Anticorrupción acusa a Pérez Dolset de un fraude en subvenciones de 30 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al empresario Javier Pérez Dolset de defraudar más de 30 millones de euros, en connivencia con su círculo familiar y profesional, mediante “un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos” públicos, así como de apropiarse de 37 millones con ese entramado. En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal José Grinda señala delitos de fraude de subvenciones, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Anticorrupción apunta a más de una docena de personas y otras tantas empresas por “maniobras ilícitas” para detraer patrimonio del Grupo Zed WorldWide, fundado por Pérez Dolset, “en su propio beneficio”. Según señala Grinda, lo habrían hecho “falseando condiciones de adjudicación y ejecución de subvenciones y préstamos de diversas Administraciones Públicas”.

El empresario Javier Pérez Dolset ha frecuentado los medios de comunicación en los últimos tiempos como líder de un grupo que pretende desenmascarar decenas de presuntos casos de corrupción policial y judicial. De uno de ellos sería víctima el propio Pérez Dolset, que estuvo tres semanas en prisión provisional tras ser detenido en el caso por el que ahora presenta acusación Anticorrupción.

Entre las personas que reunió Pérez Dolset en su cruzada contra la presunta corrupción del sistema figura la militante socialista Leire Díez, quien apareció en un audio solicitando a un empresario procesado por un fraude masivo de hidrocarburos ayuda para acusar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien entre otros casos, lidera el que ha servido para imputar a los antiguos secretarios de Organizacion del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El fiscal Grinda expone en su escrito que Pérez Dolset y su círculo de confianza llevaron a cabo una serie de acciones dirigidas al desvío de fondos de Zed WorldWide para destinarlos a fines propios, “con abuso de las funciones rectoras de la compañía, en detrimento de la sociedad y contribuyendo de forma relevante a la situación de insolvencia”.

“Con este mecanismo de detracción, las personas investigadas pertenecientes a la familia Pérez y las demás se apropiaron de una cantidad próxima a los 23.500.000 euros, cifra que se vio incrementada con alrededor de 14.000.000 euros que se distrajeron y apropiaron a través de la falsificación de facturas”, indica.

“Obtención masiva de subvenciones”

Esas maniobras fueron “dirigidas” por Pérez Dolset, que estuvo “secundado por su círculo familiar y profesional” también en “un sistema para la obtención masiva de subvenciones y préstamos, falseando los requisitos necesarios para obtener las mismas, así como las condiciones de ejecución”.

“De esta manera, la cantidad defraudada supera los 30.000.000 euros. La obtención de ayudas públicas se realizó con pleno conocimiento de la inexistencia de los proyectos y a sabiendas de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos ni de las subvenciones”, explica.

Anticorrupción señala que la administración concursal de Zed cuantificó una deuda pendiente de pago con las Administraciones Públicas por 28 millones de euros, a los que hay que añadir 14 millones “en subvenciones ilícitamente obtenidas”.

Igualmente cifra en casi 48 millones de euros –la mayoría en forma de préstamos– lo que obtuvieron las empresas investigadas en fondos públicos procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones entre los años 2011 y 2015, al amparo de ocho programas de ayudas y “mediante ficción en la concurrencia de los requisitos de concesión y mediante el incumplimiento premeditado de las condiciones establecidas en los expedientes”.

También menciona que recibieron 6,5 millones procedentes de tres programas del Ministerio de Economía en 2011, 2012 y 2014, así como un millón en 2013 y 2014 de subvenciones de la Unión Europea en el marco de tres proyectos presentados en los que participaba en consorcio con varias empresas europeas y universidades.

Según Anticorrupción, la operativa fraudulenta que desarrollaron las empresas consistía en elaborar memorias justificativas que exponían actividades ficticias adaptadas a las bases de las convocatorias públicas de subvenciones para proyectos de innovación y desarrollo, dotándose de personas que expresamente se encargaban de “vestir tecnológicamente” los proyectos para que encajasen en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Un entramado societario ajeno”

La Fiscalía señala que para “apoderarse ilícitamente de los capitales procedentes de la actividad de la compañía”, los investigados, bajo el liderazgo de Pérez Dolset, “crearon un entramado societario ajeno al Grupo Zed, destinado a la deslocalización de capitales y a su ocultación frente a las acciones de los socios, de los perjudicados por la insolvencia, con lo que se provocó la situación de insolvencia económica de Zed WorldWide”.

Añade que durante la investigación se ha acreditado la existencia de una facturación ficticia de empresas del Grupo Zed con sociedades controladas por investigados vinculados laboralmente al grupo.

“La emisión de estas facturas no respondió a prestaciones reales y se realizó con el propósito de aparentar un volumen actividad inexistente o para deslocalizar fondos de dicho grupo, con la cooperación necesaria de sus empleados y de sociedades instrumentales desconectadas de la familia Pérez Dolset”, sostiene.

La investigación, iniciada en 2016, llevó a la detención de Pérez Dolset y otros investigados como su hermano Ignacio Pérez, Daniel Arteaga, Juan Carlos Gonzálvez, Teófilo Redondo, José Manuel Sanchís, David Aitor Marrón y José Antonio Puértolas, además de registros en varias ciudades por una causa que se centra en el Grupo Zed Worldwide, empresa creada en 1996 de éxito en el sector de los videojuegos.