El juez Peinado pide al Supremo que impute al ministro Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez Peinado pide al Supremo que impute al ministro Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El magistrado atribuye al titular de Justicia delitos de malversación y falso testimonio y, al ser aforado, pide al alto tribunal que abra una causa contra él

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El juez Juan Carlos Peinado ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que solicita la apertura de una causa contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El magistrado le atribuye un delito de malversación por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente de Begoña Gómez y otro de falso testimonio por la declaración que prestó cuando fue citado para dar explicaciones sobre esa contratación, proceso en el que negó cualquier tipo de irregularidad.

Ante el juez, Bolaños afirmó el pasado abril que no conocía a la asistente de Gómez y que su primer contacto con ella fue “semanas después” de comenzar a trabajar en la Moncloa en el año 2018. En aquellos momentos, Bolaños era secretario general de la Presidencia. Además, aseguró que nunca había sido su jefe y que desconocía las funciones de Álvarez como asistente, si bien enmarcó su nombramiento dentro de la legalidad, puesto que se llevó a cabo siguiendo lo que establece la normativa sobre personal eventual.

Dos meses después, el juez Peinado ve un delito de falso testimonio detrás de esta declaración. Sostiene que el ministro omitió “con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía” cuando prestó declaración como testigo y, por tanto, con obligación de decir verdad.

Respecto al delito de malversación, el juez sostiene que el ministro “ha podido participar directamente en el nombramiento” de la asistente como personal eventual y “ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma percibiendo sus retribuciones de una partida de los Presupuestos Generales del Estado”.

El juez afirma que la asistente realizó para Gómez actividades “de carácter privado y, en ningún caso, de carácter institucional”. Y considera que esas conductas extienden sus efectos sobre las personas que “han venido teniendo desde su nombramiento alguna responsabilidad tanto en dicho nombramiento como con el posterior mantenimiento de su condición de directora de programas (…) con cometidos difusos y escasamente concretados”.

El magistrado entiende que para el “total esclarecimiento” de esos hechos el Supremo debería llevar a cabo una serie de diligencias, entre las que cita la declaración de Bolaños como investigado en el Supremo.