La Justicia condena a cinco activistas y absuelve a otros nueve por los disturbios del Rodea el Congreso de 2012

Casi 13 años después de aquel Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, la Justicia ha condenado a cinco personas y ha absuelto a otras nueve de los delitos que pesaban sobre ellas. Antes del juicio oral, que tuvo lugar el pasado noviembre, seis activistas pactaron con la Fiscalía un acuerdo de conformidad. Los ahora condenados lo están por delitos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y resistencia a la autoridad.

La mayoría de las penas serán sustituidas por multas durante un mes y medio a razón de seis euros diarios, es decir, unos 270 euros. En un primer momento, el Ministerio Fiscal pedía para los 14 acusados penas de prisión que sumaban entre seis meses y más de siete años de cárcel. Todas ellas han sido notablemente rebajadas por la dilatación del proceso. Las penas más severas, de nueve meses de prisión sin posibilidad de sustitución por multa y con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo, van dirigidas a dos activistas por delito de atentado agravado.

Los letrados de la defensa critican duramente que el dictamen no se pronuncie sobre los vídeos que aportaron durante la vista. Estas imágenes, aseguran, prueban que los hechos no se desarrollaron tal y como los agentes de Policía Nacional relataron. Además, varios abogados pidieron la deducción de testimonio para diversos policías al entender que habían mentido a conciencia durante el juicio. La magistrada titular del juzgado de lo penal número 20 de Madrid, María del Pilar Casado, no lo considera procedente al subrayar que no se ha incurrido en falso testimonio.

La sentencia dictada por esta jueza, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye como hechos probados que a partir de las 19.00 horas cientos de individuos provocaron altercados en diferentes puntos del centro de Madrid, sobre todo alrededor de la plaza de Neptuno. Aquella tarde, el Congreso de los Diputados apareció parapetado de vallas y protegido con un gran despliegue policial que se saldó con 34 detenidos, tal y como reza el veredicto.

La convocatoria, auspiciada por la Coordinadora 25-S, propugnaba la apertura de “un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar el proceso de construcción de un nuevo sistema de organización política, económica y social”. Querían rodear el Congreso. Para ello, convocaron dos manifestaciones, una que se desarrolló desde la Plaza de España a la Puerta del Sol y otra desde la plaza de Cibeles hasta la fuente de Neptuno.

“Las marchas inicialmente transcurrieron sin incidentes, pero una vez la primera marcha llegó a su destino en la Puerta del Sol, sus integrantes se desplazaron hasta la fuente de Neptuno, juntándose allí ambos colectivos, mientras coreaban: ‘tomemos el Congreso, que se vayan todos’”, refleja la magistrada en el dictamen. A partir de entonces comenzaron los enfrentamientos, que dejaron a 64 personas heridas. De ellas, 27 fueron agentes, aunque la Delegación del Gobierno no concretó sus dolencias.

La jueza no menciona los vídeos

El abogado Eric Sanz de Bremond ha defendido desde la Comisión Legal Sol a cuatro de los activistas, tres de ellos absueltos. “Llama mucho la atención que la jueza ni siquiera menciona los vídeos que aportamos. Ni siquiera es una cuestión de interpretación, es que en la sentencia no existen”, se queja. A su parecer, estas imágenes probarían que las cosas se habrían desarrollado de una forma totalmente distinta a la relatada por los agentes policiales que incriminaban a sus defendidos.

Sobre su cliente, ahora condenado, recae la pena más dura: nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo. En un primer momento, la Fiscalía pedía para él dos condenas de tres años y ocho meses de cárcel cada una por desórdenes públicos y atentado. “Todo esto nos deja una sensación agridulce. Aquí ha habido gente inocente esperando 13 años una sentencia”, comenta el letrado.

Asimismo, Sanz de Bremond denuncia que la magistrada no haya deducido testimonio a los agentes. “Creemos que sí que tiene motivos para hacerlo. Afirmaron unos hechos que no sucedieron como tal”, subraya. Por el momento, desde Legal Sol estudiarán el veredicto para decidir si recurrirlo.

Absuelto tras el “¡que soy compañero, coño!”

Una de las imágenes más paradigmáticas que dejó aquella jornada de protestas es la de un agente de policía de paisano siendo golpeado por otros agentes. “¡Que soy policía, coño!”, les espetaba para intentar zafarse de los golpes. Debajo de él estaba Ángel García, a quien la Fiscalía pedía también tres años y ocho meses de prisión por un delito de desórdenes públicos. Ha sido absuelto. “Yo contento no estoy. Al final a los policías nadie les investiga. ¿Quién les juzga por mentir y hostiar a la gente?”, se pregunta.

Él siempre tuvo claro que este caso judicial no le pararía: “He seguido yendo a manifestaciones, pero es cierto que si me hubiera pasado algo en ellas, la cosa habría empeorado mucho”. Además, sostiene que no se ha hecho justicia. “Para el pueblo nunca hay justicia”, asevera. García agradece profundamente el trabajo realizado por los colectivos que desde hace tantos años han arropado a los encausados, pero también a su abogado.

Se refiere a Erlantz Ibarrondo, quien enfatiza que “por fin ha quedado demostrado que Ángel no hizo nada de lo que decía la Policía que había hecho”. Asimismo, critica que el proceso judicial se haya alargado casi 13 años: “Esto limita en muchas ocasiones los derechos más fundamentales, como el de manifestación y reunión. Eso es lo que consiguen con estos procedimientos, que activistas tengan un grado de militancia muy reducido. Eso es una de sus consecuencias objetivas que no va a reparar una sentencia absolutoria”.

Este abogado resalta que la magistrada tampoco entra en el trasfondo de la cuestión por la que, según considera, García acabó detenido. “Le detuvieron porque la Policía le conocía previamente de su activismo social. ¿Qué pasa con esas brigadas que se dedican a recabar nombres de activistas? ¿Existen esos listados, son legales? ¿La justicia va a permitir que se detenga a una persona por su adscripción política o militancia? La jueza no entra en el trasfondo de todo esto cuando, en realidad, es ahí donde está el sustrato de lo ocurrido”, se explaya el mismo Ibarrondo.

Los mismos motivos que entonces

La Coordinadora 25-S ha recibido con buenas sensaciones el veredicto. Aun así, René Otaduy, su portavoz, puntualiza que tendrán que estudiarlo con detenimiento los próximos días. “Creemos que se ha hecho una muy buena campaña de apoyo a las encausadas, y eso siempre es importante”, recalca. Del mismo modo, se congratula que se haya vuelto a hablar tantos años después de los motivos que impulsaron aquel Rodea el Congreso. “Vemos cómo la corrupción, la deslegitimación del conjunto de las estructuras del régimen y la crisis económica siguen entre nosotros”, en sus propios términos.

Asimismo, el portavoz considera “tremendo” que hayan tenido que pasar 13 años para llegar a la vista oral del juicio, así como siete meses más para conocer la sentencia. “Solo por este motivo se tendría que haber suspendido toda la causa. Estos años han sido verdaderamente duros para todas las encausadas”, comenta. Por su parte, García, y absuelto, preguntado por cómo está tras concluir el procedimiento judicial, finaliza tajante: “Yo lo que estoy es en la lucha, y sé lo que es y a lo que nos enfrentamos. Hemos ganado una pequeña batalla. Quedan muchas más todavía”.