El Tribunal Supremo pone a prueba las lealtades entre Ábalos, Koldo y Cerdán

La citación en el Supremo de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán para declarar acusados de gravísimos delitos supone la primera oportunidad para escuchar la versión de los tres protagonistas de la presunta trama de amaños en adjudicaciones de obra pública que ha destapado la Guardia Civil.

En un clima político de alto voltaje, con el PSOE en vilo y el Gobierno en grave riesgo, con los aludidos retratados en grabaciones incluidas en la causa, los dos antiguos secretarios de Organización del PSOE y el ex asesor de Transportes tienen la oportunidad de defender la inocencia que los tres proclaman. El juez Leopoldo Puente comprobará si su relato es coincidente o si, por el contrario, surgen los desencuentros y las acusaciones cruzadas que empiezan a vislumbrarse.

Ábalos ha sido el primero en apuntar a los otros dos investigados. El exministro de Transportes ha cambiado su discurso después de conocer el contundente informe de la UCO y las grabaciones que lo acompañan. En una conversación con la Cadena Ser, Ábalos asumió el jueves, por primera vez, la existencia de irregularidades en su departamento y estableció el marco en el que quiere jugar su baza de defensa. “Santos Cerdán y Koldo García me han utilizado”, dijo.

Esta tesis se impulsa en un aspecto determinante del informe de la UCO, aquel que apunta a que la trama de corrupción se originó en Navarra allá por 2014, con Cerdán de jefe y Koldo García de subordinado. Con el nombramiento de Cerdán como secretario de Política Territorial del PSOE en 2017, ambos habrían exportado el método a Madrid. Y un año después, con la designación de Ábalos, habrían alcanzado el cénit de su estrategia: el Ministerio de Transportes, miles de millones de euros de presupuesto público como oportunidad de negocio.

La Guardia Civil señala incluso que Cerdán habría ofrecido a Koldo García como conductor a Ábalos en una estrategia de situar a su subordinado cerca de alguien con más poder que él mismo, el secretario de Organización en 2017 que al año siguiente se convertiría en ministro de Transportes.

Los indicios contra Ábalos

Hasta aquí, un planteamiento beneficioso para Ábalos si no fuera porque el informe de la UCO también presenta indicios contundentes contra el exministro. El atestado apunta que habría recibido “altas cantidades de dinero” con la “mediación” de Cerdán y “como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos”. Recoge grabaciones en las que el exministro y su asesor hablan sobre el reparto de obras públicas para diferentes empresas, entre las que se encontraba la constructora Acciona, que habría pagado al exministro y su asesor 620.000 euros en mordidas.

También figuran audios en los que ambos, junto a Cerdán, hablan de esas presuntas comisiones ilegales. En paralelo, la investigación ha arrojado indicios de que el exministro disfrutó de un chalet en Cádiz a cambio de su intercesión en contratos y de que la trama pagó el alquiler del apartamento de lujo de quien era su pareja.

El pasado diciembre, cuando declaró por primera vez ante del juez, Ábalos negó las mordidas, no señaló a ningún miembro del Gobierno ni del partido que lo expulsó de sus filas en febrero de 2024, cuando fue detenido su “asesor personal”. Y trató de descargar toda la responsabilidad en Koldo García. En su segunda declaración, en febrero, se desvinculó de las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama, que fue quien puso a los investigadores sobre la pista de los contratos amañados.

¿Dos contra Cerdán?

Por su parte, Koldo García arremete duramente contra Cerdán en los audios incorporados a la causa, especialmente en los que fueron grabados en las fechas más próximas a su detención. “Santos me ha utilizado durante quince años”, llega a decir. Koldo García se muestra en esas conversaciones decepcionado porque desde su salida del Ministerio, acompañando a Ábalos, el ya secretario de Organización le ha dado la espalda, no le atiende y no se encarga de él ni de su familia.

La pregunta ante estas nuevas declaraciones en el Supremo es si estos posicionamientos se repetirán ante el juez. Koldo García tenía la intención de acogerse a su derecho a no declarar, según apuntaban durante la semana fuentes de su entorno, mientras que la defensa de Ábalos aseguraba que este quiere “colaborar con la justicia”.

Pero estos posicionamientos iniciales pueden cambiar a la luz de la reunión que mantuvieron el domingo por la tarde Koldo García y José Luis Ábalos en el despacho del abogado del ex ministro, según reveló La Sexta. El encuentro se produce tres días después de que Ábalos señalara a Koldo y Cerdán y a pocas horas de que tengan que comparecer ambos en el Supremo.

Cuando ya hayan pasado los dos primeros por el tribunal, comparecerá Santos Cerdán. Estaba citado este miércoles, pero su nuevo abogado ha pedido tiempo para estudiar la causa. La intención es que Cerdán y su defensa conozcan de qué se le acusa antes de presentarse en el Supremo. El juez Puente le ha concedido cinco días más y el ex ‘número tres’ del PSOE comparecerá el 30 de junio.

Hay un elemento coincidente entre los dos ex secretarios de Organización: Ábalos y Santos Cerdán dicen no reconocerse en las grabaciones que figuran en el atestado de la UCO que ha valido sus imputaciones. Sobre este aspecto podría aportar algo el autor de las mismas, Koldo García, quien guardaba los audios en su domicilio cuando este fue registrado en febrero de 2024, en el marco de su detención.

Koldo García grabó conversaciones desde su llegada a Madrid en 2017 y durante su periodo como sombra de Ábalos en Transportes, donde recaló en el verano de 2018 con una destacada influencia en uno de los ministerios con más presupuesto. También obtuvo asiento en consejos de administración de varias empresas públicas. La investigación ha revelado que su hermano estaba asimismo a sueldo de la Administración y que su mujer se convirtió en ayudante de secretaria en el ministerio.

Los agentes de la UCO se afanan en escuchar esas interminables conversaciones y en desencriptar algunos de los dispositivos. El informe de los indicios contra Cerdán se centra en ocho grabaciones que realizó Koldo García de conversaciones con Ábalos, con Cerdán, con ambos a la vez y con otros altos cargos que están ahora al borde de la imputación como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

Hasta ahora, Koldo García ha centrado su estrategia de defensa en denunciar ante la Fiscalía General del Estado las filtraciones del contenido de los informes de la UCO, a los que han tenido acceso todas las partes personadas, y responsabilizar de ello a la unidad de la Guardia Civil. También ha negado ser partícipe de una trama de corrupción.

En su primera declaración ante el juez, el pasado diciembre, Koldo García protegió a Ábalos, negó haber desviado mordidas hacia el PSOE y trató de mostrarse como un mero asesor sin capacidad de decisión. También desmintió las acusaciones lanzadas por Aldama contra otros cargos del partido y el Gobierno y que ya apuntaban a la figura de Cerdán.

Investigación patrimonial

Respecto a Cerdán, los investigadores han determinado hasta el momento su papel de “mediador” en las adjudicaciones de obra pública y de “gestor” de los fondos obtenidos a cambio de supuestos amaños. Pero falta encontrar el motivo de la actuación del ex ‘número tres’ del PSOE. Por ahora, no hay rastro de dónde fue a parar el dinero que presuntamente se embolsó y eso plantea la duda de si no era él, sino el partido, el principal destinatario, algo de lo que tampoco han aparecido indicios hasta ahora.

El juez acordó el pasado viernes autorizar a la UCO a investigar cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos. Los agentes también acudieron a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para clonar su correo corporativo, donde sospechan que pudo enviar o recibir “ciertas comunicaciones relevantes”.

El caso de las mordidas por obra pública vive en una constante ebullición desde antes de que la UCO entregara su informe al juzgado. Cuando su contenido estaba aún secreto, los agentes entraron en la casa de Ábalos en Valencia y clonaron su teléfono, llevándose varios dispositivos móviles, incluido uno que intentó hurtar a los agentes a través de la mujer que estaba en ese momento con él. Luego Ábalos ha dicho que en él guardaba su estrategia de defensa así como conversaciones con miembros del Gobierno, incluido su presidente, Pedro Sánchez.

Ese mismo día, los agentes practicaron registros en sedes de cinco empresas y domicilios de tres empresarios, vinculados a las anteriores. Uno de ellos es Antxon Alonso, el dueño de Servinabar 2000, la sociedad que la UCO considera la “vía de canalización” de los investigados para percibir un porcentaje de lo que obtenía la empresa en su Unión Temporal de Empresas (UTE) con la constructora Acciona. En ese registro, los agentes encontraron un documento de compraventa de acciones de la compañía, fechado en 2016, que otorga a Santos Cerdán un 45% de la propiedad de Servinabar 2000, aunque Alonso defendió la pasada semana que ese acuerdo no fue elevado a escritura pública. Según los investigadores está firmado por ambos y es práctica habitual en los casos de corrupción que esos contratos privados no se publiciten.

En su último auto, el juez Puente pone título a la causa que instruye al decir que, “este es el caso, sin duda, de don Santos Cerdán León” porque hay “consistentes indicios” de que se dedicaba a la “percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas”, y que todo apunta a que se encargaba de “distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”.

Desde el pasado viernes, tanto Antxon Alonso, que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro, como otros cuatro empresarios que participaron presuntamente en las adjudicaciones amañadas están también imputados. También figura como investigado Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcción, una de las principales constructoras implicadas, de acuerdo con el informe de la UCO.

Entre los empresarios imputados se encuentran también los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otras dos empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños. Todos pasarán ante el juez el próximo julio.