Limitar precios y acabar con los fondos buitre: un foro recopila recetas para poner fin a la crisis de vivienda en Madrid

La Comunidad de Madrid atraviesa una de las situaciones habitacionales más tensas de España, con alquileres inasumibles —especialmente para los más jóvenes— y una creciente concentración de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión. Así lo han denunciado los participantes en las jornadas “Crisis habitacional en la Comunidad de Madrid: los rostros del desahucio”, organizadas por UGT. “No tenemos un problema de escasez de vivienda, el problema es que está mal distribuido”, ha subrayado Álvaro Risquez, del Servicio de Estudios Confederal de UGT. Limitar los precios de la vivienda y frenar la actividad de los fondos buitre se perfilan como las principales propuestas defendidas por los ponentes.

En el primer bloque de la mañana, titulado “Análisis de la crisis habitacional en la Comunidad de Madrid”, Sonia Álvarez, secretaria de Igualdad de UGT Madrid y moderadora de la mesa, ha insistido en la urgencia de transformar el actual modelo: “Hay que apostar por un nuevo modelo de vivienda pública”, afirmaba, denunciando además que “la CAM se ha convertido en una de las regiones con más desahucios en España” y subrayando que “sobre todo, hay que bajar los precios”.

Desde Amnistía Internacional, Alberto Astarloa ha puesto el foco en las implicaciones en materia de derechos humanos que supone esta situación: “El derecho internacional de los derechos humanos está seriamente atacado”, ha advertido. Astarloa ha lamentado que “no hay una aplicación” efectiva del artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna, y ha recordado que la Carta Magna no lo recogió como un derecho fundamental.

La vivienda para el beneficio empresarial

Por su parte, Álvaro Risquez ha denunciado que “el caso de la vivienda en Madrid se ha convertido en un laboratorio neoliberal”, donde lejos de la inacción, “las intervenciones públicas favorecen los intereses del capital”. Según ha explicado, la vivienda se ha transformado en “un activo refugio en el que las empresas y fondos buitre ven oportunidades suculentas de obtener rentabilidad”.

Belén Guirao, portavoz de RUGE, la organización juvenil de UGT, ha centrado su intervención en las dificultades que esta crisis impone a los jóvenes: “Muchos jóvenes en Madrid tenemos que dedicar más de lo que ganamos al pago del alquiler”. A pesar de que la tasa de paro juvenil se sitúa actualmente en mínimos históricos, Guirao ha advertido que la combinación de altos precios de la vivienda, precariedad laboral y coste de vida sigue impidiendo la emancipación de los más jóvenes. “En 2025, que una persona joven encuentre piso es irrealista”, ha sentenciado.

Guirao ha criticado también la ineficacia del bono joven de alquiler, que apenas ha llegado al 0,8% de los jóvenes madrileños y que, lejos de resolver el problema, ha contribuido a encarecer los precios: “Se adoptó como una medida para facilitar la emancipación y ha resultado en una medida inflacionista”. Por ello, ha reclamado “eliminar la especulación y limitar el precio del alquiler”.

La excepción madrileña: inacción

Una de las denuncias compartidas por los participantes ha sido la singularidad de la Comunidad de Madrid en cuanto a la aplicación de herramientas legislativas diseñadas a nivel estatal, como el bono joven, que apenas se implementan en la región. “Incluso teniendo instrumentos, no se utilizan”, ha lamentado Risquez, quien además ha alertado sobre la posibilidad de una burbuja inmobiliaria en la comunidad.

En relación con el auge del alquiler turístico y de temporada, Risquez ha denunciado que “no está expuesto a una regulación de precios máximos” y que muchas de estas viviendas operan sin licencia turística en la Comunidad de Madrid. Además, ha recordado que “la mayoría son mujeres migrantes las que sostienen este negocio”, muchas veces en condiciones de precariedad.

Cañada Real: un caso extremo de vulneración de derechos

En el segundo bloque de la jornada, titulado “Consecuencias de la emergencia habitacional en la vida de las personas y sus familias”, María López, representante de la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real, ha denunciado la situación límite que desde hace años vive la Comunidad de Madrid, a raíz de los cortes de suministro eléctrico que afectan a miles de familias. López ha recordado que se tratan de “graves vulneraciones de derechos humanos” reconocidas por Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y el propio Estado español.

Según ha explicado, “es un corte de luz planeado y planificado”, una “acción e inacción” de las instituciones y de la empresa Naturgy, que “en 2020 instaló unos limitadores de energía que impiden que haya suministro en el sector 6 de Cañada Real y que haya un suministro muy limitado en el sector 5”. La situación, ha denunciado, constituye “la mayor vulneración de derechos en Europa” y representa “un caso de violencia institucional grave”. López ha apuntado además a que forma parte de “una estrategia de desalojo forzoso”, que ha coincidido con el desarrollo de nuevos PAUs (Programas de Actuación Urbanística) en los alrededores.

Durante su intervención, ha descrito cómo “niños y niñas están estudiando con velas” y “hablamos de niñas y niños a los que les da vergüenza ir al colegio oliendo a humo porque tienen que encender chimeneas para calentar sus casas”.

López ha denunciado que “el Estado español ha continuado con el desalojo forzoso de la población y la criminalización de la población”, mientras que a nivel autonómico y municipal tampoco se toman medidas para respetar los derechos del vecindado. Por ello, hace un llamamiento a la sociedad madrileña y al conjunto del país: “La causa de Cañada Real es una causa colectiva que va más allá de los vecinos y vecinas, es una causa que nos interpela a todos” y ha concluido apelando a la empatía colectiva: “Hagamos que la gente vea que la gente de Cañada Real son seres humanos con derechos”.