Jueces y fiscales impulsan su huelga contra las reformas del Gobierno con una concentración de togas ante el Supremo

Jueces y fiscales intensifican su pulso al Gobierno por las reformas judiciales. A la concentración convocada este sábado ante el Tribunal Supremo, donde se espera que muchos acudan ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, seguirán tres jornadas consecutivas de huelga a partir del 1 de julio. La convocatoria parte de las cinco asociaciones del centroderecha judicial, que ven una amenaza a los “principios básicos del Estado de Derecho” en los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Los promotores —entre los que no están las dos únicas asociaciones progresistas— han optado por mantener la huelga a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió esta semana por unanimidad que el ejercicio de este derecho por parte de los jueces carece de “soporte” legal. El órgano dio por no “anunciada” la convocatoria y rechazó establecer servicios mínimos, que serán determinados por el comité de huelga. No obstante, el CGPJ ya ha comunicado que no habrá sanciones para los huelguistas. El Ministerio de Justicia sí tiene previsto descontarles el salario, lo que no ha ocurrido en cuatro de las cinco movilizaciones que han tenido lugar durante la democracia.

En el centro de la polémica está el plan del Ejecutivo para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Justicia asegura que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea.

Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden, sin embargo, que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional”.

De hecho, la ley permite desde 1985 el acceso a la carrera por concurso de méritos a profesionales con más de diez años de experiencia, sin pasar una oposición. Es el llamado cuarto turno que el Ejecutivo también quiere potenciar. La ley prevé que deben suponer el 25% de la carrera, pero en la actualidad solo el 9,33% de los magistrados han accedido a la carrera por esta vía. Lo que hace la reforma es garantizar que sus convocatorias deberán ser “anuales y simultáneas” con las de la oposición libre, donde la previsión es de que se convoquen 1.440 plazas en los próximos tres años.

Jueces y fiscales consultados reconocen que el temor a que la estabilización de los sustitutos vaya a perjudicar sus intereses particulares a la hora de ocupar determinados destinos ha hecho que la movilización haya prendido especialmente entre los profesionales más jóvenes, los que acaban de estrenarse en la carrera o hace pocos años que aprobaron la oposición. De hecho, miembros de estas últimas promociones impulsaron un grupo de WhatsApp que ya aglutina a más de un millar de profesionales de diferentes generaciones y donde se hacía un llamamiento a la huelga que finalmente fue acogido por las asociaciones.

Ese grupo ha difundido un manifiesto plagado de tergiversaciones. Se afirma, por ejemplo, que el Gobierno “controlará la preparación de la oposición” por su propuesta para que los aspirantes tengan la posibilidad de acudir a un centro público. También figura que las reformas implican que las carreras “pasarán a estar politizadas de base”, sin ofrecer argumentos que sostengan una acusación de ese calado.

Dictamen escrito

Otros de los elementos más criticados es la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera. Las asociaciones convocantes defienden que el dictamen “supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”.

“El examen práctico se quitó en su momento con el argumento de que permitía elegir cierto perfil de candidatos. Además, la parte práctica ya existe en la Escuela Judicial. La reforma reduce el nivel de exigencia”, afirma el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que secunda el paro junto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que agrupan al 47% de la carrera judicial, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos. Recuerdan, además, que otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado también deben pasar exámenes escritos en sus oposiciones. Estos exámenes serán anonimizados y las pruebas orales se grabarán, lo que no ocurre ahora.

Las asociaciones, sin embargo, exigen la retirada de una reforma que ya ha pasado el primer trámite de su camino parlamentario con su toma en consideración en el pleno del Congreso, donde será tramitada por el procedimiento de urgencia. Y que incluye otras medidas como blindar por ley el sistema de becas en un contexto en el que el 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del CGPJ. El 64,52 % del total no había trabajado antes.

Las asociaciones también piden la retirada de la reforma del Estatuto de la Fiscalía “por suponer un grave retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sostienen que se da incluso pasos atrás, al “incrementar injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”. La reforma establece que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno y reduce las funciones del Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus compañeros, entre otras medidas.

Jueces y fiscales ya protagonizaron un ensayo de sus protestas el pasado 11 de junio, cuando se celebraron paros de diez minutos ante las sedes de juzgados y tribunales. Algunos acudieron vestidos con togas y, en determinados emplazamientos, ciudadanos que les apoyaban profirieron insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La concentración de este sábado ante el Supremo también está abierta a “la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una Justicia independiente y al servicio del interés general”. Pero sus promotores insisten en que debe quedar fuera “cualquier adscripción o reivindicación partidista”.