El proyecto para almacenar gas resucita las tensiones en Doñana al año y medio de enterrar la ley para indultar regadíos

Ya lo dijo hace un año en una entrevista con este periódico el biólogo Miguel Delibes: “Doñana siempre va a estar amenazada y siempre habrá que estar vigilantes para protegerla”. Como muestra de ello, ahora reaparece en el horizonte el proyecto del gas, que en realidad nunca ha desaparecido y de hecho está parcialmente activo. La petición de la empresa concesionaria para hacer un nuevo sondeo ha vuelto a sacudir el siempre frágil equilibrio político y social en el parque nacional, resucitando unas tensiones que están ahí y que ahora enfrentan a los colectivos ecologistas con el Gobierno central. La Junta de Andalucía se guarda su postura, aunque de partida no parece que vaya a bloquear la propuesta.

Las cartas se pondrán sobre la mesa el próximo viernes, 27 de junio, cuando se reunirá el Consejo de Participación de Doñana para analizar la iniciativa y expresar su postura, que no es vinculante pero sí muy determinante por simbólica. Por si no fuera poca la incertidumbre, la situación se ha alargado más de lo previsto porque inicialmente se convocó un consejo extraordinario (el de este viernes es el habitual de mediados de año) para abordar el proyecto, con la coincidencia de que se fijó el 28 de abril y el gran apagón de ese día obligó a suspenderlo porque impidió la intervención telemática de los representantes del Gobierno central.

Las posturas más claras de partida son las de las organizaciones ecologistas que se sientan en el Consejo, contrarias a esta propuesta, mientras que el Gobierno avanza que legalmente está obligado a autorizarla. También se opone el Ayuntamiento de Almonte, en cuyo término municipal se levanta el complejo gasístico, así que queda por saber qué hará la Junta de Andalucía. Por ahora se limita a señalar que se han hecho “recomendaciones o sugerencias” al expediente que se han transmitido al Ejecutivo central, con lo que en apariencia no expresa una opinión radicalmente en contra.

El Gobierno prevé dar permiso

Pero antes de avanzar en la cuestión política hay que hacer memoria, porque surge la duda: ¿lo del gas en Doñana no se había descartado ya hace unos años? Pues sí pero no, aunque es cierto que en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denegó la autorización ambiental y tumbó una iniciativa para almacenar gas de Gas Natural Fenosa (rebautizada luego Naturgy).

Instalaciones gasísticas en Doñana.

Aquello paralizó los planes para un gran complejo que se subdividió en cuatro partes, según los ecologistas para esquivar requisitos ambientales. Por el camino quedaron tres –Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo–, pero sí logró sobrevivir la primera que se puso en marcha, Marismas Occidental, que hoy explota Trinity Energy Storage tras comprar los correspondientes derechos. La compañía tiene autorización para dos pozos de inyección, pero uno está estropeado desde hace años y lo que quiere ahora es realizar un nuevo sondeo (Marismas 3NE) para sustituirlo y explotar a mil metros de profundidad un almacén que requiere inyectar y extraer gas.

La autorización la tiene que dar el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), cuya titular, Sara Aagesen (PSOE), ya ha anunciado que la previsión es conceder el permiso porque hablamos de una “instalación preexistente” y, por lo tanto, “desde el marco legal tienen derecho a solicitarlo”. De hecho ya “se ha iniciado la tramitación”, que se hará “con las máximas garantías ambientales” pero insistiendo en que se trata de un “procedimiento anclado en la ley”.

Informes ambientales “obsoletos”

Cuestión distinta es su afirmación de que el proyecto está “fuera del perímetro de Doñana”, a no más de medio kilómetro del enclave natural. Este mismo argumento, por cierto, fue el que esgrimió el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), para defender las bondades de la proposición de ley que impulsó con Vox y que iba a permitir indultar centenares de hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del parque, una propuesta que se bloqueó hace año y medio con el pacto que trajo la paz política.

Al otro lado del cuadrilátero tenemos a las organizaciones ecologistas, que han reactivado para la ocasión la plataforma Salvemos Doñana y que consideran un disparate las intenciones de Trinity Energy Storage, contra las que han presentado una quincena de alegaciones. Se critica, por ejemplo, que se le va a conceder permiso en base a una autorización ambiental de 2010, en base a unos informes que están “obsoletos” y que sustentan un proyecto que supone una nueva amenaza para Doñana, “especialmente a sus aguas subterráneas”.

Manifestación en 2016 contra el proyecto de Gas Natural en el entorno de Doñana.

“Tanto la metodología de evaluación como el conocimiento científico han evolucionado mucho”, y esto ha originado “una ingente información nueva tanto hidrogeológica como sísmica que debiera tenerse en cuenta”. La mención a que el manejo del gas pueda provocar temblores de tierra no es gratuita, ya que es un fantasma siempre presente como ocurrió por ejemplo con el proyecto de El Castor en Castellón, que se desestimó tras registrarse más de 500 terremotos.

El aspecto político y el económico

De paso, los colectivos ambientalistas recuerdan al Gobierno su compromiso con la descarbonización y que el proyecto es “incompatible” con la Ley de Cambio Climático, además de que “no se demuestra necesario para cumplir un rol relevante en la seguridad energética”. Se responde así a otro de los argumentos esgrimidos, la necesidad estratégica de aumentar las reservas de gas, que contrasta con el pequeño tamaño del depósito (unos 100 millones de metros cúbicos) frente a los otros tres que hay en España, que superan los 1.000 millones.

El Ministerio recuerda que el proyecto es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, de hecho hoy no podría obtener autorización. Pero también incide en el impacto económico, una cuestión en la que se incluyen las pérdidas acumuladas desde que el pozo no está operativo y el valor del gas que ya se acumula en las instalaciones, conceptos que en conjunto superan los 40 millones de euros.

Almonte no lo quiere

En cuanto a la Junta, su postura determinará si se va más allá de un proyecto empresarial y se escala al choque político, como ya ocurrió cuando se dieron las licencias. La explotación Marismas Occidental recibió el visto bueno con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente, mientras que los otros tres proyectos paralelos se activaron ya con Mariano Rajoy (PP) en el Gobierno, que tras unas dudas iniciales se encontró con la postura en contra del Ejecutivo autonómico de Susana Díaz (PSOE).

WWF recogió miles de firmas contra el proyecto gasístico.

Fue precisamente la Junta la que, en 2016, denegó la necesaria autorización ambiental, lo que la empresa llevó a unos tribunales que acabaron dándole la razón a la administración autonómica. De por medio hubo protestas ecologistas y hasta un llamamiento del Parlamento europeo a paralizar el almacén, de ahí la importancia de la postura que adopte el Gobierno andaluz.

Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se admite que el proyecto gasístico “ahora mismo cuenta con autorización ambiental vigente”. No obstante, “entendemos que debido al transcurso del tiempo es necesario hacer una serie de recomendaciones o sugerencias para ser tenidas en cuenta por el Ministerio para la Transición Ecológica”, apuntan fuentes de este departamento, que añaden que ya se le han hecho llegar.

En cambio, el que sí expresa con claridad su postura contraria a la iniciativa es el Ayuntamiento de Almonte, en cuyo término municipal se levanta el complejo. Su alcalde, Francisco Bella (del partido local Ilusiona), entiende que confluyen intereses dispares, pero cree que “alguna vez debería de ganar Doñana” en este tipo de situaciones y considera que la postura del Consejo de Participación es negativa con respecto al proyecto. Si esto realmente cristaliza y se expresa una oposición formal al nuevo sondeo la última palabra seguirá siendo del Ministerio, aunque de cara a la opinión pública tendrá mucho más complicado justificar su autorización.