El Gobierno convocará 1.000 plazas de empleo público para garantizar la jubilación parcial del personal laboral

El Ministerio de Función Pública convocará en torno a un millar de plazas de empleo público en una oferta extraordinaria, con la que busca garantizar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que había quedado en el limbo tras el acuerdo de pensiones firmado entre el Gobierno y los sindicatos en septiembre. En concreto, estas nuevas incorporaciones serán los relevistas de aquellos trabajadores públicos con derecho a acogerse a esta modalidad de retiro entre el 1 de abril de 2025 y el 1 de julio de 2026, según ha podido saber elDiario.es de fuentes cercanas a la negociación.

Estas cerca de 1.000 plazas garantizarán el relevo del personal laboral de la AGE que opte por la jubilación anticipada parcial. El número, aún por cerrar definitivamente, saldría de la estimación que han realizado los diferentes ministerios, teniendo en cuenta el total de jubilaciones parciales reconocidas en años anteriores por la AGE, que rondarían las 700 anuales, según ha podido saber este medio. Este jueves, se reune el pleno de la Comisión Paritaria del IV Convenio Único para el Personal de la Administración General del Estado, donde está previsto que se acuerden las características de los procesos selectivos para ir avanzando en ese trámite.

El personal laboral de organismos y empresas públicas ya tenía recogido en sus convenios, por sectores o según la administración, el derecho a la jubilación parcial anticipada, que permite a los trabajadores reducir una parte de su jornada en los últimos años de su vida laboral y compatibilizar sueldo y pensión. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre Seguridad Social, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para la reforma de las pensiones recogía que los relevistas deben ser contratados a tiempo completo y de forma indefinida.

Con la introducción de este cambio, que mejora las condiciones de estos trabajadores, no se tuvo en cuenta la situación en la que quedaba el personal laboral de las administraciones públicas, que no tienen capacidad para contratar de forma indefinida sin un proceso de oposición, que puede alargarse durante meses. Esto provocó que, con la entrada en vigor de la reforma, el pasado 1 de abril, se frenasen las jubilaciones parciales anticipadas de los trabajadores que cumplían los requisitos para acogerse a ellas, a la espera de resolver el embrollo.

El ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió en marzo con los sindicatos a implantar una tasa de reposición adicional, que “garantice la jubilación parcial del personal laboral del sector público” para “que no se pierda ese derecho”.

Función Pública ya desvinculó entonces esa tasa de reposición adicional de la Oferta Pública de Empleo (OPE), para permitir a las administraciones agilizar estos procesos. Con la convocatoria de este cerca un millar de plazas para la AGE, el ministerio se adelanta y marca el camino al resto de administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, que desde finales de marzo tienen la puerta abierta a presentar esa solicitud de oferta extraordinaria, para hacer lo propio con los trabajadores que dependen de ellas.

Esta convocatoria solo permitirá reactivar la jubilación parcial del personal laboral que ya la tenía reconocida pero, por el momento, no afecta a los funcionarios, que perdieron este derecho en 2012. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo suprimió en plena época de recortes. En diciembre de 2024, López firmó otro acuerdo con los sindicatos para revertir esas medida “a la mayor brevedad” e igualar esta posibilidad a la que tienen los trabajadores por cuenta ajena del sector privado: que puedan acogerse tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, con una reducción de la jornada de entre el 20 y el 33% el primer año y entre el 25 y el 75% los dos últimos.

Este cambio para los funcionarios, en el marco del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, se incorporará en la Ley de Función Pública, que se encuentra, por el momento, atascada en el trámite parlamentario. En febrero, el grupo socialista presentó 37 enmiendas al proyecto de ley, entre las que incluía alargar la jubilación forzosa —la edad hasta la que pueden trabajar voluntariamente— de los 70 a los 72 años, incorporaba un permiso parental retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos e hijas a cargo, hasta que cumplan 8 años.

Al margen de todo, el Ministerio está manteniendo en los últimos días reuniones con los sindicatos para tratar de atraerlos al acuerdo para la nueva Oferta de Empleo Público (OPE). La intención del Ejecutivo es aprobar la convocatoria de 2025 en Consejo de Ministros en la primera quincena de julio. El año pasado, esta se anunció tras la primera reunión del gabinete de ese mes y supuso una oferta récord de más de 40.000 plazas. Fuentes sindicales transmiten que la de este año debería ser aproximada, aunque la cifra no es tema de negociación y es el propio Gobierno quien la marca en función de la tasa de reposición.