¿Y si sacamos a los niños de la pobreza como hicimos con las pensiones de los mayores?

En los últimos años, España está reduciendo sus niveles de pobreza y desigualdad hasta mínimos desde el inicio de la crisis financiera. Aunque hay un enorme “pero”: la pobreza infantil no sigue la misma evolución, con 2,3 millones de menores en esta situación (29%), incluso ha aumentado en los dos últimos años. Con niveles muy altos desde hace décadas, esto nos sitúan a la cabeza en Europa, donde invierten más en infancia. Las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza reclaman un salto cualitativo en la protección social de los niños y niñas, con una ayuda universal, como el que se dio en su día con las pensiones para las personas mayores.

“Este efecto contundente que tienen las pensiones para prevenir la pobreza a las personas mayores creemos que tiene que ser el ejemplo de un sistema equivalente en aquellas personas menores de edad”, explica Ruth Caravantes, responsable de Investigación e Incidencia Política de EAPN-ES. La organización ha publicado este miércoles su último informe, que refleja que en 2024 el 17% de mayores de 65 años que vive bajo el umbral de la pobreza se multiplicaría hasta alcanzar “el 80%” si no hubiese transferencias por jubilación.

La prestación universal por crianza, que defiende Sumar dentro del Gobierno de coalición progresista, es también una reclamación continua de las ONG de lucha contra la pobreza y, especialmente, de las especializadas en infancia, como Unicef, Save the Children y Plataforma de Infancia. La EAPN ha vuelto a reclamarla este miércoles, con el respaldo de multitud de datos y este ejemplo del pilar social que suponen hoy en día las pensiones públicas para las personas mayores. “Estamos hablando de dos edades [la infancia y la vejez] en las que hay más necesidad de la comunidad, hay más dificultad o es imposible generar ingresos”, recuerda Caravantes.

Las ONG plantean prestaciones universales con varios escenarios, que supondrían una mayor o menor inversión. Por ejemplo, estiman que una deducción universal y fija de 1.440 euros por hijo menor de 18 años (120 euros al mes) tendría un coste bruto de 11.288 millones de euros anuales y reduciría 5,4 puntos porcentuales la pobreza infantil.

Aunque erradicar la pobreza infantil es una cuestión de derechos humanos, muchos especialistas destacan que se trata además de una inversión, ya que es una lacra que perjudica económicamente a toda la sociedad. Nos cuesta al menos 63.000 millones de euros cada año, según un estudio liderado por las economistas Olga Cantó y Libertad González.

España reduce menos la pobreza infantil que el resto de Europa

El último estudio de la EAPN recoge multitud de datos que permiten intuir algunas de las causas y de los “agujeros” de protección que sitúan a España a la cabeza de pobreza infantil en la Unión Europea. Por ejemplo, es uno de los países que reduce menos la pobreza infantil con sus transferencias sociales (excluidas las de jubilación), como muestra el siguiente gráfico.

Sin trasferencias sociales, la situación de partida de pobreza infantil de España es la cuarta peor, con “Italia, Bulgaria y Francia” que presentarían niveles más elevados. Sin embargo, gracias a las transferencias de rentas, estos países logran disminuir mucho más la vulnerabilidad de los menores, hasta lograr tasas de pobreza mucho más reducidas.

En comparación con el resto de la Unión Europea, España es el cuarto país que menos puntos porcentuales de tasa de pobreza infantil logra reducir con sus transferencias (7,4 p.p.), solo por detrás de Grecia (6,4), Portugal (6,1) y Rumanía (5,8).

Aunque la EAPN destaca que España es el país que menos reduce su pobreza infantil “en términos relativos”: un 20%, lo que supone menos de la mitad que la media europea (42 %). En cambio, “ocho países logran disminuir la pobreza infantil a menos de la mitad gracias a estas transferencias”, entre los que destacan Finlandia (la reduce un 60%), Polonia (59%) e Irlanda (55%).

Irlanda es precisamente el país pionero en implantar la prestación universal por crianza, una ayuda que está muy extendida en países europeos. Los que no tienen ayudas universales, sino para ciertos colectivos más vulnerables, tenían en general ayudas por hijo más elevadas que en España.

Un coste inasumible para un país rico: “Es una decisión política”

Las ONG destacan que “actuar con políticas contra la pobreza funciona”, sostiene el presidente de la EAPN, Carlos Susías. La red de ONG subraya que las transferencias sociales del conjunto del Estado (pensiones, ingreso mínimo vital (IMV), ayudas a las familias y por hijo, ayudas para la vivienda, etc.) evitaron que “11,1 millones de personas en España entrasen en pobreza en 2024”, según los datos oficiales analizados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Si se excluyen las pensiones de este cómputo, el resto de transferencias sociales redujeron la pobreza en 6,3 puntos porcentuales en 2024, “lo que supone más de 3 millones de personas”. La EAPN destaca la evolución temporal de este indicador, que refleja una reducción de la acción protectora del Estado entre 2013 y 2019, en los años de recortes y políticas de austeridad del PP tras la crisis financiera.

Después, esta capacidad de reducir la pobreza ha ido mejorando. En especial, las ONG enfocan al gran auge experimentado en 2020 (con una reducción de 9,5 puntos porcentuales), debido al escudo social adicional que se lanzó con motivo de la pandemia, sobre todo los ERTE, que calculan que evitó que cayera en la pobreza 1,5 millones de personas.

En 2024, la acción protectora del Estado mejoró ligeramente respecto al anterior, en 0,3 puntos, y la EAPN subraya que lo hizo mucho más entre los menores de edad, con una reducción de la pobreza de 1,5 puntos porcentuales. En los últimos años ha ido aumentado las familias que reciben el ingreso mínimo vital (IMV) y la ayuda por hijo vinculada al ingreso mínimo vital (el CAPI), sobre todo en 2024, que no obstante debería llegar a un millón de hogares más.

Es decir, que las transferencias públicas se notan en la reducción de la pobreza, pero están siendo insuficientes, subrayan las ONG. Ampliar su alcance y su intensidad, en un país rico como es España, motor económico en estos momentos de los países desarrollados, es “una decisión política”, insisten. Para huir de la batalla partidista e implementar políticas de mirada larga, la EAPN reclama un “pacto de Estado contra la pobreza” para reducir por fin sustancialmente la pobreza y cumplir con los compromisos internacionales alcanzados por España.