El empresario Antxon Alonso borra el nombre de Servinabar 2000 de sus oficinas en el centro de Pamplona

Servinabar 2000, la empresa cuyo titular es el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y que la UCO de la Guardia Civil sitúa como pieza central de la investigación de corrupción tras aparecer un documento en el que Santos Cerdán firmaba estar detrás del 45% de esta sociedad investigada por recibir presuntamente adjudicaciones a cambio de mordidas, ha borrado su rastro de su oficina de Pamplona, situada en pleno centro de la capital navarra, en el número 1 de la calle de San Nicolás.

En el portal de la oficina ha desaparecido la placa que hasta hace escasos días anunciaba que en la segunda planta se encontraba la sede de la empresa y en la ventana que da a la plaza del Castillo ya no está la pegatina con el símbolo de la compañía, como se puede comprobar en las imágenes que acompañan a esta información.

Todas estas referencias han desaparecido tras conocerse que la Guardia Civil encontró en el registro de la vivienda del empresario Antxon Alonso una “escritura privada de compraventa” firmada el 1 de junio de 2016 que prueba que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán poseía desde esa fecha el 45% de las acciones de Servinabar, extremo que Antxon Alonso ha negado en un comunicado. Servinabar 2000, a su vez, operaba en UTE con Acciona. Este martes la UCO ha entregado al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Leopoldo Puente, el documento en el que figura que Cerdán adquirió 1.350 participaciones de la empresa Servinabar 2000 por valor de 6.000 euros. El contrato está firmado por Cerdán y Antxon Alonso.

Con todo, según los datos del Registro Mercantil en los últimos días no se ha registrado ningún cambio de sede de la empresa, que sigue teniendo su oficina en la calle de San Nicolás. También comparte dirección con Alegure, otra empresa –sin estructura– que controlan Servinabar 2000 en un 96% y el empresario vizcaíno Iñaki Alzaga en un 4% a través de Uribene. Alzaga es el presidente del Grupo Noticias y directivo de Euskaltel o Nortegás.

Los agentes de la UCO registraron el pasado martes 10 de junio la sede de San Nicolás en busca de pruebas que puedan vincular a la presunta trama con el cobro de comisiones a través de esta compañía. La Guardia Civil, que ese mismo día registró la casa del exministro José Luis Ábalos, o las de otros empresarios vinculados al caso, dio máxima prioridad al de Servinabar 2000.

Prueba de ello es que el registro lo encabezó el jefe de la investigación, el teniente coronel Antonio Balas. En las imágenes publicadas en prensa ese día se le puede ver a él, acompañado de otros agentes, abandonar el edificio de la compañía cargado con cajas llenas de documentos. En las instantáneas se aprecia en el exterior del inmueble una placa de Servinabar 2000 que ahora ha desaparecido.

Edificio de las oficinas de Servinabar en Pamplona, sin la pegatina de la empresa.

Edificio de oficinas de Servinabar, en Pamplona, hace unos días

En el informe, la Guardia Civil califica de “pequeña” empresa a Servinabar 2000 y cuestiona el “valor añadido” que podía aportar a una gran compañía como es Acciona en la UTE con la que se adjudicaron hasta siete contratos del Gobierno de Navarra (uno de ellos vía Alegure). Añaden que ese “valor añadido” solo “adquiriría sentido por la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas”. De hecho, según el Registro Mercantil, el objeto social de la empresa cuando se fundó ni siquiera era la construcción, sino la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones; y otras”.

Este periódico ha encontrado siete adjudicaciones del Ejecutivo navarro a la empresa Servinabar, todas ellas en UTE con Acciona. En total suman 86 millones de euros (con IVA 104 millones), de los que un 10% corresponden a esta compañía, 8,6 millones. De los siete contratos, cuatro se adjudicaron bajo la presidencia de Uxue Barkos, un Gobierno de coalición de Geroa Bai (Socialverdes y PNV), Podemos, EH Bildu e Izquierda Ezkerra; los otros tres corresponden ya al mandato de la socialista María Chivite, que gobierna en coalición con Geroa Bai y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), entre ellos el de mayor presupuesto y cuya adjudicación fue más controvertida: la duplicación de los túneles de Belate.