Amnistía: la suerte está ya echada

Josep Piqué fue el candidato por el PP a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2003 e intentó negociar con el PSC de Maragall y Montilla el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía para Catalunya. José María Aznar no se lo permitió, lo que condujo a que Piqué abandonara no solamente la presidencia del PP en Catalunya, sino la política institucionalizada en general. Siguió haciendo política, escribiendo y hablando, pero no dentro del partido y en las competiciones electorales.

Nunca podremos saber qué habría pasado si Josep Piqué hubiera participado en el debate sobre la reforma estatutaria, pero, si nos atenemos a los resultados electorales desde las primeras elecciones catalanas en 1980 hasta ese momento, es obvio que habría negociado una reforma que no hubiera satisfecho del todo a nadie, pero que hubiese podido ser aceptada por una inmensa mayoría.

A pesar de todos los pesares, la reforma del Estatuto de Autonomía se tramitó cumpliendo escrupulosamente tanto lo previsto en el Estatut como en la Constitución. Se aprobó el Proyecto por una mayoría de casi el 90% en el Parlament, se negoció con una enorme intensidad con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que hizo un muy extenso y puntilloso control de constitucionalidad, el “cepillado” al que se refirió Alfonso Guerra, presidente de dicha Comisión, y se sometió a un referéndum que contó con el voto de casi tres cuartas partes de los participantes. En ese trámite hay que recordar a Francisco Caamaño, que realizó una labor extraordinaria.

Se publicó y entró en vigor en 2006 y no solamente no provocó alteración alguna en el funcionamiento del Estado de las Autonomías, sino que condujo a una reducción de la conflictividad entre Catalunya y el Estado. Disminuyeron significativamente los recursos de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia. Los cuatro primeros años de vigencia del nuevo Estatuto pusieron de manifiesto que era posible mantener la convivencia pacífica con un normal funcionamiento de las instituciones.

El PP no aceptó que pudiera ser así e interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto, al que acompañó de una recusación de Pablo Pérez Tremps por haber publicado un artículo en un libro colectivo antes de que se hubiera iniciado siquiera el proceso de reforma. Con dicha recusación el PP ponía de manifiesto que no estaba dispuesto a aceptar ninguna respuesta que no fuera destructiva de la reforma aprobada. Los magistrados que aprobaron la recusación de Pablo Pérez Tremps sabían que no existía motivo alguno de recusación, pero insistieron en ello para presionar a los demás magistrados con el concurso mediático y de personalidades de la academia, de los grandes despachos de abogados… El final tenía que ser el que fue.

Desafortunadamente, el Tribunal Constitucional no soportó la presión y dictó una sentencia en la que desautorizó el pacto entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum. Y de aquellos polvos, estos lodos.

Desde la STC 31/2010, en Catalunya no ha operado el “bloque de la constitucionalidad”, porque dicho bloque exige la adhesión activa de los ciudadanos y ello resulta imposible debido a que el PP, a través del Tribunal Constitucional, ha impuesto un Estatuto contrario al que ellos votaron en referéndum.

La mayoría absoluta del PP en las elecciones de 2011 y su mantenimiento en el Gobierno hasta el 2018, en lugar de intentar recomponer la situación y buscar algún tipo de encuentro, desplazó la respuesta del problema de la política al poder judicial y, con ello, imposibilitó cualquier tipo de acuerdo.

Con la llegada de Pedro Sánchez al poder mediante la moción de censura en 2018 se puso en marcha una estrategia de pacificación, que las derechas han intentado boicotear, afortunadamente sin éxito.

La Ley de Amnistía ha sido la pieza clave de esta estrategia. Ha costado un esfuerzo enorme sacarla adelante, pero con la sentencia del Tribunal Constitucional de este jueves ya ha quedado inscrita en nuestro ordenamiento de manera definitiva. La soberbia de algunos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo va a retrasar la aplicación de la ley a Carles Puigdemont y algunos otros dirigentes nacionalistas. Pero la suerte ya está echada.