El Gobierno planea empezar en agosto con los traslados de menores migrantes desde Canarias pese a la oposición del PP

El plan de reubicar a miles de menores migrantes desde Canarias al resto de España sigue su curso y, según los planes del Gobierno, comenzarán en agosto pese a las resistencias de los gobiernos autonómicos del PP. Las comunidades autónomas han conocido esta mañana los detalles del Real Decreto que regulará el procedimiento y, una vez más, han mostrado su rechazo al sistema, al considerar que no cuenta con financación suficiente. La Conferencia Sectorial presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, celebrada en el Ministerio de Sanidad también ha servido para aprobar la distribución de un crédito extraordinario de 22 millones de euros repartidos entre las Islas Canarias, Ceuta, Melilla e Islas Baleares destinados a sufragar los costes extraordinarios de sus sistemas de acogida. Todavía se desconocen cuántos menores acogerá cada territorio.

El Ministerio de Juventud e Infancia espera que los primeros traslados de menores migrantes no acompañados tengan lugar a lo largo de este verano, posiblemente en agosto, ha señalado Rego. En julio convocarán una nueva Conferencia Sectorial “para cerrar los últimos detalles legales”, han puntualizado desde el Ministerio. Sin embargo, todavía no han informado del número de chavales que acogerá cada comunidad. Ahora, además, tendrán que recalcular la cifra total de menores a distribuir, dado que 827 adolescentes solicitantes de asilo van a ser finalmente acogidos bajo la responsabilidad del Ministerio de Migraciones, para acatar la orden del Supremo que obligaba al Estado a hacerse cargo de los niños que hayan pedido protección internacional en Canarias. Algunos líderes regionales han reclamado mayor financiación, así como que esta vaya dirigida también a los territorios que recibirán posteriormente a los adolescentes y no únicamente aquellas a donde suelen llegar, algo que ya está contemplado en la reforma de la Ley de Extranjería pero aún no ha sido concretadas las cantidades que recibirán cada autonomía pues aún se desconoce también el número de niños que serán trasladado a cada región.

“El objetivo es garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados y aliviar la tensión de los sistemas de acogida de las comunidades y ciudades autónomas que sean declaradas en situación de contingencia migratoria”, ha explicado la ministra ante los medios. Rego ha indicado que “de nuevo, nos hemos encontrado con un bloqueo por parte de las comunidades lideradas por el PP”. En total, 11 comunidades han recurrido al Tribunal Constitucional el real decreto ley cuyo desarrollo se contempla en la norma abordada este viernes en la Conferencia Sectorial.

Desde el punto de vista de la ministra, este bloqueo “no tiene argumentación política más allá que la de hacer prevalecer la agenda ultra de Vox, que es la que perimetra y sitúa las posiciones del PP” ante esta cuestión. Además, ha enfatizado que “todos los traslados de los niños serán financiados por el Estado”. Ante la petición de mayor financiación por parte de las comunidades, Rego ha respondido que será un tema que se abordará en la próxima Conferencia Sectorial de julio. Todavía no conocen con exactitud el número total de menores a trasladar, pero la ministra ha incidido en que “hay recursos disponibles de forma eficiente y suficiente”.

Las comunidades piden mayor financiación

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha resaltado que su región “no puede seguir soportando esta situación de saturación y los traslados deben comenzar ya”. Según ha informado, a día de hoy tienen 5.685 menores tutelados en total, aunque la cifra ha podido variar en las últimas semanas. Canarias cerró 2024 con 7.800 menores en su sistema de acogida. Asimismo, ha reclamado mayor financiación. La comunidad canaria tiene un déficit de 140 millones de euros en atención a los menores migrantes, ha asegurado Delgado.

Por parte de Castilla–La Mancha, su consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha pedido que la financiación, que debería ascender a los 250 millones de euros desde los 100 millones ahora planteados, también llegue a las regiones de acogida: “Cuando los niños están en una comunidad con financiación para su atención y se trasladan, ese presupuesto debe trasladarse con ellos, porque es dinero para su atención y cuidados”, ha explicado. García considera “difícil” que el reparto de migrantes se pueda realizar en verano, debido a que agosto es inhábil para muchas administraciones.

La voz más discordante ha llegado por parte de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ha comentado que “vivimos una situación de tensionamiento y colapso porque el Gobierno no ha planteado ningún plan”. La consejera madrileña ha agregado que “el Gobierno no tiene interés en estos menores y solo le importa perpetuarse en el poder, por eso necesita sacar este desarrollo adelante”. Por otra parte, ha asegurado que “Madrid cumplirá siempre con la ley” al ser su “responsabilidad legal y moral”.

La Policía y Fiscalía podrán actuar

El Real Decreto abordado esta mañana en una Conferencia a la que solo han acudido presencialmente las consejerías de Madrid, Canarias, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, desarrolla la reforma de la Ley de Extranjería que permite el reparto de menores migrantes en caso de crisis humanitaria. Entre sus puntos más importantes está la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía frente a la posibilidad de que haya comunidades autónomas que se nieguen a cumplir los protocolos. Esto es, que decidan no recoger o entorpecer la recogida de los menores trasladados hasta su territorio.

El documento recoge que, si esto sucediera, los profesionales que acompañan al menor migrante podrán avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes deberán alertar de lo sucedido al Ministerio Fiscal. Asimismo, entregarán al menor “a la Entidad pública de protección de menores de la comunidad autónoma de destino”, según reza el documento. Canarias ha pedido que los chavales sean acompañados por la Policía para evitar situaciones que puedan vulnerar los derechos de los menores durante sus traslados, en caso de que las autoridades de destino rechazasen recibirles.

El trabajo de las delegaciones del Gobierno

Por otra parte, este Real Decreto también menciona la labor que deberán realizar las Delegaciones del Gobierno de cada territorio ante los problemas de documentación que presentan la casi totalidad de los menores actualmente tutelados en Canarias. Según la norma, serán estos entes los que tendrán que conceder los permisos de residencia a los menores migrantes de manera previa a su traslado a otra región, y el subdelegado del Gobierno en cada provincia el responsable de abrir y tramitar los expedientes.

El Ministerio establece que la distribución de los menores comenzará por aquellas “comunidades o ciudades autónomas a las que corresponda un mayor porcentaje de traslados, garantizando en todo caso una distribución equilibrada entre todas las comunidades y ciudades autónomas”. Entre las que previsiblemente más migrantes acogerán está la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, desde el Ministerio afirman que no pueden aportar todavía una cifra concreta, ni de los traslados que tendrán lugar los próximos meses ni de los menores que lo experimentarán.

Plazo máximo de 15 días

El Real Decreto recoge en su introducción que el traslado a la comunidad o ciudad autónoma de destino tendrá que producirse en un plazo de 15 días naturales “a contar desde la inscripción de la persona afectada” en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, en referencia a aquellos migrantes que acaben de arribar a España. A esta inscripción se llegará después de que el órgano competente de la Administración General del Estado realice la propuesta de traslado tras escuchar a la comunidad o ciudad de destino y con conocimiento del Ministerio Fiscal, siempre “en garantía del interés superior del menor y de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico”, explicita la norma.

El tercer punto de la primera disposición adicional única del Real Decreto explica que, en el caso de aquellos menores migrantes que ya se encuentren en territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria, estas regiones tendrán que realizar todas las reubicaciones y traslados en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros. Sin embargo, el cumplimiento de los plazos dependerá de factores externos debido a lo garantista de la norma para con los menores. Por ejemplo, Canarias deberá tener la capacidad para tramitar cientos de expedientes en estos meses.

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