El juez investiga si la sanidad andaluza pausó el concierto con clínicas privadas para volver a contratarlas más caro a dedo

El juez de instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, está investigando el intercambio de correos electrónicos entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las clínicas privadas que, entre 2020 y 2024, se beneficiaron de los contratos de emergencia (a dedo) por más de 234 millones de euros, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

La instrucción judicial, donde también está personada la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE como acusación popular, salpica al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un supuesto delito de prevaricación, aunque la querella de los socialistas incluye otros supuestos criminales, como malversación de fondos y falsedad documental. Está imputada la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Los emails que obran en poder del juez y del fiscal -a los que ha tenido acceso este periódico- revelan las presuntas indicaciones que dio el SAS a las clínicas privadas para que “dejasen en suspenso” el concierto público que tenían adjudicado cuando estalló la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, “para poder seguir realizando” las mismas operaciones y pruebas comprometidas con “un contrato de emergencia”.

El concierto que tenían suscrito con el SAS para la derivación de pacientes en lista de espera era un contrato ordinario, en abierto, y con precios públicos negociados. En cambio, el contrato de emergencia que firman estas mismas empresas se adjudicó a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y con tarifas generalmente más caras, porque nacen de una “urgente e imprevista necesidad”.

Cuando estalla la pandemia, a principios de 2020, el SAS tenía suscritos conciertos ordinarios en activo con hospitales y clínicas privadas, pero a los pocos meses empieza a adjudicar contratos a dedo a esas mismas empresas para seguir realizando la mismas operaciones a mayor precio.

Entre la extensa documentación que la Consejería de Salud remitió al juez, en una primera oleada, aparece un correo electrónico que ilustra este procedimiento. Está fechado el 9 de mayo de 2021 y lo dirige el consejero delegado del Centro Diagnóstico Granada, una clínica que tenía suscrito un concierto público con la Junta de Andalucía para realizar resonancias a los hospitales del SAS en la provincia.

El mensaje va dirigido a la Subdirección de Accesibilidad y Continuidad Asistencial y reza así: “Hemos recibido su contrato para firmar, pero necesitamos indicarles que pensamos que puede existir un problema con el importe de la adjudicación fijado en 150.000 euros”.

Y continúa: “Tenemos entendido que el contrato provincial (según conversaciones con Teresa Gasso) [directora económica de la Central de Compras del SAS de Granada] que tenemos adjudicado para realización de estudios de resonancia magnética, lo dejaríamos en suspenso hasta el 31 de diciembre para poder seguir realizando estos estudios bajo un marco del contrato de emergencia que nos remiten en su correo y necesitamos trasladarles que el presupuesto de 150.000 euros es insuficiente para cubrir todas las necesidades de los hospitales de Granada hasta final de año”.

El empresario termina pidiendo al SAS que valore “ampliar el importe máximo del contrato de emergencia antes de firmar de nuestro lado o aclarar si se reactiva el contrato provincial una vez consumidos los 150.000 euros de este contrato”. Este periódico ha preguntado sobre este asunto a la Consejería de Salud, que ha eludido responder a las preguntas alegando que el caso está judicializado.

Mismo servicio, distinto precio

El SAS unificó los precios de las intervenciones y pruebas en los contratos de emergencia durante la pandemia, pero en muchos casos seguían siendo más caros que por concurso público. Por ejemplo, para las pruebas que realiza el Centro Diagnóstico Granada, una resonancia nuclear costaba 81 euros por concierto ordinario y se aumentó hasta los 115 euros por emergencia. El precio de una ecografía era de 18 euros en el primer caso y subió hasta los 28 euros en el segundo.

Otro de los correos electrónicos que investiga el juez está fechado el 2 de junio de 2021, y se lo remite la directora gerente territorial de Andalucía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Pilar Serrano Moya, a la Subdirección de Accesibilidad y Continuidad Asistencial del SAS. “Como nos informásteis en el nuevo Contrato de Emergencia del año 110/2021, el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar tiene una asignación de 2.000.000 euros y actualmente ya tenemos facturado la cantidad de 1.721.178, habiendo consumido el 80% de asignación presupuestaria”.

Y añade: “El Hospital tiene concierto ordinario con un crédito de 1.243.000 euros, pero nos informásteis que teníamos que renunciar para acogernos al Contrato de Emergencia. Por favor, dime cómo procedemos para incrementar el crédito actual. Un abrazo”. El departamento de Salud ha eludido explicar por qué se instó a las clínicas a “renunciar” al concierto que tenían suscrito para “acogerse” a una adjudicación a dedo, y si ese cambio supuso un sobrecoste para las arcas públicas.

Estos emails forman parte de la documentación que el SAS envió al juez que investiga los contratos sanitarios al poco de abrirse diligencias, pero el PSOE, que también tiene acceso a la instrucción como parte personada, volvió a incluirlos en unas alegaciones remitidas la juzgado la semana pasada para que ampliase el marco de la investigación.

El SAS autoriza la doble facturación

El documento, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, recopila y ordena la “documentación dispersa” que la Junta envió al juez, y denuncia “nuevos indicios delictivos hallados” en correos electrónicos, facturas y expedientes sueltos.

Los socialistas admiten que el “hallazgo” de estos email ha sido “aleatorio”, por ello piden al magistrado que reclame al SAS los expedientes completos de cada contrato bajo sospecha, incluido los correos electrónicos y todas las comunicaciones entre los responsables de compras y las clínicas privadas que se han beneficiado.

Hasta el día de hoy, el Ejecutivo de Moreno ha justificado las prórrogas y ampliaciones de presupuestos en contratos de emergencia con la sanidad privada hasta mayo de 2023, poco después de que elDiario.es hiciera públicos los informes desfavorables de la Intervención del SAS cuestionando la vigencia y legalidad de este tipo de contratos dos años y medio después de la pandemia.

Las auditorías en la contratación de emergencia en 2021, 2022 y 2023 coinciden en que la Junta “estaría utiliando el procedimiento de emergencia como algo distinto a lo previsto en la propia Ley de Contratos del Sector Público (carácter absolutamente acepcional y limitado a lo estrictamente necesario para remediar el acontecimiento producido o para la satisfacción de la neceisadad sobrevenida)”, coinciden los citados informes.

Hace dos semanas, el juez accedió a la última petición del PSOE y solicitó al SAS una cantidad ingente de documentación, requiriendo, además, que fuese remitida de forma ordenada cronológicamente. El PSOE, en su escrito, vuelve a insistir para que el magistrado solicite “auxilio judicial de la Intervención General del Estado” para que le ayude a recabar y descrifrar toda esa documentación.

Las clínicas privadas de Andalucía que, a raiz de la pandemia, pasaron del concierto público suscrito con el SAS al contrato de emergencia por los mismos servicios a precios superiores se aferran a unas instrucciones ad hoc que dictó la Junta, en agosto de 2020, para aquellas que compaginaban los dos procedimientos de contratación.

Extracto de las «Instrucciones sobre la gestión de los contratos de emergencia» del Servicio Andaluz de Salud a los centros sanitarios privados

Esas instrucciones de la dirección gerente del SAS, reveladas por este periódico, se enviaron por correo electrónico a todos los centros sanitarios privados que se beneficiaban de la doble contratación simultánea, esto es, “centros con concierto ordinario que también tienen Concierto de Alerta Sanitaria CAS [de emergencia]”, dándoles indicaciones específicas para facturar de dos formas distintas las mismas operaciones y las mismas pruebas.

El documento recoge esa doble facturación, con unas tarifas para los pacientes derivados “antes del 15 de julio” –cuando el SAS aprueba la primera declaración de emergencia– y otras tarifas (generalmente más caras) para pacientes derivados después de esa fecha. Los primeros “se facturarán como de concierto ordinario, sean o no sean pacientes del listado CAS (derivados por contrato de emergencia)” y los segundos, “si son pacientes CAS se facturan según tarifa CAS y si NO son pacientes del listado CAS se facturan a precio de concierto ordinario”, reza la instrucción, firmada por el ex coordinador adjunto al gerente del SAS, Alfonso García, que entonces ocupaba el puesto de subdirector de Accesibilidad y Continuidad Asistencial, el mismo departamento al que se dirigían por email las empresas para confirmar que debían “dejar en suspenso” sus contratos ordinarios para “seguir realizando” las mismas operaciones bajo un contrato de emergencia.

La coexistencia de ambos procedimientos en el inicio de la pandemia hizo que, durante un tiempo, el SAS estuviese pagando a unas clínicas más que a otras por realizar las mismas pruebas y operaciones. Esto provocó protestas de las empresas privadas que tenían en vigor sus conciertos ordinarios y, por tanto, seguían operando a pacientes derivados de la sanidad pública a los precios públicos concertados antes de la pandemia, más económicos que las tarifas fijadas después para los contratos de alerta sanitaria.

La dirección gerente del SAS de entonces envió esas instrucciones a las clínicas y hospitales privados con contratos de emergencia, incluidas las que en ese momento también mantenían conciertos en vigor con la Junta. La pauta fue que cobrasen las operaciones y pruebas a pacientes con las tarifas de la contratación de emergencia (es decir, las más caras) desde el 15 de julio en adelante.

Fuentes del SAS han reconocido a este periódico que “la misma intervención quirúrgica se pagaba con tarifa distinta”, porque había centros sanitarios privados que aún tenían “capacidad ociosa” tras la pandemia, y a través de la contratación de emergencia podían asumir más pacientes de los que tenían asignados por concierto ordinario. “Los conciertos ordinarios los gestionaba y pagaban las plataformas provinciales de contratación del SAS, mientras que el contrato de emergencia se pagaba desde los Servicios Centrales del SAS, aunque hubiera un primer filtro desde cada plataforma”, explican estas fuentes.

Las instrucciones sobre facturación buscaban, por tanto, “diferenciar las intervenciones a pacientes con contrato ordinario de los que no estaban cubiertos por ese concierto”. Salud no aclara si estas directrices estuvieron vigentes más allá del 31 de diciembre de 2020. Los correos electrónicos entre el SAS y las empresas que revelan unas supuestas indicaciones de la Junta para que las clínicas con concierto público renunciasen a éste para acogerse a un contrato de emergencia están datados casi un año después de dictarse aquellas instrucciones.