres de Laura –quien prefiere usar un nombre ficticio para proteger su identidad– recibieron una carta de la empresa Energías Renovables de Ormuz, perteneciente al grupo Forestalia. En septiembre del mismo año recibieron otra, firmada en esta ocasión por Energías Renovables de Gladieteur, del mismo grupo empresarial. Una semana después, una tercera carta con el mismo remitente.

En todos los escritos, la empresa informaba de que un proyecto de línea de alta tensión iba a afectar a sus parcelas, y ofrecía los números de teléfono de los comerciales en la zona para que los propietarios, dos octogenarios residentes en un pueblo de la comarca turolense de El Maestrazgo, se pusieran en contacto con ellos a fin de lograr un acuerdo de arrendamiento “antes de comenzar los trámites de solicitud de Declaración de Utilidad Pública”. Trámites que, anunciaba la empresa, se iniciarían “en un breve plazo” y con los cuales la legislación española permite expropiar terrenos.

Casi dos años después de esa primera carta, Laura califica el trato de la empresa hacia sus padres hasta la fecha como un “acoso y derribo”. Ellos, igual que su hija, se oponen a la infraestructura sobre todo por motivos ambientales. La línea forma parte del controvertido macroparque eólico que Forestalia ha impulsado en la región montañosa de El Maestrazgo. Se trata de un área que el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce como “de alta sensibilidad ambiental”. Una buena parte del territorio está protegido bajo la Red Natura 2000, con zonas de especial conservación (ZEC), lugares de interés comunitario (LIC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA). La región acoge 16 municipios donde viven cerca de 3.200 personas.

Los alcaldes de estas localidades están, por lo general, a favor del proyecto, que tendrá una capacidad total de 744 MW, energía limpia y renovable que, según los promotores, podrá cubrir las necesidades de 570.000 hogares. Pero algunos de sus ciudadanos denuncian haber recibido múltiples cartas “intimidatorias” para que firmen los acuerdos de arrendamiento de sus parcelas antes de que estas pudieran verse afectadas por un proceso de expropiación. Ballena Blanca ha podido leer seis de ellas, en las que se avisa a los propietarios de que, si no llegan un acuerdo de arrendamiento, se instará a la expropiación de los terrenos para levantar los aerogeneradores y las líneas de evacuación.

Aunque cada uno de estos avisos ha sido ligeramente diferente, se ha tratado en todo caso de “cartas muy poco profesionales, como correo masivo, muchas veces sin el logotipo de la empresa, y nunca certificadas”, se queja Laura. Otras veces llamaban directamente a sus teléfonos móviles, cuenta ella, y se pregunta de dónde obtuvieron esos datos que son personales. Su familia y ella supieron del proyecto a principios de 2021, pero la empresa no les contactó hasta 2023, asegura Laura. Una vez recibidas las cartas de Forestalia, ella actuó como interlocutora con la compañía para no angustiar a sus padres. “Ellos tienen más miedo. Tienen miedo de que al final les expropien la finca y no les den nada. Juegan con eso, con la gente mayor”, arguye.

Preguntados por Ballena Blanca, desde la compañía que dirige el aragonés Fernando Samper alegan que “en todos los proyectos promovidos por Forestalia, sean de un tipo u otro, se envían varias cartas a los propietarios de los terrenos, para facilitarles el contacto con Forestalia, ponerse a su disposición, ofrecerles información sobre los procedimientos y la legislación vigente, etcétera”.

“El objetivo de los promotores, incluido Forestalia, siempre es tratar de evitar hasta el último momento tener que recurrir al procedimiento expropiatorio, al que autoriza la ley”, precisan en un correo electrónico.

Por el arrendamiento de su parcela para la instalación de la línea de alta tensión, la empresa ofrece a los padres de Laura cerca de 1.700 euros anuales. “Son miserias, pero no se trata de dinero, porque no hay dinero que compense todo el destrozo que se va a hacer”, juzga ella. “Mi madre no es ecologista de nombre, pero sí de nacimiento. Le duele lo que no está escrito solo imaginar el destrozo que se va a provocar, porque además El Maestrazgo es muy abrupto y los caminos que tienen que abrir, que son autopistas, los desmontes que se van a tener que hacer… Yo creo que la gente que no está en contra de esto no se hace una idea del destrozo que va a ser”.

En Transición Ecológica señalan que las zonas afectadas que no hayan sido ocupadas de forma permanente serán restauradas y revegetadas tras acabar las obras, “según el plan de restauración ambiental presentado por el promotor, que tendrá que estar aprobado por el órgano  competente en materia forestal y de biodiversidad”. Las misivas y los comerciales siguieron llegando a lo largo de 2023 y 2024. 

Para proteger de estos sustos a sus padres, que también están muy mayores, Lucas –también prefiere no exponerse con su nombre real– tuvo que ponerse serio con el comercial enviado por Forestalia. Finalmente, intercambió con él algunos correos con un tono que Lucas califica como “chantaje emocional”, en los que el comercial hablaba incluso de la profesión de la pareja de Samper, asunto que nada tenía que ver con la negociación del acuerdo.

En su finca planean instalar uno de los 125 aerogeneradores –de unos 200 metros de altura– proyectados en la región. Sus padres aún no han firmado ningún acuerdo de arrendamiento. Les ofrecen cerca de 11.000 euros anuales por el alquiler de la parcela. “Desde el principio le dije al comercial que había ido a casa que no les mareasen mucho a ellos, que no les llamasen, que hablasen conmigo directamente. Y lo respetaron un poco al principio, pero luego no. A veces a mi padre le han mandado alguna información sobre cómo se va a favorecer a las energías renovables, y le han intentado presionar”.

Cuando en diciembre de 2020 se presentó el proyecto eólico Cluster Maestrazgo, Forestalia contemplaba la instalación de 162 aerogeneradores repartidos en diferentes municipios de la comarca. Se solapaban con varios espacios protegidos por la Red Natura 2000, donde incluso operan programas de recuperación de especies de aves, como el águila perdicera y el quebrantahuesos.

“El parque eólico afectará a uno de los mejores corredores ecológicos que tenemos dentro de la península ibérica y deberían considerar la instalación y el desarrollo del proyecto”, juzga Kiko Gil, socio fundador de la fundación Quebrantahuesos, que forma parte de la plataforma 13M, en contra del proyecto renovable. 

“La Red Natura 2000 debería estar absolutamente excluida como lugar de alto valor ambiental para la instalación de parques industriales, porque esto es un parque industrial”, recuerda. Desde la Fundación Quebrantahuesos calculan que cada año mueren de media 500 buitres leonados a consecuencia de los parques eólicos. La principal causa de muerte, según muestran las necropsias que se hacen a los animales una vez son llevados al centro de recuperación de especies de la Alfranca, es la colisión con las aspas de los molinos, que pueden rotar a 200 km/h, arguye Gil.

Tras los filtros aplicados por el ministerio, del proyecto se retiraron 36 aerogeneradores y dos parques por no cumplir con los criterios ambientales, pero todavía 80 de los 125 molinos restantes estarán situados en esas áreas protegidas, si bien ninguna en una ZEPA. Al rebajar también el número de molinos, se cayó del proyecto uno que se planeaba instalar en la finca de los padres de Laura. Lo colocaron en la del propietario de al lado, que tampoco lo quiere, asegura ella. “Yo creo que hacen estas cosas porque piensan que así nos vamos a enemistar, que nos vamos a enfadar y a decir ”pues no, que el molino lo quiero yo“. Pero en mi casa decíamos ”mira, han quitado el molino; ahora que nos quiten también la línea“.

Laura aclara que no está en contra de las renovables. “Ni siquiera estamos en contra de que se hagan aquí”, dice, refiriéndose a la provincia de Teruel. Pero rechaza que se instalen en un área protegida, de alto valor ambiental, como es El Maestrazgo. “Y sobre todo no de esta manera”, sostiene, con estas formas a su juicio “intimidatorias”, con “oscurantismo” y poca participación.

Después de insistir un tiempo con Laura y sus padres, estos recibieron una llamada del Ayuntamiento de Cantavieja. “Avisaban de que iba a pasar una persona de la empresa a traer los contratos por si se querían firmar”, dice, y destaca como “curioso” el hecho de que los ayuntamientos hayan prestado sus instalaciones para facilitar la firma de contratos con esta empresa privada.

Además, ni Laura ni su familia, ni otros vecinos consultados para este reportaje, ven bien que los ayuntamientos de Cantavieja, Fortanete y La Iglesuela del Cid modificaran sus normas urbanísticas para permitir la instalación de renovables acorde con el proyecto de Forestalia en El Maestrazgo.

Fernando Safont, presidente de la comarca y alcalde de La Iglesuela del Cid, reconoce que el macroproyecto eólico fue uno de los motivos para actualizar la normativa urbanística, pero dice que fue “uno entre muchos otros”, y “ni siquiera el principal”.

Safont fundó y preside la Asociación Viento Alto, desde la que, en 2017, propusieron impulsar la energía eólica en la comarca. Fueron ellos los que acudieron a Forestalia –y a otras empresas del sector, según explica– con la idea de crear un parque eólico en la región montañosa, desde donde ya tenían el impacto visual, paisajístico, de los molinos instalados en las regiones aledañas. “Forestalia fue la única que apostó por nuestro territorio”, dice el alcalde.

Afirma que desde 2017 ya se informó a los vecinos de varios pueblos –incluidos los municipios donde viven los padres de Laura y de Lucas–, y se organizaron sesiones explicativas para dar a conocer los detalles. Aun admitiendo que “algunas cosas, como las cartas, se pudieron hacer mal”, se muestra molesto con la reacción de las plataformas ciudadanas y ecologistas que han criticado el proyecto. Sostiene que muchas de estas organizaciones –menciona, por ejemplo, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel– están impulsadas por personas que no viven en los pueblos de El Maestrazgo. Los aerogeneradores van a dejar dinero, sostiene, y eso se traducirá en servicios y crecimiento para la región, así como en puestos de trabajo y oportunidades para luchar contra la despoblación.

Él lleva cinco legislaturas en el Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid, y ha sido testigo de la fuga de población –sobre todo joven– para buscar trabajo fuera. Ahora quedan cerca de 380 habitantes en su pueblo, mientras que cuando entró al Ayuntamiento eran unas 500, recuerda. “Me duele que la gente que no conozca El Maestrazgo, que no haya vivido aquí, que solamente venga dos días –y algunos que ni han venido a verlo–, pueda decidir por nosotros. Opinar, que opine todo el mundo, pero que nos dejen decidir a la gente del territorio”, sentencia.

El alcalde calcula que el proyecto eólico dejará en la comarca unos 130 millones de euros “en impuestos directos a los municipios”. A esa cifra se suman los alquileres de los terrenos para los aerogeneradores –cerca de 11.000 euros anuales por cada molino–, además del aprovechamiento energético. 

Por otro lado, con el acuerdo cerrado con Forestalia, dice que a los vecinos del pueblo les saldrá prácticamente gratis la electricidad. Algunas organizaciones ecologistas a nivel nacional, como Greenpeace, también han manifestado su rechazo al macroparque eólico, incluso después de que se aprobara la Declaración de Impacto Ambiental, en la que se establecen diversas medidas de prevención para la conservación de la avifauna y los quirópteros. “Protocolos de parada y arranque, dispositivos anticolisión, dispositivos automáticos de detección de ultrasonidos… y un programa de seguimiento estricto junto la comunidad autónoma, durante los cinco primeros años, para corroborar la eficacia de las medidas propuestas”, enumeran en Transición Ecológica.