La limitación de coches en Ibiza arranca con la oposición de navieras y ‘rent a car’: «La medida mejorará la calidad de vida»

Es 1 de junio y acaba de entrar en vigor el tope máximo de vehículos que podrán circular por Eivissa hasta el próximo 30 de septiembre, el plazo de aplicación que marca la Ley de control de afluencia de vehículos 5/24 de 11 de noviembre. El Consell de Eivissa hincha pecho presentando la medida: “Esta ley es para frenar la situación insostenible que se estaba dando en nuestra isla”. Vicent Marí, presidente de la institución, recuerda que en los últimos 25 años tanto el número de coches y motos de residentes como el de turistas que viajan con su vehículo “ha crecido de manera exponencial”.

Un “grave” impacto social y ambiental que era necesario corregir para evitar la congestión de las infraestructuras viales y “la proliferación de aparcamientos en zonas no habilitadas”. A partir de hoy solo podrán permanecer en la isla un máximo de 20.168 vehículos diarios hasta finales de temporada más allá de los que tienen su residencia fiscal en la isla: 16.000 de alquiler, 120 de Formentera (un cupo que al principio era de 60, pero se amplió después de una negociación) y, el resto, de turistas que llegan de Mallorca y la Península.

Eivissa tiene actualmente más coches que personas y ha experimentado un preocupante aumento de vehículos en las últimas dos décadas –del 255%– pasando de los 63.062 en 1996 a los 160.835 de 2023, según los datos del Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT). El incremento queda muy lejos de la media balear que casi en el mismo periodo ha sido del 52,7%. En cuanto a la entrada anual de coches y motos entre 2001 y 2022, se ha cuadruplicado. También lo hace intermitentemente el número de personas en Eivissa: mientras que en enero de 2024 se contabilizaban 161.430, en el mes de agosto –en plena temporada alta– del mismo año, la cifra se multiplicaba hasta las 332.015, según el Índice de Presión Humana del Instituto Balear de Estadística.

Un grupo de turistas en las inmediaciones del puerto. En temporada estival, la población flotante de la isla se duplica.

Los trabajadores que vienen de fuera, pero cuyo puesto laboral está en Eivissa también han tenido que tramitar el recién estrenado permiso. Es el caso de Maria Antònia Canals, de Mallorca, pero destinada a Eivissa como profesora en el instituto de Sant Agustí, en el municipio de Sant Josep. Cuando se enteró de la limitación porque sus compañeros de trabajo le enviaron un mensaje de que el día 1 podrían empezar a multar, tramitó toda la documentación en ibizacircular.es, la web habilitada el pasado 21 de mayo para que los usuarios pidan la cuota o, en su caso, una autorización para circular por la isla.

“Me parece necesario que se restrinja la entrada de coches para mejorar la vida de los residentes, a los que se les complica una barbaridad los desplazamientos en el día a día, ya sea para ir al trabajo, al médico o a hacer la compra”, valora. También, a nivel medioambiental, un ámbito en el que “la multiplicación de vehículos durante la temporada es insostenible para un sitio tan pequeño”. Mallorca, de hecho, imitará la nueva ley pitiusa en su territorio.

La mallorquina lamenta, eso sí, que se haya avisado “con tan poca antelación” para hacer el trámite. “Por lo menos en mi caso, no tuve casi tiempo de hacerlo”. Manuel Bermejo lamenta que ni siquiera se notificase que los vehículos domiciliados en otra comunidad autónoma antes de que entrase en vigor la ley. Se mudó hace un año y medio desde Madrid y ahora está empadronado en Eivissa, pero su vehículo continúa registrado en la capital. De momento, no sabe qué va a hacer al respecto, pero teme las multas a las que se pueda enfrentar. Tampoco es propietario en la isla; en ese caso, la ley exime de hacer el cambio de domicilio fiscal.

Críticas de las navieras y rent a car

Durante los primeros días de vigencia, la nueva ley contra la masificación turística, que imita el modelo que implantó hace más de un lustro Formentera –Formentera.eco–, ha levantado ampollas entre algunos sectores. Los desalientos provienen de las navieras que operan en la ruta pitiusa y entre Eivissa y la Península, así como de las empresas de rent a car.

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) ha respaldado el recurso contencioso–administrativo presentado por la patronal balear Baleval (Asociación Balear de Alquiler de Vehículos sin Conductor de Baleares) contra la decisión del Consell d’Eivissa de limitar la entrada y circulación de coches y motos en la isla. La federación denuncia, en concreto, que la nueva normativa imponga un tope máximo de 600 vehículos por empresa, lo que supondrá un perjuicio directo para el sector. También asegura que la medida vulnera la Ley autonómica de control de afluencia, al no haberse publicado con al menos tres meses de antelación en el BOIB.

El presidente, Juan Luis Barahona, ha alertado de que esta normativa “rompe la equidad del mercado, limita la competencia y genera inseguridad jurídica”, y ha advertido de que podría acarrear consecuencias económicas que deberían asumir las administraciones. Por otro lado, tanto Feneval como Baleval han criticado que esta decisión afectará negativamente a la calidad del servicio, provocará una subida de precios y dañará la imagen de Eivissa como destino turístico. Así como la falta de un plan alternativo de movilidad, una crítica que también ha hecho el PSOE. El partido ha considerado que la red de transporte público es “absolutamente deficiente”.

Es habitual que los turistas que vienen a Eivissa alquilen un coche. Las compañías tendrán ahora un cupo de 600 vehículos.

Medidas cautelares ante la Justicia

La naviera Baleària ha expresado por su parte desacuerdo con la normativa al considerar que parte de un “diagnóstico erróneo” y no aborda el problema real de la saturación. “El flujo de vehículos que entran y salen diariamente tiene un impacto residual en el parque móvil de la isla, cifrado en una media del 1,5%”, ha declarado a elDiario.es una portavoz de la compañía.

La empresa ha presentado unas medidas cautelares contra el cupo establecido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, y otras contra la ordenanza fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), según ha informado la misma representante.

La naviera ha denunciado, además, la falta de transparencia en los criterios de asignación de cupos –establecidos en 4.000 vehículos para los que acceden por vía marítima, frente a los 16.000 de alquiler– y denuncia que la medida “restringe derechos fundamentales y favorece un modelo de transporte menos sostenible”.

Baleària también ha achacado que la nueva ley perjudica al turismo nacional familiar, que es el que viene en barco, en favor del turismo más internacional y del transporte aéreo. A pesar de que, según datos del Consell, el trámite para circular por la isla lo han realizado principalmente usuarios de Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda y Reino Unido, además de turistas nacionales.

Desde la naviera no han dudado tampoco en desmentir a través de un comunicado el hecho de que hayan incumplido su obligación de enviar los datos de vehículos transportados a la isla dentro de plazo, como se les acusó en diferentes informaciones.

Baleària ha presentado medidas cautelares contra el cupo establecido por el Consell d’Eivissa.

Por su parte, la compañía Trasmed (del grupo italiano Grimaldi) solo ha presentado alegaciones, pero no descartan “presentar recursos si fuera necesario”, señalan desde el departamento de comunicación. En cuanto a Trasmapi, valoran que su situación es distinta al cubrir sólo la ruta pitiusa. Primero analizarán la restricción y luego decidirán “qué camino seguir”. elDiario.es también se ha intentado poner en contacto con GNV, que opera en la isla, sin obtener respuesta sobre la normativa.

Sobre estos procedimientos legales, Marí ha destacado que la institución “defiende el interés general y la voluntad de los ibicencos antes que los legítimos intereses particulares y de empresas”. En la rueda de prensa durante la que presentó el proyecto el día de su puesta en marcha, el presidente valoró haber limitado ya en menos de 12.000 las motos y coches de alquiler que circulan diariamente por Eivissa.

Polémica por el cupo de vehículos

Pero la polémica de la norma aún continúa a raíz de que un centenar de personas hicieran reservas por todo el período de regulación, agotando prácticamente el contingente disponible. Esto llevó al Consell de Formentera y al de Eivissa a reunirse el pasado lunes para aclarar la situación y corroborar que las reservas se hubieran hecho de forma correcta. “Es la primera temporada y vamos probando todas las casuísticas”, declara una portavoz de la institución ibicenca a elDiario.es.

Por su parte, desde el Consell de Formentera han explicado que el lunes también se reunieron con el director insular Roberto Algaba y se concluyó que es “Eivissa quien ahora tiene que comprobar que desde Formentera se han hecho bien todos los trámites”. En cuanto a las discrepancias por el cupo, Marí detalló a elDiario.es que, después de una negociación entre ambos consells, la cifra se amplió de 60 a 120 y se irán haciendo los “reajustes necesarios a lo largo del tiempo”.

Ahora, la máxima institución formenterense se ha personado como codemandada en el contencioso administrativo de Baleària para defender sus intereses contra el cupo aprobado por el Consell d’Eivissa, según el acuerdo de la junta de gobierno del 28 de mayo al que ha tenido acceso este diario. El documento refleja que se toma esta posición “al no ser equivalente la reciprocidad entre las dos islas”.

Eivissa ha pasado de los 63.062 coches en 1996 a los 160.835 en 2023.

Casi 5.000 solicitudes en diez días

El portal ibizacircular.es ha recibido desde que se puso en marcha alrededor de 5.000 solicitudes. De estas, se han aprobado más de mil, con una estancia media en la isla de casi tres meses (83,5 días), a falta de incorporar los datos de los billetes vendidos con cuota por las navieras.

Del total de autorizaciones emitidas, 1.049 son generales, 20 corresponden a autocaravanas de no residentes, 140 a residentes de Formentera y 56 a residentes de Mallorca y Menorca, según datos oficiales del Consell. Además, se han concedido 799 acreditaciones, principalmente a propietarios de segundas residencias (622), personas con necesidades laborales (142) y movilidad reducida (11). Es decir, en conjunto ya se han tramitado 2.064 permisos entre autorizaciones y acreditaciones.

Para garantizar el cumplimiento de esta nueva ley, serán claves las dos cámaras de control de acceso al puerto de Vila, que registrarán las matrículas de todos los vehículos que por allí circulen en una especie de realidad creada por George Orwell. Los servicios de inspección de Transportes dispondrán además de las cámaras móviles de las policías locales para hacer controles aleatorios.

A medio plazo, la institución buscará el apoyo de los ayuntamientos de la isla (Vila, Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni), con los que pretende firmar un convenio de colaboración para emplear sus equipos de grabación municipales. El Consell también está trabajando en la licitación de un sistema de 25 cámaras distribuidas en toda la isla que servirán para controlar el cumplimiento de la ley y para monitorizar el tráfico en la red viaria insular en tiempo real.

Un grupo de turistas junto a una parada de taxi.

Contra las caravanas en suelo rústico

Pero una de las aristas más controvertidas de la nueva normativa es la que recae sobre las caravanas, dificultando la vida en ellas, aun sabiendo que muchos residentes y trabajadores no tienen otra alternativa. El presidente Marí ha detallado que se han programado, junto a los cinco ayuntamientos (incluido Sant Joan, que no prohíbe en su ordenanza municipal la acampada o pernocta), batidas contra las caravanas o autocaravanas aparcadas en suelo rústico. Las sanciones –indica el presidente– pueden llegar a alcanzar los 30.000 euros. No se ha especificado, desde la institución, si los servicios sociales harán informes de vulnerabilidad antes de actuar de este modo.

Así, se han editado, con la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible, un total de 60.000 notificaciones para recordarles a las personas que viven en estas condiciones (no son pocas) que la nueva Ley de control de afluencia de vehículos solo permite entrar a la isla a caravanas con reserva en un camping –hay 200 plazas regladas en cinco zonas habilitadas, cuyo precio por mes asciende a 1.800 euros– o aquellas con residencia fiscal en Eivissa.

Un trabajador que llegó hace cinco años y prefiere no revelar su nombre vive en un camión en una finca del norte de la isla y desconoce todavía si se enfrentará a alguna sanción con la nueva regulación. Lo que tiene claro es que, en el caso de tener complicaciones, “se marchará sin dudarlo de Baleares”. Esto, siguiendo los pasos que ya han dado muchos trabajadores de distintos sectores que llegaron hace incluso décadas a la isla y ahora se marchan por el problema crónico de la vivienda.