El Colegio de Abogados de Madrid pide cuatro años de cárcel para el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid pide cuatro años de cárcel para el fiscal general

La institución presidida por Eugenio Ribón añade sin pruebas que García Ortiz actuó «siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno» para filtrar un correo de la pareja de Ayuso y solicita tres años de prisión para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez

La pareja de Ayuso pide cárcel para el fiscal general y omite que él filtró un correo a Miguel Ángel Rodríguez

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha pedido una condena de cuatro años de cárcel para el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La institución que preside Eugenio Ribón asume, como el juez, que Álvaro García Ortiz filtró ese email a la prensa “siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno” y solicita también una condena de tres años de cárcel para Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid.

El magistrado Ángel Hurtado decidió procesar hace unos días al fiscal general y la fiscal provincial de Madrid por la filtración de este correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía ante la Fiscalía haber defraudado 350.000 euros. Un auto de procesamiento en el que el juez añadía, por primera vez en la causa, que el fiscal general había urdido el plan para difundir esa información siguiendo “indicaciones” del departamento de Presidencia del Gobierno sin aportar más pruebas al respecto.

Varias acusaciones han presentado ya de cara al juicio sus escritos solicitando penas de prisión para García Ortiz y también para Rodríguez. Alberto González Amador ha solicitado cuatro años de cárcel para él, los mismos que el pseudo sindicato ultra Manos Limpias, por los seis años de presidio que pide la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Todos estos escritos de acusación coinciden en responsabilizar a García Ortiz de una revelación de secretos perpetrada para ganar el “relato” en un 13 de marzo de 2024 en que varios medios de comuniación difundían una versión falsa de cómo habían transcurrido las negociaciones entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía en su caso de fraude fiscal. El ICAM es la primera de las acusaciones en añadir, como hizo el magistrado en su auto de procesamiento, que actuó “siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno”.