Sin agua, comida ni ducha: migrantes vulnerables llegados a Mallorca en patera duermen al raso

Mallorca se ha convertido en una frontera exterior de facto de la Unión Europea. A pesar de ser identificados como vulnerables por Cruz Roja, migrantes recién llegados en patera a la isla duermen en la calle una vez concluidos los trámites policiales. Sin agua, comida ni atención, esperan durante horas, al raso, el próximo ferry que les traslade a València, Dénia o Barcelona, donde son trasladados a alojamientos del programa estatal de Atención Humanitaria. Esta situación, recurrente desde hace meses, deja expuestos a posibles solicitantes de asilo.

Dependiendo de la hora a la que sean interceptadas las embarcaciones, lo habitual es que, en menos de 24 horas, la mayoría de personas migrantes que llegan en patera a la isla sean identificadas, firmen una orden de devolución – con asistencia letrada gratuita y un intérprete – y queden en libertad. Este trámite suele resolverse en menos de 10 horas o en la mayor brevedad posible.

Salvo los menores y las mujeres o núcleos familiares, el resto de migrantes, aunque hayan sido admitidos en el programa estatal de Atención Humanitaria por su posible condición de refugiados, quedan temporalmente en la calle. Según la hora de llegada, pueden pasar una noche o unas horas antes de embarcar hacia la península, donde serán alojados en centros de acogida. Cuando las llegadas son numerosas, algunas personas pueden pasar una noche bajo custodia policial antes de quedar en esta situación.

Del mar al CATE

Las pateras que llegan a Mallorca son interceptadas tanto en el mar como ya en tierra firme. Esta primera intervención la realiza la Guardia Civil, con el apoyo habitual de Salvamento Marítimo. A continuación, todas las personas de la embarcación son trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en el antiguo cuartel de Son Tous. Este centro está gestionado por la Policía Nacional, que asume allí su custodia. En la práctica, el CATE sirve como una extensión de comisaría. Tras el registro y la toma de huellas, interviene Cruz Roja, cuyos voluntarios realizan un triaje para detectar posibles perfiles de vulnerabilidad, fijándose en signos de violencia, trata o problemas físicos y psicológicos, así como en solicitantes de asilo.

Dentro del CATE, o en dependencias policiales, Cruz Roja entrega un kit de higiene personal, una botella de agua de 33 cl, galletas tipo María o una barrita energética, y un chándal que deben ponerse sin posibilidad de ducharse previamente.

Una primera parte del grupo de jóvenes migrantes llegó al puerto a las 17:40 h. Su rescate se había producido esa misma mañana, a las 6:40 h, al sur de la isla.

Los migrantes reciben una copia del formulario de triaje, donde consta su edad, el motivo por el que han migrado y si presentan alguna molestia de salud o enfermedad. Según explican voluntarios de Cruz Roja que participan en esta tarea, “esa información, junto con la recabada por la Policía Nacional, se envía al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,” quien decide las “personas que serán acogidas en el marco del Programa de Atención Humanitaria” y serán derivadas a centros de acogida o recibirán apoyo adicional en la península. Los voluntarios apuntan que no conocen y, por tanto, no pueden “transmitir a los migrantes si van a ir a un centro o no”.

Esta clasificación de perfiles vulnerables parece responder a criterios definidos: las personas de origen subsahariano suelen ser consideradas vulnerables, mientras que los hombres argelinos, salvo casos excepcionales, quedan sistemáticamente fuera de esta categoría. De hecho, las hojas de triaje de Cruz Roja ya distinguen entre estos dos grupos: subsaharianos y magrebíes.

Traslados y abandono en la estación marítima

Al margen de esta clasificación, salvo mujeres, familias y menores no acompañados, el resto son llevados, tras el trámite policial, con furgones y coches de la Policía Nacional, hasta las inmediaciones de la estación marítima del puerto de Palma. Estos traslados se han realizado en varias ocasiones con la sirena puesta todo el trayecto. 

Antes de la pandemia de COVID-19, el perfil más frecuente de migrantes que llegaban a Balears eran hombres argelinos. Desde entonces, las personas que también acaban pasando la noche en la calle presentan nacionalidades muy diversas: Somalia, Guinea-Conakri, Ghana, Sierra Leona, Malí, Costa de Marfil, Sudán del Sur, entre otras, lo que pone de manifiesto la relevancia que está adquiriendo esta ruta. Además, cada persona calza una historia completamente distinta a la del resto. No puede obviarse que muchas de ellas, debido a la situación actual de sus países, son susceptibles de solicitar protección internacional y obtener asilo, es decir, el reconocimiento de la condición de refugiado. Y por este motivo, la mayoría acceden a centros del Programa de Atención Humanitaria.

El lugar donde van a pernoctar contrasta, al fondo, con la zona de embarque de las excursiones de algunos de los cruceros más grandes del mundo.

Este joven sonríe al ver a sus compañeros de travesía llamando a sus seres queridos. Le falta una pierna y lleva una prótesis; perdió la extremidad al pisar una mina en Somalia.

Llegada al puerto con lo puesto

Al llegar al puerto, los agentes descargan primero unas bolsas plásticas de Cruz Roja que contienen un kit de aseo, junto con las mantas rojas y unas bolsas de basura negras, cerradas con cinta policial, donde se guardan las pertenencias de los migrantes. Luego, hacen bajar a las personas, y sin mediar muchas palabras, se marchan.

Aquí no hay intérprete, traductor ni nadie que les explique lo que va a suceder. Quedan allí, y muchos ni siquiera saben que van a embarcar rumbo a otro lugar del Estado. Las personas provenientes de países subsaharianos suelen llegar con lo puesto: un móvil con su cargador y, en el mejor de los casos, una batería recargable. Nada más. No pasan desapercibidos. Las mantas rojas y los chándales monocromos aportan una uniformidad a la escena difícil de ignorar para vecinos, personas que pasean al perro o turistas que se dirigen a los cruceros del puerto. Algunos, ante esta situación, les han llevado en alguna ocasión algo de comida o les han compartido la conexión a internet de sus móviles para que puedan llamar a sus familias.

El cansancio es evidente tras un trayecto de más de 24 horas en una embarcación precaria, que en algunos casos se alarga hasta las 72 horas o más. Es habitual que muchas de estas personas manifiesten hambre por no haber comido en todo el viaje, además de dolores estomacales, quemaduras o irritaciones provocadas por las salpicaduras de gasolina al mezclarse con el agua salada. Algunos llegan con muletas, facilitadas por Cruz Roja durante su atención en el CATE.

La estación marítima les ofrece algo de abrigo: pueden cargar el teléfono y utilizar los baños, aunque no hay duchas. El acceso al wifi —una prioridad una vez quedan en libertad— es complicado, por no decir imposible. Además, el edificio cierra sus puertas a las 20:00 h, por lo que quienes finalizan el trámite antes solo disponen de una ventana breve para aprovechar esos recursos.

En cambio, quienes llegan después de las ocho de la noche no pueden ni cargar el móvil ni acceder al baño. Esto significa que, si no recuerdan de memoria los números de sus seres queridos, o no encuentran un enchufe ni alguien que les preste un teléfono, podrían pasar muchas horas —incluso hasta su llegada a la península— sin poder comunicarse. La incertidumbre se prolonga también para quienes, al otro lado, esperan una señal que les confirme que siguen con vida.

La estampa habitual, a medida que pasan las horas, es la de pequeños grupos que se turnan para descansar: mientras uno permanece pendiente de las pertenencias, otros duermen sobre un banco o en el césped. Los días de lluvia, se refugian bajo los cobertizos cercanos a la estación. Según la Delegación del Gobierno, en alguna ocasión se ha abierto la estación durante la noche, cuando las condiciones meteorológicas eran especialmente adversas.

En estas bolsas guardan sus pertenencias y el kit de higiene que les proporciona Cruz Roja. Las muletas también se las ha facilitado esta entidad.

El programa de atención humanitaria

El Programa de Atención Humanitaria, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca “atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad” que “llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país vía terrestre”, según puede leerse en la propia web del Ministerio. El programa se lleva a cabo “a través de 13 entidades acreditadas”, mediante dispositivos como la “acogida integral, la acogida de emergencia y los Centros de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) o los Traslados”, entre otros.

En Mallorca, la única entidad colaboradora es Cruz Roja, visible por las mañanas mientras entrega billetes de transporte y algo de comida, además de su labor en el CATE. Según la resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, cada tipo de recurso de acogida o servicio adicional cuenta con un presupuesto por plaza y día, o un total por beneficiario, como en el caso de los traslados.

Las personas que no son consideradas vulnerables, como los hombres argelinos, no están amparadas por ningún programa. Por tanto, una vez firmada su puesta en libertad, la Policía les deja en el puerto, igual que podría hacerlo en la comisaría o en el propio CATE. El vacío se produce con aquellas personas que, pese a tener asignados recursos del Programa de Atención Humanitaria por ser susceptibles de solicitar protección internacional, suelen pasar una noche a la intemperie, con todas las situaciones que eso puede implicar.

Las mujeres no duermen, en teoría, en el puerto

Los menores no acompañados que así lo han manifestado, han sido identificados como tales por la Policía o han presentado documentación que lo acredite, son derivados directamente, tras completar su identificación, a centros de tutela institucional. En caso de duda sobre su edad, la Policía puede solicitar a la Fiscalía de Menores la realización de pruebas médicas para su confirmación. El fiscal puede permitirlas o no. Si persiste la duda en los resultados, la legislación obliga a aplicar el principio de beneficio al menor. La tutela recae siempre en la comunidad autónoma, a través de sus servicios de protección de menores.

La teoría va por un lado y, por otro, la excepción recurrente. En las últimas llegadas se ha podido observar cómo algunos migrantes habían manifestado ser menores ante Cruz Roja —y así constaba en su copia de la hoja de triaje—, mientras que en la orden de devolución figuraba otra fecha de nacimiento que les otorgaba la mayoría de edad.

Esta situación, según Dolores Puertas, abogada experta en extranjería, “sería considerada motivo suficiente para que los menores fueran considerados como tal y siguieran el cauce habitual”. Por tanto, añade, “Cruz Roja, o el abogado de oficio que asista esa persona, debería informar al momento a la Policía Nacional para que, en caso de duda, se les realizara las pruebas pertinentes, previa autorización del fiscal de menores de guardia”.

Pero la realidad es que, en estos casos, han terminado durmiendo en la calle, junto al resto.

Algunos chicos envían fotos, mensajes y hacen videollamadas gracias al wifi que les ha compartido un vecino desde su móvil.

Las mujeres y las unidades familiares son trasladadas a un Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) en la isla de Mallorca, gestionado por Cruz Roja y con una capacidad de 44 plazas. Allí se verifican los lazos de parentesco mediante pruebas de ADN, una medida pensada para prevenir posibles casos de trata de personas, cuyos resultados pueden tardar varias semanas. Si el CAED no dispone de plazas libres en momentos de alta afluencia, algunas mujeres pueden pasar esa noche —o varias horas— en la calle, solas.

La teoría va por una parte, y por otra, la excepción recurrente. La madrugada del 18 al 19 de febrero de 2025, a las 00:07 de la madrugada, cinco mujeres somalís estaban en esta misma situación descrita. Juntas, haciendo piña, espalda contra una puerta acristalada de la entrada del Centro Oceanográfico de Baleares, muy cercano a la estación. Las mujeres se quejaban de “tener mucha hambre” por llevar horas sin comer. Una de ellas permanecía tumbada sin moverse y manifestó su voluntad de ser atendida en un hospital por “un dolor abdominal fuerte”. Permanecían en la parte más iluminada del edificio, junto a decenas de hombres, también somalíes y de otros países del África subsahariana, además de un grupo de unos diez hombres y jóvenes argelinos.

Al parecer, no se trata de un hecho aislado. Precisamente personal que trabaja en el Centro Oceanográfico, conocedor de esta situación “desde hace al menos 2 años”, asegura haber detectado la presencia de mujeres en la calle “en mínimo tres ocasiones entre julio y agosto de 2024”. Además, critican que, “durante la alerta naranja por DANA del 14 de agosto, al menos 20 personas migrantes fueron dejadas en la calle esa misma tarde”.

Un secreto a voces 

La ruta migratoria entre Argelia y las Illes Balears se ha consolidado como una vía clave hacia Europa. Los datos evidencian la recurrencia y previsibilidad del fenómeno. En lo que va de 2025, al menos 2.007 personas han alcanzado el archipiélago por esta ruta, según Delegación del Gobierno. Lo que supone un incremento del 132% respecto el mismo periodo del año anterior. De ellas, 1.226 lo hicieron en Mallorca y Cabrera —estas últimas fueron también atendidas en la isla mayor—. Con estas cifras, Mallorca concentra la mayoría de las llegadas en lo que va de año. En 2024 se alcanzó el máximo histórico de este siglo, con 5.846 personas llegadas al conjunto del archipiélago.

La plataforma Balears Acollim se ha reunido en dos ocasiones con el delegado del Gobierno. Su portavoz, Carlos Martín, dice que el objetivo fue “trasladarle” su preocupación “por la gestión de las llegadas, porque la ciudadanía está alarmada por el trato que recibe la gente que tiene que pernoctar en la calle alrededor de la estación marítima”. Martín agradece “la disposición del delegado”: “Reafirmamos nuestra petición de participar, como sociedad civil, en mesas de trabajo en las que estén presentes los responsables de la gestión de llegadas”. Una de las reuniones tuvo lugar el 20 de diciembre de 2024 y la otra el 12 de marzo del 2024. 

Mientras tanto, la escena se repite. El día que se tomaron las fotografías de este reportaje, un chico de Somalia decía que tenía mucho dolor de cabeza, tenía fiebre, y que llevaba tres días sin dormir. Su patera había sido interceptada esa misma mañana y a las 17:40 horas de la tarde ya estaba en el puerto. Unos vecinos los vieron llegar y se acercaron a darles algo de comer. Uno de los vecinos, molesto, se preguntaba: “¿De verdad somos cuatro vecinos random los que le tenemos que acabar dando un jodido paracetamol a este chico?” Al final llamarón al 061 y el chico fue al hospital.

La versión de Cruz Roja y Delegación de Gobierno

Cruz Roja Española ha respondido con un comunicado general, sin contestar directamente a las preguntas planteadas y, por tanto, sin desmentir o esclarecer todo lo que en este artículo se recoge. En su escrito, recalcan que actúan como “organización humanitaria que interviene desde hace más de 30 años como auxiliar de los poderes públicos”, actualmente esta función la realizan dentro de un programa estatal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Explican que su intervención comienza tras recibir una comunicación oficial, momento en el que “despliega los equipos de atención humanitaria para atender a las personas recién llegadas”, realizando triaje sanitario, atención a necesidades básicas y detección de posibles vulnerabilidades, siempre “según el procedimiento establecido en el marco del programa”.

En el comunicado subrayan que las personas migrantes no son derivadas a sus dispositivos hasta que se concluyen los procedimientos administrativos bajo custodia policial. Insisten en que para la entidad “las personas que llegan a costas son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y son sujetos de derecho”. También añaden que en los dispositivos de acogida se trabaja en su integración, priorizando la detección de casos con necesidades especiales y coordinando, cuando es necesario, su derivación a otros recursos. Aunque no abordan los hechos concretos preguntados, remarcan su voluntad de ofrecer “un trato digno y humano” en colaboración con las administraciones.

Desde la Delegación del Gobierno en Illes Balears han respondido que, cuando la llegada de pateras se concentra en pocas horas, la situación obliga a “habilitar eventualmente espacios temporales, con la colaboración de la Autoridad Portuaria, para cobijar a todas las personas migrantes que se van a desplazar a la Península una vez tramitado el correspondiente expediente policial”. En ese grupo también están incluidas las personas consideradas vulnerables que “voluntariamente se acogen al sistema de atención humanitaria”, que el Estado “tiene concertado con Cruz Roja, y que son trasladadas a recursos de acogida en la Península”.

La Delegación apunta también que “es importante precisar que las personas migrantes, una vez tramitado su expediente de estancia irregular, no están privadas de su libertad, ya que su custodia policial ha finalizado”, a pesar de que la Policía “preste un servicio de acompañamiento a estas personas, para facilitarles el desplazamiento hasta las instalaciones portuarias”. Además, declaran que trabajan en la creación de “una instalación modular que pueda servir para este tipo de funciones, es decir, para el cobijo temporal de las personas migrantes que deben aguardar la salida del barco”, tanto si han sido “derivadas al programa de atención humanitaria como si se desplazan por su cuenta”. Mientras se habilita esa infraestructura, insisten en que “dichos espacios temporales cedidos por la APB en sus instalaciones se habilitan siempre que las circunstancias lo requieran”.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones no han respondido a las preguntas planteadas y se han limitado a respaldar el mensaje institucional ya trasladado por la Delegación del Gobierno de Balears. En una breve declaración, señalan que, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, “se atiende a todas las personas que llegan al territorio español”. En el caso de Balears, añaden que se está trabajando con la Delegación “para ampliar recursos en los que poder mejorar la atención a las personas que llegan a unas islas en las que en algunos momentos las instalaciones pueden encontrarse más tensionadas”, y que para ello “se está buscando la colaboración de las autoridades portuarias”.

elDiario.es ha contactado con todas las partes implicadas y les ha remitido las preguntas pertinentes, junto con el derecho a réplica respecto a los hechos descritos en este artículo. Al cierre de esta edición, no han respondido ni la Policía Nacional en Balears ni la Autoridad Portuaria de Balears.

Otras rutas migratorias ante la misma problemática

Desde Canarias, Loueila Mint El Mammy, abogada experta en migraciones, alerta sobre “este vacío estructural” que está dejando a personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad. “Lo que la normativa de extranjería prevé es que cuando una persona entra de manera irregular, sea detenida por un plazo de 72 horas. Si no se consigue la devolución en 72 horas, se solicita su ingreso en un CIE o se quedan en libertad”, explica. El problema, según destaca, radica en que muchas de estas personas no pueden ser devueltas a sus países “porque no se están ejecutando los acuerdos bilaterales” y acaban “quedando en libertad sin ningún tipo de protección o recurso”, ya que el Programa estatal de Atención Humanitaria “está pensado para perfiles altamente vulnerables, solicitantes de asilo, mujeres, familias… pero no para todo el mundo”.

Ante esta misma situación, el Estado sí reaccionó en Canarias, donde se creó el llamado “Plan Canarias” para evitar que estas personas quedaran en la calle: “El Ministerio generó dispositivos de emergencia y acogida para que quienes quedaban en libertad, porque no se ejecutaba su devolución, no se quedaran en la calle”, recuerda Mint El Mammy. Por ello, plantea la gran pregunta: “¿Por qué no ha hecho lo mismo en Baleares, una ruta activa desde hace años?”. Desde el primer momento de filiación, “las ONG, Cruz Roja y la Policía identifican a personas potencialmente solicitantes de asilo y vulnerable”, dice. Una respuesta adecuada, concluye, no “puede depender de la suerte ni del territorio en el que se desembarca”.