El Gobierno planea crear en un año 9.116 plazas propias para acoger a solicitantes de asilo sin depender tanto de ONG
La nueva cifra supone más de 3.000 plazas de los números planteados inicialmente en los planes de la modificación del sistema, que acumula años de búsqueda de espacios y polémicas con determinados gobiernos autonómicos, debe estar lista en julio de 2026, según un nuevo informe publicado por Inclusión
El nuevo reglamento de extranjería ha empujado a la irregularidad a decenas de solicitantes de asilo: “Nos obliga a perder los papeles y el trabajo”
En su objetivo de reformar el sistema de acogida de protección internacional, el Gobierno planea crear en un año 9.196 plazas adicionales a las ya existentes, con el objetivo de pasar a una mayor gestión de la Administración frente al actual modelo, ejecutado principalmente por ONG, según ha anunciado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un informe al que ha accedido elDiario.es. La nueva cifra supone más de 3.000 plazas de los números planteados inicialmente en los planes de la modificación del sistema, que acumula años de búsqueda de espacios y polémicas con determinados gobiernos autonómicos, debe estar lista en julio de 2026.
No está siendo fácil, dicen fuentes ministeriales, encontrar y habilitar los espacios necesarios para cumplir con el compromiso de la reforma del sistema, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos de recuperación europeos. El Gobierno se comprometió a “aumentar la capacidad de acogida del sistema de acogida de solicitantes de asilo y protección internacional en los centros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en al menos 5.700 plazas con respecto a 2019”. A un año del cumplimiento del plazo, el Ministerio asegura estar “acometiendo una serie de actuaciones para alcanzar un total de 9.196 plazas adicionales disponibles”, una cifra superior a sus planes iniciales.
Para conseguirlo, además de buscar y crear nuevos espacios de acogida, la Secretaría de Migraciones realizará una serie de reformas en centros que actualmente forman parte del sistema de atención humanitaria -es decir los espacios que albergan temporalmente a las personas que llegan en patera a las costas españolas- para permitir que sus plazas puedan ser también utilizadas para atender a los solicitantes de asilo, que requieren una atención diferenciada y especializada.
Desde 2019, el Ministerio planea incrementar la participación del Estado en los procesos de acogida, pues en estos momentos la mayoría de los centros son gestionados por organizaciones no gubernamentales a través de convenios con el Ejecutivo: “Descansamos en exceso en las ONG y pensamos que deberíamos tener capacidades mayores”, dijo en 2020 el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. Pero cada vez que la Secretaría de Estado de Migraciones ha echado el ojo a nuevos espacios para crear plazas propias en el marco de la reforma, el anuncio suele ir acompañado de polémica y críticas de las autoridades autonómicas correspondientes. En este sentido, el Ministerio de Inclusión no ha detallado por el momento la localización definitiva de las nuevas plazas.
Actualmente, las plazas de titularidad pública se dividen en Centros de Acogida de Protección Internacional (CAPI), dos de los cuales se sitúan en la Comunidad de Madrid (Vallecas y Alcobendas), uno en la Comunidad Valenciana (Mislata) y un centro en Andalucía (Sevilla). Por su parte, el sistema cuenta con cuatro Centros de Recepción, Acogida y Derivación situados en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Alicante y Málaga. La capacidad de acogida de estos centros es de 989 plazas, según Migraciones.
En lo que va de año, el sistema de acogida de protección internacional ha atendido un total de 49.691 solicitantes de asilo hasta el 15 de junio. La mayoría de ellas han sido alojadas en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Catalunya y la Comunidad Valenciana.
Además de los centros del sistema de protección internacional, el Gobierno cuenta con varios centros o campamentos creados para alojar temporalmente a las personas que llegan a España de manera irregular, a través del llamado programa de atención humanitaria. Estos centros acogen tanto a personas incluidas en dicho programa como solicitantes y beneficiarios de protección internacional aunque carecen de una atención especializada e individualizada para estos últimos, después de la modificación normativa aprobada por el Gobierno en 2019. Son, por ejemplo, los campamentos ubicados en Canarias.
El registro de solicitudes de asilo ha experimentado un importante aumento desde 2018, un fenómeno que el Ministerio de Inclusión pretende corregir tras la aprobación de la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que penaliza en su proceso de regularización a los demandantes de protección que ven rechazada su solicitud. En 2023, España registró un máximo histórico de solicitudes de protección con un total de 163.220, un 37% más que en 2022, año en el que se registró un total de 118.842 solicitudes. En 2024 las solicitudes de asilo fueron un 2,5% superior con respecto a las registradas en 2023, con un total de 167.366, recoge el último informe de Inclusión. A fecha de este informe (junio de 2025), la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ha registrado 64.638 solicitudes. Según los datos de Interior, estas solicitudes proceden en su mayoría de personas venezolanas, colombianas y peruanas. El resto de las nacionalidades mayoritarias provienen de África Subsahariana, principalmente de Mali.
*Gráficos de Victòria Oliveres.
