Seis meses de Aldama en libertad: acusaciones, mucha televisión y llamamientos a derrocar a Pedro Sánchez

Víctor de Aldama abandonó la cárcel de Soto del Real en noviembre de 2024. Lo hizo con una advertencia lanzada hacia el Palacio de la Moncloa: “Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas”, después de que Pedro Sánchez calificara como “inventada” sus acusaciones contra el Gobierno. Los jueces, después de que saliera de prisión con el visto bueno de Anticorrupción, siguen analizando si su confesión contenía pruebas válidas o fuegos de artificio. Mientras, Aldama, imputado en varias causas, ha tratado de convertirse en un activo en la lucha contra el Gobierno al que, según afirma él mismo, intentó corromper. Su última intervención ha sido encararse con Leire Díez y Javier Pérez Dolset mientras reclama que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haga “lo que tiene que hacer” para “sacar” a Pedro Sánchez del Ejecutivo.

La imagen de este empresario estuvo plácidamente ligada durante años al Zamora Club de Fútbol hasta que fue detenido en febrero de 2024 acusado de ser el “conseguidor” de una red de corrupción liderada por Koldo García, mano derecha durante años de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. También de haber conseguido o facilitado de forma irregular contratos millonarios de compraventa de mascarillas en la pandemia de coronavirus. Sus primeros meses como imputado en un caso que afectaba de lleno al Gobierno pasaron desapercibidos hasta que la Guardia Civil volvió a llamar a su puerta casi ocho meses después.

La Audiencia Nacional reveló entonces que el ‘caso Koldo’ y las mascarillas no eran el único motivo por el que seguían la pista a Aldama. El empresario y varios de sus colaboradores fueron enviados a prisión provisional por el denominado ‘caso hidrocarburos’, un supuesto fraude fiscal de más de 182 millones de euros a través de entramados empresariales de este sector. En esa causa se investigan delitos que no solo acarrean la cárcel sino potenciales multas de cientos de millones de euros.

Esta entrada en prisión fue el pistoletazo de salida a una serie de filtraciones. Entre ellas, su foto con Pedro Sánchez en un mitin del PSOE de 2019, que según dijo Aldama en sede judicial fue hecha porque la pidió el presidente del Gobierno y no al revés. Las revelaciones coloridas sobre la relación del empresario con Ábalos y Koldo se mezclaban y confundían con los hallazgos de la Guardia Civil hasta que Aldama y su abogado tomaron la iniciativa con una pirueta de la mano de Anticorrupción: confesar en el ‘caso Koldo’ a cambio de quedar en libertad en la trama de los hidrocarburos.

Víctor de Aldama, durante su declaración en la Audiencia Nacional.

El empresario compareció ante el juez Ismael Moreno, que investiga el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, un mes y diez días después de entrar en furgón en Soto del Real. Habló durante casi dos horas. Aseguró que había pagado mordidas de 650.000 euros a Ábalos y de 100.000 euros a su asesor Koldo García, sin incluir otros pagos en especies. También habló de un pago de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, otros 25.000 euros más para el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y de una petición de 50.000 euros para el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. Todos los aludidos lo niegan.

Ofreció, además, jugosos detalles de los grandes fetiches de la derecha: el rescate millonario de Air Europa y la estancia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana con la que tenía negocios, en el aeropuerto de Madrid.

Para entonces, la Guardia Civil ya seguía el rastro de Ábalos y Koldo García y sus relaciones con Aldama y había presentado un informe en el que señalaba el “papel relevante” del exministro en la trama. Anticorrupción entendió que la confesión era tan importante como para pedir a otro juez, el magistrado Santiago Pedraz que le mantenía en prisión por la trama de hidrocarburos, que le sacara de la cárcel. La causa estaba bajo secreto, la Fiscalía de Alejandro Luzón era la única acusación personada y su apoyo a la petición de Aldama no dejó otra salida que su puesta en libertad.

Aldama, visiblemente molesto con que Sánchez hubiera rebajado la expectación por su confesión, prometió “pruebas” en las puertas de la cárcel y las empezó a presentar con cuentagotas en el Supremo. Documentos, mensajes y sus propias declaraciones, la gran mayoría pendientes de ratificación por parte de la UCO y el juez que investiga a Ábalos por corrupción. No obstante, el magistrado afirmó recientemente en uno de sus autos que “no conviene minimizar” el valor probatorio de las declaraciones del empresario.

Contratos, sobornos y un alquiler

Entre esas supuestas pruebas, aportó un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde figura una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”. Para apoyar su testimonio, el comisionista proporcionó un pantallazo con unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde figurarían hasta seis contratos amañados. Según su relato, lo habitual era que el asesor hiciera de receptor de esos fondos, que luego distribuía a su jefe informándole a él de cada una de esas entregas.

Para tratar de cotejar la veracidad de esas notas manuscritas, el juez encargó un informe pericial que concluyó que esos escritos eran de Koldo García, quien había rechazado que fuera su letra. Ese informe pericial es en el que se basó el juez para pedir a la UCO que investigara las obras señaladas por el conseguidor. La unidad del instituto armado ya está tratando de fiscalizar todo el proceso e identificar a las empresas finalmente adjudicatarias de esas obras.

El magistrado Puente cree que la “coincidencia existente” entre la letra del que fuera asesor de Ábalos y la que figura en el manuscrito presentado por Aldama justifica la investigación de esas adjudicaciones y también de las que aparecen en el citado listado reflejado en un anexo de inversiones de los Presupuestos.

Entre las acusaciones lanzadas por Aldama están también las relativas a los pisos de alquiler turístico que asegura haber pagado para que Ábalos, Koldo García y otras personas mantuvieran encuentros con mujeres. En el escrito que aportó al Supremo afirmó que fue “recurrente el alquiler de un piso en la calle Atocha”, aunque ante el juez reconoció que en ese piso hubo solo un encuentro.

El magistrado le reclamó el pasado febrero la relación de esos supuestos pisos que dice haber facilitado y recabar las fechas de los contratos y estancias y el pago de las mismas, así como si hubo pagos a las mujeres y quién los asumió. No consta, por el momento, que esa documentación haya sido aportada.

Entre los sobornos que sí aparecen acreditados está el pago del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos. Se trata de una renta de 2.700 euros mensuales que pagó durante casi tres años. Las pesquisas han acreditado que Aldama, a través de un socio, abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros.

“Lo que tiene que hacer” Feijóo

El empresario acudió al Supremo a declarar acompañado del ultra Daniel Esteve, líder de Desokupa, dando a entender que necesitaba protección para caminar diez metros por una de las calles con más vigilancia policial de todo Madrid. Este miércoles, sin protección y buscando el contacto físico, Aldama ha acudido al hotel donde Leire Díez daba explicaciones sobre sus reuniones y audios. Allí se encaró y forcejeó con el empresario Pérez Dolset, que trató de impedir que abordara a Díez.

“A ver si Feijóo hace lo que tiene que hacer para echar a este Gobierno”, dijo mientras se marchaba del lugar. Sus advertencias y arengas contra Sánchez no son nuevas desde que salió de la cárcel, aunque sí es la primera vez que insta al Partido Popular, principal beneficiario político de sus palabras, a recoger el guante.

Sus primeras entrevistas tras salir de la cárcel, como la que ofreció en el programa de máxima audiencia de la COPE con Carlos Herrera, ya dejaron claro que, según Aldama, el Gobierno debía abandonar la Moncloa. “Es muy grave que haya nombrado a todas las personas que he nombrado y sigamos en pie”, dijo tras ofenderse porque el presentador le preguntara por las pruebas que tenía.

En esa entrevista reveló la existencia de una denuncia en la Fiscalía con un “listado” de supuestas cuentas millonarias en el extranjero a nombre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de otros miembros del Ejecutivo. La Fiscalía Anticorrupción archivó esas denuncias por su falta de “credibilidad” el 22 de enero, el mismo día que Aldama aireó su existencia.

Sus entrevistas han ido subiendo de tono —hace menos de una semana pidió “parar” o hacer “dimitir” a Sánchez en el programa de Iker Jiménez— mientras su nombre ha aparecido como supuesto inductor de informaciones dudosas sobre el Gobierno. Este mismo miércoles, la empresaria Leonor González Pano, que en una entrevista afirmó que Ábalos había cobrado una comisión de medio millón por facilitar el rescate de Air Europa, ha reconocido ante un juez que la única prueba que tiene es la palabra de Aldama. Su madre, Carmen Pano, también afirmó sin pruebas que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz para pagar favores.

Su última aparición extrajudicial tiene que ver con Leire Díez, el empresario Pérez Dolset y lo que el PP ya ha bautizado como las “cloacas” del PSOE. Según dijo en el programa de Ana Rosa Quintana, una de las grabaciones en las que la entonces militante socialista hablaba con el empresario Alejandro Hamlyn era una “trampa” promovida por él mismo. Aldama afirma que era “un cebo” urdido junto a este empresario para que pasara lo que ha pasado: que Díez fuera grabada y todo trascendiera.

Entrevistas, intervenciones públicas y filtraciones que marcan los casi siete meses que Aldama lleva en libertad con el visto bueno de Anticorrupción. Todo, mientras los jueces de la Audiencia Nacional y el Supremo siguen intentando separar el grano de la paja de su confesión. Descubrir si aportó pruebas relevantes para las investigaciones o promesas para quedar en libertad.