La exconsellera Pradas pide al Consejo General del Poder Judicial que suspenda a la jueza de la DANA y que sea sustituida

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha ampliado la queja contra la jueza instructora de la causa de la DANA que presentó el pasado 14 de mayo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El letrado de la investigada, Eduardo de Urbano, pide al órgano de gobierno de los jueces que suspenda a la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, y que un “sustituto legal” se encargue de la instrucción del procedimiento.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, asegura que la solicitud de la magistrada para que las numerosas acusaciones personadas se pronuncien sobre su agrupación en la causa, ha sido convertida por la instructora en un “juicio anticipado de culpabilidad” de la exconsellera, investigada en la causa junto con el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La defensa de Pradas recuerda que la jueza otorgó a las partes un plazo “desmesurado y sin parangón” de 15 días para que se pronunciaran. Y, además, en un auto del pasado 23 de junio, la instructora emplazó a las acusaciones particulares y populares a que, en tres días hábiles, manifestaran si existen “indicios de responsabilidad penal por los homicidios y las lesiones imprudentes” contra los dos investigados en el procedimiento.

Se trata, a juicio del letrado Eduardo de Urbano, de una decisión de la magistrada “incomprensible”, ante una petición de agrupación de acusaciones justificada por “razones fundadas” de agilidad procesal. La defensa considera que, para resolver la cuestión de la agrupación de las acusaciones, la magistrada ha optado por un trámite “superfluo y dañino para el derecho” de la presunción de inocencia de Salomé Pradas, tras haber vencido el “amplísimo plazo” concedido a las partes para que se posicionaran sobre la unificación de las partes, impulsada por el letrado de la exconsellera y apoyada por el fiscal.

Una “insólita ocurrencia”

El escrito destaca que “numerosas acusaciones” se han opuesto a la “insólita ocurrencia”. La defensa de Pradas sostiene que la magistrada ha convertido una “mera incidencia procesal” en un “juicio anticipado de culpabilidad” en una fase en la que quedan pendientes “numerosas” diligencias de instrucción.

La queja ante el CGPJ tilda de “gratuito hinchamiento” la decisión de la jueza, “con su inevitable réplica mediática”. El letrado de Pradas arremete contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra y la acusa de conducir la instrucción con un “inequitativo e inaceptable modo”.

Por otro lado, la ampliación de la queja también afirma que la jueza “se niega a satisfacer” la petición de la defensa de Pradas para que se corrigieran los errores que, a su juicio, contiene el acta de su declaración como investigada del pasado 11 de abril. La magistrada pidió a la defensa de Pradas que concretara qué partes consideraba que estaban incorrectamente transcritas.

En la ampliación de la queja ante el CGPJ, el letrado lamenta que la declaración de casi tres horas de Pradas “se despache en una apretada síntesis de diez folios” que no reseña las preguntas que se le hicieron, “muchas de cierta complejidad y extensión”. También asegura que el acta de la declaración impide “hacerse una cabal idea de lo realmente declarado” por Salomé Pradas.

Referencia a la ofensiva de Manos Limpias contra la jueza

El escrito también recuerda que “otra Parte” de la causa ha presentado una “denuncia” por un supuesto delito de prevaricación contra la magistrada. Se trata de Manos Limpias, entidad que fue expulsada del procedimiento por incompatibilidad entre su personación como acusación popular en el procedimiento y el ejercicio de la defensa del investigado Emilio Argüeso por parte del abogado José María Bueno Manzanares, que se había definido previamente como “jefe” de los servicios jurídicos del pseudosindicato.

Manos Limpias usó como prueba para su ofensiva contra la magistrada un recorte de prensa desmentido tanto por la Fiscalía como por una asociación de jueces, tal como informó este periódico. Además, el pseudosindicato que lidera Miguel Bernad registró una denuncia, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige una querella para poder enjuiciar una presunta responsabilidad penal contra jueces y magistrados.

La queja de Pradas concluye reiterando la solicitud de que “se suspenda” a la jueza instructora —“por razones de prudencia y ante la gravedad de los hechos”— y que sea reemplazada por su “sustituto legal”. “De no hacerse así, una eventual nulidad de lo actuado, pudiera tener gravísimas consecuencias”, concluye el escrito.