La corrupción golpea de nuevo a la democracia

La investigación procesal y la comprobación, por provisional que sea hasta este momento, de una gravísima corrupción de altos cargos del PSOE, el partido que gobierna España, es una pésima noticia para nuestra democracia. Compartimos, como punto de partida de esta exposición, la posición clarividente de Vidal-Beneyto: “La lucha contra la corrupción es, hoy, el desafío fundamental de nuestra democracia”.

El fenómeno de la corrupción en los países democráticos tiene causas estructurales que guardan relación con la organización del Estado, sus Administraciones y la ordenación de los poderes públicos. Entre ellas, la insuficiencia de los controles administrativos internos, que abdican de sus funciones por puro burocratismo con la consiguiente pasividad o, peor, por complicidades más o menos encubiertas con los “gobernantes”. Y, desde luego, por ausencia de una efectiva respuesta sancionatoria administrativa o penal.

En este último caso, por motivos variados, como la inaplicación de los medios disponibles para hacer frente a conductas delictivas complejas –con rasgos propios de la criminalidad organizada–, causa, a su vez, de una respuesta tardía y débil que conduce a amparar la impunidad. Cuando no, directamente, la falta de una plena neutralidad de jueces y fiscales para enfrentarse a los círculos del poder económico o político, como se ha acreditado en las recusaciones de magistrados de la Audiencia Nacional para enjuiciar conductas delictivas de dirigentes del PP. En otros casos, la Justicia favorece directamente a los poderosos mediante interesadas y retorcidas interpretaciones legales, como el rechazo por la Audiencia Nacional al enjuiciamiento del que fuera presidente del Banco Santander –la llamada doctrina Botín– sobre el fraude fiscal de las llamadas “cesiones de crédito”.

Son las obligadas consecuencias de un sistema basado en la lógica del mercado y en el enunciado de “enriquecerse”. Así lo resumía el analista alemán Michael R. Krätke: “Corrupción, dinero negro, segundas cajas, engaño organizado y manipulaciones contables son prácticas corrientes en el mundo de los negocios”. Una economía sustentada en la “codicia humana” es capaz de debilitar o destruir los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de un sistema basado en el consenso del respeto a la legalidad democrática y a los derechos humanos. Por ello, la codicia, elemento esencial de estos delitos, cuando los sujetos de la corrupción son cargos públicos, va asociada ineludiblemente a una deslealtad a los principios y reglas del sistema democrático.

Para hacer frente a esta realidad tan compleja y difícil de enderezar hacia el imperio de la Ley y el respeto a los Derechos debe partirse del conocimiento real de quienes, como gobernantes, están obligados a rechazar cualquier forma, por leve que fuese, de corrupción. Porque, ciertamente, parten de una posición de superioridad respecto de cualquier ciudadano, cualquiera que sea el grado de poder público que ejerzan. Porque disfrutan de una especial capacidad de información e influencia, de la que carecen los ciudadanos, capacidad que les otorga una evidente superioridad sobre aquellos y ciertas garantías de impunidad. Desde esta posición, es relativamente fácil caminar por el sendero de la corrupción. Que se compone, esencialmente, de los siguientes elementos:

—Desviación de poder, es decir, no aplicar las normas al servicio del interés general.

—Arbitrariedad, es decir, aplicar las normas en función de criterios personales ajenos a la estricta legalidad, y

—Favoritismo, es decir, hacer un uso del poder público en beneficio propio o de terceros.

Elementos que fueron explicitados claramente en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 8/5/2018, confirmando la dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana el 8/2/2017 en el Caso Gürtel-Fitur: “Lo característico de la corrupción no sólo es que determinadas personas cometan hechos delictivos patrimoniales, sino que la corrupción surge porque en el actuar delictivo se compromete al Estado y a la Administración, porque se realizan en los aledaños, o desde, posiciones de poder. La conducta típica en los delitos de corrupción se centra en la obtención de puestos dentro del Estado, directamente o a través de influencias, para delinquir, para obtener ventajas patrimoniales, para desmantelar al Estado, o para apropiarse del patrimonio del Estado. En ocasiones, desde esa ocupación, directa o indirecta, se utiliza el puesto estatal (…) para asegurarse la adjudicación de contratos, propiciando situarse en los dos lados de la contratación, como Estado y como adjudicatario de la concesión o del contrato, alterando las condiciones de la libre concurrencia (…)”.

Todo ello lo resumió el profesor Calsamiglia, calificando la corrupción, en cualquiera de sus formas, como un gran acto de deslealtad a la legalidad y, sobre todo, al Estado democrático.

La corrupción, por consiguiente, lleva aparejada un déficit de gobernabilidad y sus prácticas obstaculizan el desarrollo económico.

Pero el estallido de esta larga y provocadora corrupción en el seno del partido que gobierna España reviste una particular gravedad. En el mismo, rige un Código Ético y de Conducta, de cumplimiento obligatorio para sus miembros, que ya en su Introducción afirma: “Queremos enfrentar con rigor cualquier forma de corrupción, personal u organizada…”. No nos consta si se llevó a cabo. Parece ser que no. Precisamente, en 2024, el Gobierno aprobó un ‘Plan de acción para la Democracia’, siguiendo las pautas fijadas por la Comisión Europea en julio de 2024, basadas en el “respeto por la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho”. En dicho Plan, el Gobierno –ahora tan golpeado– definió tres grandes líneas de actuación: “transparencia y refuerzo de la lucha contra la corrupción”, “especialización del Ministerio Fiscal para hacer frente al fraude a la Hacienda Pública y la corrupción pública” y “combatir esta lacra criminal, que constituye una prioridad absoluta”. Este reto, Gobierno de España, ¿cuándo se cumplirá?

Ya no caben más dilaciones.