Caballos desplomados, establos sin paredes y trabajo a pleno sol: así malviven los animales que pasean turistas en Palma

La parcela es un terreno rústico en la periferia de la ciudad: 10.528 metros cuadrados dedicados al secano. Al menos, para el catastro. La práctica nada tiene que ver con la teoría. Donde florecieron los almendros ahora se amontonan decenas de coches, tres grúas con el nombre y las señas de un taller escritas en rojo sobre una carrocería blanca, algunas furgonetas de reparto. También, maderas y metales tirados entre hierbajos, matojos y varios algarrobos. Aprovechando la sombra que proyectan las ramas de los árboles, dos hombres meten la cabeza bajo unos chasis. Son mecánicos sudando la gota gorda, parecen figurantes de una película rodada por Bigas Luna a las puertas del verano. Un caballo mira con indiferencia cómo trabajan los hombres.

Son las siete menos cuarto de una tarde de mediados de junio. Faltan más de dos horas para que se ponga el sol y el termómetro todavía roza los treinta grados. Un ambiente pegajoso impregna cada rincón de este aparcamiento sin asfaltar del que también entra y sale a diario un vehículo sin motor. De ponerla en movimiento se encarga el caballo –pelaje chocolate, crin y cola oscuras– que mira a los mecánicos que sudan la gota gorda en la periferia de la ciudad una tarde a las puertas del verano. Color verde botella, asientos de sky beige, cuatro ruedas de madera –las traseras de mucho más diámetro que las delanteras–, una capota negra, un pescante, y un número, el 72, inscrito en una placa. Es la identificación de las calesas que forman parte del servicio municipal de Palma y que, según Progreso en Verde, es la que tiene a sus caballos en pésimas condiciones.

Para quienes viven o trabajan en los barrios antiguos de Palma, la calesa, más que una atracción turística, es un elemento cotidiano. Para los turistas, un divertimento que les permite recorrer el centro histórico como si fueran burgueses mallorquines del siglo XX, al trantrán de una bestia de tiro. Para el caballo, una tortura. No por su empleo, sino por las condiciones en las que malvive, como denuncian desde Progreso en Verde. Está a la intemperie. La cuadra la delimitan unos listones. Las paredes son de aire. El techo, unas chapas, contenidas por el contrapeso de un macuto relleno y varios neumáticos. Cuando aprieta el calor, la carne se achicharra. Cuando llueve, los cascos se hunden en un fango viscoso.

Unos neumáticos y un macuto son el contrapeso para evitar que el tejado de chapa que tapa al caballo salga volando.

La silueta de la galera no aparece en el encuadre de las fotos que toma elDiario.es desde el otro lado de la valla que cerca la finca. La calesa sí se aprecia, junto al otro caballo –también marrón, también huesudo– que tira de ella, en muchos de los archivos en formato imagen que Guillermo Amengual ha acumulado durante los últimos años. Las visitas del presidente del partido Progreso en Verde a estos campos de cultivo reconvertidos en aparcamiento –de motores de inyección de combustible, de motores de sangre equina– son habituales. Agarra la moto y la cámara, conduce hasta el barrio de sa Indioteria: viejas possessions transformadas en barriada de aluvión y polígono industrial cuando Palma conoció el turismo, multiplicó sus habitantes y, con ellos, sus necesidades. En ese paisaje, el activista colecciona imágenes que, al volcarlas en el ordenador, le ponen los pelos de punta. Dice Amengual:

–Con las condiciones que presenta, es imposible que la finca esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias del Govern. Si no estuviera inscrita, hablamos de un delito grande porque allí viven caballos que están participando de una actividad económica y prestando un servicio municipal. Si lo estuviera, también tendríamos un problema. ¿Cómo le pudieron dar el visto bueno? Hemos visto el suelo que pisa el caballo lleno de excrementos: no los recogen. El abrevadero es un bidón metálico que se deja al sol horas y horas. Hay objetos cortantes por todos lados, hierbajos y materiales inflamables que podrían provocar una desgracia si algún día se prende un fuego. La valla más cercana al caballo son unos palés que están medio tumbados: si le da por saltarlos, acabaría en el polígono.

Los dos caballos de la calesa 72, según los animalistas, en una foto tomada en una de las visitas de Progreso en Verde a sa Indioteria.

“Debería perder la licencia”

En la partida de ajedrez que Amengual juega con las instituciones, este terreno es clave: de allí baja y hasta allí sube, como denuncia su trabajo de documentación, la galera que de forma “más descarada” ha desafiado la ordenanza municipal y la Llei de Benestar animal de Balears (1/1992). Estuvo meses trabajando con la licencia suspendida. La Policía Local de Palma denunció al conductor por circular con un caballo demasiado débil, demasiado viejo: cojo de dos patas, superaba los dieciséis años, la edad límite para emplear al animal… si no hay un informe veterinario que lo autorice, como informó Mallorca Diario.

“Es flagrante que las instituciones no estén encima de un conductor que, por acumulación de infracciones, algunas graves o muy graves, debería haber perdido su licencia. Así lo dicta la ordenanza”, dice Amengual. Las fotografías y vídeos que ha enviado a elDiario.es –y que concuerdan con las imágenes que captaron el fotógrafo y el redactor de este reportaje– llegaron –meses o años– antes al Ajuntament de Palma, a la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El caballo que fotografió elDiario.es cuand visitó la finca de sa Indioteria.

La valla que encierra la finca está medio derribada en un extremo.

El presidente de Progreso en Verde explica que en ninguna de las tres ventanillas obtuvo respuesta. Algo similar le ocurrió durante la última semana a elDiario.es: información a cuentagotas, escasa concreción en los datos y, especialmente por parte del Ajuntament de Palma, mucha reticencia para responder. Hubo llamadas e intercambio de mensajes con diferentes jefes de prensa. En la Regidoria de Mobilitat remitieron a la de Medi natural, que devolvió la responsabilidad al departamento que otorga y quita estas concesiones. En ningún momento hubo posibilidad de entrevistar a un responsable político o técnico.

La respuesta, al final, llegó por correo electrónico. Sin aportar documentos que lo probasen, desde el Ayuntamiento aseguraron que la revisión veterinaria que se ha hecho este año (entre marzo y abril) sólo ha descartado a dos animales para la faena. Que el control es exhaustivo (cada quince días en las paradas). Que a ningún calesero se le ha impuesto una “sanción muy grave”, ni siquiera por reincidente. Implicaría la retirada definitiva de la licencia. Las repreguntas de elDiario.es se han quedado en el limbo. “¿El Ayuntamiento no revisa los lugares donde se guardan los caballos que trabajan en el servicio municipal de galeras?”, fue una de ellas.

Sin respuesta del Govern

El Govern no ha respondido tampoco a esa cuestión. El departamento de prensa de Agricultura i Ramaderia dio algunas explicaciones sobre cómo funcionan las explotaciones equinas: “Si hay más de cinco caballos, necesita un plan de actuación elaborado por un veterinario. Si tiene menos [como ocurre en el terreno de sa Indioteria], no necesita ese plan. Normalmente, ese tipo de explotaciones más pequeñas no dan problemas”. También cifró la cantidad de fincas inscritas en el REGA que hay en el municipio de Palma: un centenar. Sin más detalles.

La web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promete más transparencia: “El Registro de Explotaciones Ganaderas tiene carácter público e informativo”. La realidad es distinta. Cuando Guillermo Amengual clicó en la pestaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación donde pensaba que se podría consultar el listado, se encontró con un buscador que le pedía un código. “Nunca me lo han querido dar. Dicen que vulnerarían la ley de protección de datos”, explica. La misma justificación que recibió elDiario.es por parte de la Conselleria cuando consultó si la finca donde el chófer de la licencia 72 aparca la calesa y estabula sus caballos –según los animalistas– figura en el REGA.

Progreso en Verde consiguió en 2023 que se clausurara un establo localizado en el Camí Salard, otro de los antiguos senderos agrícolas que ocultan las autovías del extrarradio palmesano. Allí también malvivían caballos en unos establos sin paredes que luego estiraban de los carros turísticos. Fue una lucha maratoniana, pero hubo más feedback con el sistema público. Amengual recibió un mensaje con el sello de la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia. Estaba firmado, además, por dos jefes técnicos. El documento detallaba las inspecciones realizadas en aquellas cuadras (en 2018 y 2021) y confirmaba la existencia de un expediente para sancionar a una finca que tenía caballos sin aparecer en el REGA. Además, los técnicos concretaban que el Ajuntament de Palma había recibido una orden para que se trasladara “a los équidos a una explotación autorizada”.

Quizás, por esa victoria del pasado, el activista no baja ahora los brazos. El Real Decreto que regula las explotaciones ganaderas contiene artículos contundentes. Considera “infracción grave” “obligar a los animales a trabajar o a producir en caso de enfermedad o desnutrición o a una sobreexplotación que pueda hacer peligrar su salud”. Agarrado a esas palabras, Amengual ha llegado a recurrir al Defensor del Pueblo. Mientras espera que le contesten desde Madrid, piensa en ir más allá: “Si no nos queda más remedio, acudiremos a la Fiscalía y denunciaremos en la Justicia esta situación de maltrato animal”.

Caballos desplomados y una norma atascada

Progreso en Verde sigue el rastro a la calesa número 72 desde hace casi tres años, después de que trascendiera aquella denuncia de la Policía Local contra su conductor y de que el verano encendiera el debate sobre las galeras palmesanas. Fue movido el mes de julio de 2022. El viernes 22, la edición balear de elDiario.es publicó una crónica donde se explicaban las pésimas condiciones en las que trabajaban los caballos del servicio de calesas: Cort –el nombre popular que recibe el Ajuntament de Palma entre los mallorquines– reconocía “apuros” para modificar la ordenanza que regulaba el servicio. Data de 2003 y aún sigue en vigor.

Al día siguiente, el sábado 23, el concejal de Mobilitat, Francesc Dalmau, se apresuró a decir que las calesas tiradas por caballos iban a tener baterías eléctricas en el plazo de dos años. Sería un titular efímero. La actualidad sacudió la escaleta política. Horas después de aquellas declaraciones, a las cinco de la tarde del domingo 24 de julio, un caballo que tiraba de una calesa se desvanecía en la cabecera del Passeig del Born. Decenas de móviles grabaron la escena, la publicaron, la viralizaron. Ya había ocurrido en 2015, incitando la recogida de 14.000 firmas. Pero, hace una década, el algoritmo no era tan potente como en 2022, cuando internet se inflamó y el asunto viajó más allá de las costas de Mallorca. Televisiones, periódicos y radios nacionales se hicieron eco de un desvanecimiento que pondría un punto y aparte en las protestas para acabar con las calesas de tracción animal en Palma. Una semana más tarde, el 30 de julio, trescientas personas se manifestaron para exigirlo.

La era digital se maneja con tempos rápidos, la repercusión incitaba a actuar con inmediatez. Una ventana de oportunidad se había abierto, los partidos parecían dispuestos a escuchar el ruido de la calle. Ocurrió así. Se trataba de una propuesta de Ciudadanos: el socialista Dalmau y sus compañeros de equipo de gobierno, que también integraban Més per Mallorca y Unides Podem, la aprobarán en pleno, el jueves 28, pero nunca la desarrollarán. La senda para cambiar este servicio turístico, que arrancó en 1958, parecía minada.

La calesa 72 dando servicio a los turistas que visitan el centro de Palma.

Los caleseros: “No maltratamos a los caballos”

Hubo casi ochenta galeras rodando por la ciudad. Después del primer verano pandémico eran apenas veintiocho. Aunque los números evidenciaran que el negocio había conocido tiempos mejores, los caleseros no querían evolucionar. En octubre de 2020, la mayoría de los chóferes habían creado la Asociación La Calesa. “La gente que nos critica tiene que entender que nuestro trabajo es absolutamente normal. Como el que hace un taxista”, explicaba Carlos Cortés, el portavoz de este colectivo, según recogía Última Hora.

“Nosotros no maltratamos a los caballos, al contrario, los cuidamos mejor que nadie. (…) Nos insultan a diario”, añadió. Se sentían “víctimas”, decía Natalio Vargas, de una cuestión política. Conocido como Tío Natalio, era uno de los caleseros más veteranos: “Desde que empezó el turismo, en los años cincuenta, las calesas siempre han estado muy unidas a Palma y nos respetaban. Pero desde hace cuatro o cinco años todo ha cambiado. Eso coincidió con la entrada en el poder de los partidos políticos Més y Podemos”. La Calesa sería muy crítica con el alcalde José Hila, del PSIB-PSOE: en 2021 se quejó de falta de ayudas públicas que compensaran los destrozos del COVID y, un año después, acusó a Cort de no convocar exámenes para que los hijos de los conductores pudieran heredar unas licencias que son vitalicias.

Pero el tripartito de centroizquierda encalló. Ya le costó prohibir que los carruajes circularan cuando hace demasiado calor: se aprobó en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears lo tumbó por un defecto de forma y la ordenanza no se pudo rehacer y aplicar hasta 2022. Para conseguir que los caballos dejaran de tirar de las galeras, se dieron un plazo demasiado largo. Entre medias, en mayo de 2023, vendrían unas elecciones municipales donde el Partido Popular y Vox capturarían los votos de Ciudadanos. Eliminado el partido naranja, enviaron a las fuerzas progresistas a la oposición, las barrieron. Ha pasado medio mandato y el equipo encabezado por el alcalde Jaime Martínez Llabrés (PP) no ha mostrado interés en rescatar del archivador el proyecto de las calesas eléctricas. En aquel pleno de julio de 2022, los populares se abstuvieron. Vox, votó en contra. Aritmética: gobernando en minoría, la derecha necesitaba a la ultraderecha para sacar adelante sus planes de gobierno.

Las dos carrozas que no forman parte de la Asociación La Calesa son las que, según los animalistas, más irregularidades cometen.

Denuncias que el Ajuntament de Palma no responde

A la calesa número 72, la inacción política le ha venido de perlas. Esas dos cifras aparecen en muchos de los requerimientos que Progreso en Verde registró en el Ajuntament de Palma entre julio de 2023 y abril de 2024. “Dejamos de hacerlo”, dice Amengual, “porque no nos han contestado a casi ninguno”. “En dos años, tan sólo hemos podido conseguir una reunión con Antonio Deudero, el concejal que actualmente gestiona el departamento de Mobilitat. Fue simpático, cordial, pero se le veía muy ocupado, nos despachó rápido y ya nos avisó que no tenía ninguna intención de retirar el servicio de calesas tiradas por caballos de la ciudad”. Los animalistas pidieron que en aquel encuentro estuvieran también presentes el alcalde Martínez y Llorenç Bauzá, el responsable de la concejalía de Medi Natural. No comparecieron. Terminaba el verano de 2023. Lamenta Amengual que “no ha habido más comunicación desde entonces”.

Los animalistas las han seguido documentando: aunque Progreso en Verde dejó de denunciarlas por la vía oficial, las presuntas infracciones de la galera 72 continúan, según los animalistas. Carga más viajeros –cinco– de lo permitido. Trabaja cuando se decreta alerta amarilla por altas temperaturas. El conductor le niega el agua al caballo durante horas. No es, dice Amengual, la única que comete estas irregularidades, pero sí la que lo hace con más frecuencia. Sobre todo, estacionar fuera de los espacios que especifica el reglamento. Motivo obvio: la parada de un bus turístico es un buen caladero para pescar turistas. elDiario.es pudo captar esa escena hace unos días. El chófer –camiseta y pantalón a juego, con un estampado que recuerda al logo de Disney– se gira para chistar a unos jubilados que pasean en chanclas y deportivas. La carroza no es verde botella, sino blanca, con ribetes rojos. Matrícula número 32.

“Es la otra galera que aparece en muchos de nuestros requerimientos. Su chófer también comparte prácticas con el de la 72 y guarda sus caballos en un terreno situado en el Camí Salard: sospechamos que tampoco está inscrito en el REGA; curiosamente, queda muy cerca de la explotación que se cerró en 2023. Estos caleseros están enfrentados con el resto. Nos consta que llegaron a las manos”, dice Amengual. Esa enemistad dura hasta hoy. El pasado abril, el chófer de la calesa 72 presuntamente amenazó de muerte a varios compañeros, según reportó Progreso en Verde y se hizo eco Crónica Balear. Pero hace tres años, la cruzada de los animalistas contra los únicos chóferes que no figuran en la asociación no impidió a La Calesa pleitear contra el presidente del partido ecologista. Se sentían injuriados.

El conductor de la galera 32 intenta captar clientes en un lugar no permitido.

Los caleseros demandaron a los animalistas y perdieron

El juicio fue una quemadura causada por el verano de 2022. El 26 de julio –dos días después de la caída viralizada del caballo, dos días antes de la votación del pleno que se quedó en agua de borrajas–, los caleseros ya se planteaban una demanda por “acoso” contra Progreso en Verde. “Están grabando a los propietarios de las galeras, estamos hartos”, dijo Carlos Cortés, su portavoz.

El 30 de agosto la presentaron en Fiscalía, alegando también “racismo”. Iba a nombre de Manuel Vargas Navarro, en representación de la Asociación La Calesa, e interpuesta contra Guillermo Amengua Cantallops. Insertaron pantallazos de comentarios que contestaban tuits de Progreso en Verde. En uno se ridiculizaba el habla de los gitanos. En otro se les animaba “a tirar ellos de las galeras” y se les calificaba de “inhumanos”. Amengual se defendió diciendo que sus denuncias “no eran por motivos étnicos”, que siempre trataban de borrar los comentarios despectivos, que los conductores de las galeras se victimizaban “porque nunca habían estado tanto contra las cuerdas”. La Justicia –en dos instancias– decretó sobreseimiento. El asunto, no. El futuro de las calesas sigue siendo una incógnita. Quizás, ahora, más que nunca.

El pasado 13 de marzo hubo un giro radical. Vox pidió eliminar las galeras de caballos en Palma. Dos años después de defender que gozaran de una protección específica, los ocho concejales a las órdenes del general Fulgencio Coll Bucher optaban por fijarse en el espejo de Málaga. La segunda ciudad más poblada de Andalucía y la sexta de España –la capital balear es ya la séptima– lleva años amortizando licencias y se ha propuesto acabar con las veinticinco que quedan en vigor por la vía rápida. Lo hará antes de que llegue 2026 cuando el plan era dejarlas caducar a lo largo de la próxima década.

¿Por qué cambió de criterio la ultraderecha palmesana? La respuesta puede resumirse en tres palabras: Operación Jaque Mate. El 14 de marzo de 2024, cayeron –de golpe– los principales capos del narcotráfico mallorquín. Se incautaron 1.300 kilos de cocaína, quince vehículos de alta gama y hubo sesenta y cuatro detenciones. Entre los esposados, un apodo muy conocido, El Charly. Carlos Cortés Radó, el portavoz de La Calesa, el presidente de la federación autonómica de colectivos gitanos, el mismo personaje que, apenas tres años después de tratar de rehabilitar su figura pública por medio del asociacionismo, volvía a la cárcel tras haber cumplido una pena de catorce por hacer negocios con drogas. Entonces, lo consideraron como el gran adversario de Francisca Cortés Picazo, La Paca.

A día de hoy, El Charly sigue en prisión preventiva a la espera de juicio. El atestado de la Guardia Civil aludía a su histórica amistad con miembros del PP –como Joan Fageda Aubert, alcalde palmesano entre 1991 y 2003– y, también, a las reuniones, mucho más contemporáneas, que había mantenido con concejales de Vox en su centro de operaciones: son Banya. El telón de fondo, la captación de votos. A Fulgencio Coll le sorprendió ver a Carlos Cortés entre los detenidos: “Desconocía su otra cara. Su vida, su comportamiento y su gente nunca dio que pensar que era de lo que ahora se le acusa”. “El regreso de El Charly a prisión fue un antes y un después. Está claro que algún motivo de mucho peso debía haber para que no se les hiciera cumplir la ley. Con la situación actual, lo que no entiendo es por qué no imitan el modelo de Alcúdia y se pasan a las galeras eléctricas. Allí no pueden estar más contentos con el cambio”, razona Amengual.

“No estamos dispuestos a cambiar a la calesa eléctrica”

Los miembros de la Asociación La Calesa prefieren no contestar cuando se les pregunta si la detención y el cambio de opinión de la ultraderecha están relacionados. “Lo de Vox es un tema político: se ha hecho política con los caballos aquí en Mallorca desde hace más de diez años”, dice Venancio, el hijo de Manuel Vargas. Además de ser su secretario, también habla, a veces, en nombre de todo el colectivo de caleseros. La relación con Progreso en Verde, sin ser cordial, no es tan mala como fue: se han reunido y, de vez en cuando, Amengual y Vargas hijo envían mensajes por Instagram.

Venancio Vargas desconoce si todos los caballos de La Calesa viven en explotaciones inscritas en el REGA, pero defiende la honestidad de su servicio. Es, dice, algo arraigado. Él es muy joven. Con veintitrés años le queda mucho para jubilarse y no se ve desarrollando otro oficio: “Nosotros queremos seguir con las calesas, no es nuestro trabajo, es nuestro estilo de vida; pero si en algún momento de verdad quieren sentarnos a hablar de nuestro futuro, ninguno estaría dispuesto a cambiar a una eléctrica. Nos parece algo que bajaría el caché de la ciudad como son los tuk-tuk que circulan hoy en día ilegalmente”.

El conductor de galeras niega unas palabras del concejal Deudero: “No solicitarán menos de 300.000 euros” por rescatar cada concesión. “Pensamos”, dice Vargas, “que [esa cantidad de dinero] la pidió alguna de las licencias que no están en la asociación”. “Nosotros, en ningún momento, hemos pedido dinero alguno. En otros sitios, como en Málaga, dijeron los del PP de acabar con el servicio de calesas porque estaban cambiando el centro y no entraban en su nueva idea. Les han indemnizado, por una concesión que les quedaban diez años, con 125.000 euros. Si realmente quisieran quitar las calesas aquí en Palma… ¿no lo hubieran hecho ya? La diferencia es que nuestras licencias son vitalicias y hereditarias”. Varas remacha: “Sí que hemos comunicado que hacer una conversión de la licencia a taxi, no nos parecería mal, pues es un puesto similar y sabemos que no faltará el pan en casa: ya hay caleseros con licencias de taxi. Hay muchas personas en nuestro sector que no darían la licencia por 300.000 euros porque no se ven trabajando de otra cosa. Sin embargo, en el taxi, sí”. Existe un problema: sin concurso público de por medio, los servicios jurídicos de Cort consideran ilegal cambiar las riendas por el taxímetro.