Las trabas de los archivos para que Blanca Serra sepa qué policías franquistas la torturaron: «Es muy frustrante»

“Se tienen que abrir los archivos policiales”. Fue la reclamación de Blanca Serra tras declarar ante la Fiscalía como víctima de torturas de la policía franquista durante la Transición. La histórica activista de la izquierda independentista confía en que una petición del Ministerio Público consiga lo que dos archivos (el Nacional de Catalunya y el de la Audiencia Nacional) le han negado a ella: acceder a los documentos policiales y judiciales de su paso por la ‘casa de los horrores’ de Via Laietana, la jefatura de Policía Nacional en Catalunya.

La coordinadora de Memoria Histórica del centro Irídia, Andrea Carrera, sabe lo que es enfrentarse a las trabas de los archivos para conseguir los expedientes de los represaliados. Desde hace meses gestiona las peticiones de Serra y otras víctimas del franquismo con resultados desiguales. “Es muy frustrante y tiene un punto de arbitrario”, resume Carrera, que destaca que, en muchas ocasiones, el éxito a la hora de conseguir los papeles depende del funcionario al que le toque gestionar la solicitud.

En el caso de Serra, agrega Carrera, se le añade un elemento que convierte su solicitud en “surrealista”. La activista, junto a sus hermanos Eva y Josep, donó al Arxiu Nacional de Catalunya hace unos años toda la documentación que tenía en casa (que incluía tanto panfletos y programas de la izquierda independentista como parte de los expedientes judiciales a los que se vieron sometidos los tres hermanos por su actividad política). “Estaban desbordados con tantos papeles en casa”, explica la investigadora.

Cuando Carrera, en nombre de Blanca Serra, reclamó en julio del año pasado una copia del caso de la activista, el archivo se lo denegó. “Nos dijeron que como la causa judicial afectaba a otras personas además de a Blanca, no nos lo podrían dar por protección de datos”, expone Carrera. Pese a ser una donación de la propia Serra, la respuesta del archivo fue que solo podrían tener acceso a los papeles más genéricos como los panfletos de propaganda política.

Un cambio reciente en la normativa de protección de datos fue la razón del Arxiu Nacional para impedir a Serra recuperar una copia del material que ella misma había facilitado. El centro Irídia, que junto a Òmnium Cultural representa a Serra en su acción legal, quería incluir de entrada toda esa documentación en su denuncia. Ante la negativa del archivo, ahora quieren que sea la Fiscalía de Memoria Democrática la que recabe esos mismos expedientes.

“Una documentación que los hermanos Serra habían tenido en casa ahora no la podían consultar”, constata Carrera, que remarca la “frustración” que tuvo en la activista la respuesta negativa del archivo. “Nos dijeron que, como mucho, si Blanca iba presencialmente a Sant Cugat (municipio en el que está la sede central del Arxiu Nacional), podrían enseñarle los papeles, pero es una mujer de 82 años”, lamenta la investigadora.

Misma negativa, aunque con distinta argumentación, obtuvo Carrera cuando solicitó a la Audiencia Nacional los archivos de una de las causas que siguieron a sus cuatro detenciones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente).

La sala de gobierno del tribunal especial denegó el acceso al sumario en el que estuvo procesada Serra, actualmente en el archivo de la Audiencia Nacional de Alcalá de Henares (Madrid), agarrándose a un artículo de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985.

En su resolución, del pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional explicó que en la causa de Serra también estuvieron procesadas otras tres personas y que no constaba su autorización “expresa” para entregarla. Tampoco se había cumplido el plazo de 25 años desde el fallecimiento o de 50 desde la fecha de los documentos que marca la Ley de Patrimonio Histórico para la entrega de documentos con datos policiales, personales o clínicos.

Los archivos que Carrera sí pudo obtener de Serra provienen del Archivo Histórico Nacional de Madrid y son documentos policiales que demuestran que la activista, dos años antes de su primera detención, “ya estaba fichada por la Policía”.

La ley de Memoria, insuficiente

La ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, declara el “acceso público a una gran cantidad de fondos sobre la guerra y la dictadura, incluso los señalados con marcas de reserva o confidencialidad”. Añade la norma que ese acceso “será libre, gratuito y universal”.

Sin embargo, la propia norma se pone dos límites: que los documentos sean anteriores al 26 de abril de 1968, fecha de entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (que el Gobierno sigue sin reformar pese a haberse comprometido a ello con el PNV) y las excepciones que contempla el mencionado artículo de la Ley de Patrimonio Histórico que ha impedido a Serra acceder a su expediente judicial al haber otros tres acusados.

La experiencia de Carrera en los últimos años con las peticiones a los archivos para recabar los expedientes de varios represaliados del franquismo dista de ser 100% satisfactoria. Para empezar, no siempre la documentación está en el archivo en el que, en teoría, tendría que descansar, y está dividida entre los archivos del Ministerio del Interior, el de Salamanca o el de la Audiencia Nacional.

Una vez localizado el archivo, agrega Carrera, empieza el “laberinto burocrático” para acceder a la documentación: llamadas, correos electrónicos que no siempre se responden y varias semanas de espera que las personas represaliadas por el franquismo que siguen vivas no siempre llevan bien. “A las víctimas les hace mucha ilusión poder recuperar sus documentos, y no quieren esperar tanto tiempo”, explica la investigadora.

También cuenta, igual que en los juzgados, el denominado ‘factor humano’, esto eso es, el funcionario del archivo encargado de tramitar la petición. “En el archivo de la Audiencia Nacional, uno de sus documentalistas nos ayudó mucho a orientarnos, pero no en todos los centros ocurre lo mismo”, lamenta Carrera.

Para la investigadora, la ley de Memoria Democrática fue “un avance”, pero en su aplicación se mantienen algunos problemas del pasado a la hora de acceder a los archivos. En algunos casos además, un centro le ha llegado a cobrar 150 euros por expedir documentación, un trámite que en teoría tendría que ser gratuito.

A ello se añade, indica Carrera, el registro obligatorio de las víctimas en un censo, algo que debido a las avanzadas edades de muchos represaliados no siempre es fácil. Y tampoco es garantía de obtener toda la documentación: “Los interrogatorios policiales, que es una de las cosas que más interesa a las víctimas, es uno de los archivos que más cuesta encontrar”.

“La ley dio unas esperanzas a los represaliados que no siempre se están cumpliendo. Y son víctimas que llevan esperando demasiado tiempo”, concluye Carrera.