El juez mantiene en libertad a José Luis Ábalos y Koldo García tras su comparecencia en el Supremo

El juez Leopoldo Puente ha rechazado la petición de la acusción popular para que José Luis Ábalos y Koldo García ingresaran en prisión provisional tras su comparecencia este lunes en el Tribunal Supremo. El magistrado mantiene las medidas cautelares que ya pesaban contra ellos de retirada del pasaporte y comparecencia en el juzgado cada 15 días.

El magistrado considera que después del informe de la UCO hay “sólidos indicios” contra José Luis Ábalos y Koldo García, según recoge los autos de medidas cautelares que ha dictado contra ambos. Sin embargo, el juez Puente considera que no se dan las condiciones para acordar la medida de la prisión provisional.

Según el juez, Koldo García “intervendría activamente en la contratación, gestionaría los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaría operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización”. Respecto a Ábalos, considera que “también habría podido intervenir, personalmente y utilizando los oficios de su asesor” y “disfrutando de los ilícitos beneficios económicos” generados por esas actuaciones.

Así se desprende, asegura el juez, de las “muy expresivas y elocuentes grabaciones, aparentemente efectuadas por el propio don Koldo García, de las que resultarían la posible adjudicación indebida de diversas obras públicas, en connivencia con quien era entonces titular del MITMA [Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos], también investigado en esta causa, y de terceras personas, a cambio de diversos premios económicos”.

La acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP, había solicitado prisión provisional para ambos. Entre sus argumentos estaba el peligro de que destruyeran pruebas. Aludía a la existencia de otras grabaciones que no están en poder de la Guardia Civil, efectuadas por Koldo García. Sin embargo, el magistrado, de acuerdo con el argumento de Anticorrupción, ha descartado este motivo porque “uns cosa es el peligro de que el investigado destruya o altere pruebas y otra, muy diferente, que esté obligado a aportarlas él mismo, si las tuviere”.