El Poder Judicial rechaza por unanimidad que los jueces puedan hacer huelga porque no hay “soporte” legal
El órgano de gobierno de los jueces da por no anunciada la convocatoria de paros para los días 1, 2 y 3 julio y rechaza fijar servicios mínimos
Jueces y fiscales se revuelven contra las reformas del Gobierno
El Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad que el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados “carece, en el momento actual, de soporte normativo”. En consecuencia, “no procede tener por anunciada” la convocatoria de paros prevista para los días 1, 2 y 3 de julio por todas las asociaciones menos las progresistas. Además, el órgano subraya que no tiene competencia para fijar servicios mínimos. Así lo recoge el acuerdo finalmente suscrito en un pleno extraordinario celebrado este jueves y al que ha tenido acceso elDiario.es.
En paralelo, los diez vocales conservadores se han sumado a una versión más amplia de ese mismo texto que respalda parte de las reivindicaciones de los promotores de los paros. En concreto, las críticas al proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Así, el texto aprobado por 11 de los 21 votos considera la medida “injustificada” y contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional.
El pleno ha rechazado el documento respaldado por nueve de los diez vocales del grupo progresista, que han rechazado la versión más extensa del texto finalmente aprobado. El escrito suscrito por los ocho vocales elegidos a propuesta del PSOE y una a iniciativa de Sumar también defendía que el derecho a la huelga por parte de los jueces “carece de soporte normativo” y rechazaba fijar servicios mínimos, pero que apuntaba que los jueces, como integrantes de un poder del Estado, deben cumplir con sus obligaciones “sin que sea posible la suspensión o alteración de la actividad judicial derivada del llamamiento a una movilización que no cuenta con el amparo normativo correspondiente”.
Con esta decisión, el CGPJ mantiene el criterio expresado en 2009, cuando se celebró la primera huelga de jueces de la democracia. Entonces, el órgano afirmó por unanimidad que no había “cobertura legal” para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces. Así que dio por no anunciada la convocatoria y tampoco fijó servicios mínimos.
La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución. Pero en el caso de jueces y fiscales está en un limbo legal porque no existe soporte normativo que lo sustente. Tampoco que lo prohíba. Por ejemplo, son los propios huelguistas los que fijan los servicios mínimos.
En las cinco convocatorias previas —con gobiernos del PP y del PSOE— quienes las secundaron no perdieron la parte del salario correspondiente a ese día, como le ocurre al resto de trabajadores, pero solo quedó reflejado a efectos estadísticos. Y fueron únicamente ciudadanos y abogados los que pagaron las consecuencias de los paros con la suspensión de juicios u otras actuaciones judiciales previstas.
El pasado lunes, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños remitió un oficio al CGPJ en el que apuntaba que si el órgano optaba por dar por no anunciada la convocatoria de paro —como finalmente ha ocurrido— deberá tomar “medidas” para restar el salario a “quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”. Justicia pide al CGPJ una respuesta antes del 1 de julio, cuando está prevista la primera de las tres jornadas de paros consecutivos.
